Mientras el país trata de recuperarse del impacto económico de la pandemia, con el agravante de la crisis originada por la invasión de Rusia sobre Ucrania, se requieren reformas coyunturales y estructurales para afrontar la nueva realidad e impulsar la competitividad del país.
Este fue uno de los mensajes planteados ayer por Irvin Halman, presidente del Centro Nacional de Competitividad (CNC), durante la toma de posesión de la junta directiva de la organización para el periodo 2022-2024.
Esas reformas incidirían en varios sectores de la economía y también en el propio funcionamiento del Estado.
El conflicto en el Este de Europa ha tenido como consecuencia directa un aumento en el precio de los combustibles y de la energía. Por eso, Halman apuntó a la necesidad de buscar sustitutos al petróleo y promover, por ejemplo, la movilidad eléctrica.
Las presiones inflacionarias elevan el precio de los alimentos y esto hace que sea más importante garantizar la seguridad alimentaria del país, como ya quedó demostrado durante la pandemia, algo a lo que se podría aspirar a través de una producción más eficiente.
En este sentido, Halman se refirió a que políticas que se implantaron “temporalmente” como el control de precios debían haber servido para, en un tiempo determinado, resolver las causas del problema de los precios. Sin embargo, “no hemos sido muy buenos” atendiendo el problema de raíz, comentó en una conversación con este diario.
Otras reformas deberían ir encaminadas a mejorar la productividad. Halman no ocultó su preocupación por el hecho de que durante tres años seguidos (2018, 2019 y 2020) se observaron cifras negativas del factor productividad en relación con su aporte al crecimiento del producto interno bruto (PIB).
“En especial, el componente de capital humano ha sufrido un debilitamiento causado por la baja escolaridad, la baja calidad de la educación y una inadecuada formación en competencias frente a las cambiantes demandas del mercado y mayor disponibilidad de aplicaciones digitales e infraestructura de telecomunicaciones”, señaló Halman en su discurso.
El CNC y la Fundación del Trabajo analizarán los factores que inciden en la productividad con el objetivo de definir un curso de acción. Una de las variables vinculadas a la productividad y a la competitividad es la calidad de la educación de los ciudadanos y su capacidad de innovar y emprender.
Por eso, para Halman, “incrementar el promedio de los años de escolaridad de la población incidirá directamente en el índice de competitividad”.
De acuerdo a los principales índices internacionales, el país venía perdiendo competitividad desde antes de la pandemia. Halman recordó que la competitividad es relativa y un país puede perder posiciones si se queda estancado mientras otros hacen reformas y mejoras.
Una medida que puede ayudar a Panamá en las próximas mediciones es el régimen de reorganización conciliada, un mecanismo para atender situaciones de insolvencia y que es ley desde 2021.
Por su parte, una reforma de carácter transversal y que sería favorable para la inversión nacional y extranjera es la desburocratización del Estado, a través de la simplificación y automatización de trámites.
De igual forma, la asignación de los presupuestos públicos, se debe enfocar hacia programas y proyectos que impulsen la productividad y dinamicen la economía, aspiración que contrasta con la realidad de los últimos años, en los que el gasto en operaciones ha ganado terreno a las inversiones.
Halman valoró positivamente la creación de un Instituto de Planificación para evaluar el rendimiento de los recursos y priorizar dónde se debe hacer la inversión.
Uno de los pilares de la competitividad es la institucionalidad de los países.
En ese sentido, Halman comentó que la aspiración es que existan instituciones fuertes orientadas a agregar valor social y “que se vean los resultados de cada dólar invertido”.
Además, las instituciones fuertes trascienden gobiernos para dar continuidad a los proyectos “porque no todo se puede lograr en un quinquenio”, planteó.
