La permanencia de Panamá en las listas discriminatorias puede perjudicar la captación de inversión extranjera directa para el país, ser un obstáculo para la operación de los negocios y mermar por tanto las posibilidades de crecimiento de la economía.
Esta es una de las conclusiones que se pueden extraer del Primer Congreso para Sujetos Obligados No Financieros, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
Luis Laguerre, contador público autorizado, dijo que el país depende de la inversión extranjera directa para lograr el desarrollo económico y que el hecho de permanecer en las listas a pesar de los esfuerzos realizados reduce el interés de las multinacionales de ver a Panamá un destino para la inversión.
Aunque en los últimos años el país ha sido capaz de atraer a compañías multinacionales, “no son pocas las ocasiones en que inversionistas institucionales tienen que dejar pasar oportunidades por razón de nuestra inclusión en listas de esta naturaleza”, sostuvo el contador. Y es que las ventajas competitivas de Panamá, como su ubicación geográfica o su conectividad se ven disminuidas por el daño reputacional.
Una de las empresas extranjeras con presencia en Panamá desde hace años es 3M. Maira Serrano, asesora legal senior de la multinacional, explicó que la compañía se rige por leyes anticorrupción foráneas de Estados Unidos e Inglaterra que buscan que no se produzcan actos de corrupción en la cadena de suministro de clientes y proveedores. “No importa si el negocio es muy grande y muy atractivo, si no es de la manera correcta, no se hace”, sostuvo.
Aunque la adaptación a los estándares internacionales cueste, de esa forma se seguirán atrayendo empresas y se crea una cultura de cero corrupción y un ambiente empresarial y financiero robusto con un antecedente reputacional fuerte. Eso es lo que motiva a las empresas a invertir en los países, sostuvo Serrano.
Por su parte, el abogado Gian Castillero explicó que la presencia de Panamá en listas es, en términos generales, una expresión de disconformidad y de que la forma de hacer negocio en el país no se ajusta a la expectativa que puedan tener estos organismos o países.
Las listas tienen un componente de presión, con el consecuente daño reputacional. Además, señaló que organismos o países pueden adoptar acciones concretas que afecten las relaciones con los territorios que están en listas, como puede ser limitaciones a la hora de conceder préstamos por parte de organismos multilaterales o un tratamiento fiscal distinto, medidas que en definitiva elevan los costos y disuaden la inversión.
La última inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) fue en junio de 2019. En esta ocasión no hubo ruptura de bancos corresponsales con las entidades de la plaza, algo que sí sucedió entre 2014 y 2016, otro periodo en el que el país estuvo en la lista.
Precisamente el hecho de que Panamá haya salido y entrado en las listas en un periodo corto de tiempo “ha minado la confianza en el país. Ha minado la confianza en el compromiso de su clase dirigente con el cumplimientos de los pactos globales”, dijo Mariano Federici, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina.
Dijo que en el país hay mucha gente comprometida para intentar lograr los desafíos y reconstruir la reputación y la confianza, pero también hay sectores que no tienen ese nivel de compromiso, que se han beneficiado de la opacidad y pretenden seguir coexistiendo sin comprometerse con los cambios y reformas que el mundo hoy espera del país.
Este mes se cumplirán dos años de permanencia de Panamá en la lista gris del GAFI. El principal motivo del último ingreso es la falta de efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Dani Kuzniecky, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, reconoció que Panamá se enfrenta a una crisis de credibilidad. “Las entidades que evalúan han sentido que nosotros no cumplimos con nuestra palabra y hemos perdido el elemento de la credibilidad”. Cuando esto sucede, “nos miran con un microscopio especial”, sostuvo.
Para salir de la lista gris, el país tiene que completar un plan de acción que fue pactado con el GAFI en junio de 2019 para resolver las deficiencias y cuyas fechas ya se han vencido.
Con la intención de asegurar la efectividad de las normas antiblanqueo, el Ejecutivo llevó en abril un proyecto de ley que propone modificaciones al Código Fiscal y a cinco normas vinculadas a la prevención de blanqueo de capitales y al intercambio de información fiscal.
El resultado de la próxima evaluación del GAFI se conocerá a finales de junio, al término de su segunda reunión plenaria del año. “Esperamos que hayamos logrado avances importantes de acuerdo a la evaluación de GAFI”, dijo.
Consultado acerca de si Panamá saldrá de la lista y cuándo podría suceder, Kuzniecky dijo que es posible, aunque no lo vislumbra en el corto plazo y adelantó que hay que tomar decisiones “muy duras”. Al final, sostuvo, va a ser una decisión de la República de Panamá porque se van a encontrar el sector privado, la Asamblea y el Ejecutivo. Cualquier decisión que tome supondrá un sacrificio pero, a su juicio, “el precio a pagar por permanecer en las listas va a ser cada vez peor”.
