El mercado de capitales en pleno mostró ayer su rechazo al proyecto de ley 413, que busca prorrogar de manera automática el pago de capital de los valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Se trata de una iniciativa legal que, como otras, busca aparentemente generar un alivio a las empresas y mitigar los efectos causados por la enfermedad Covid-19.
Pero todos los protagonistas de la industria advierten de los riesgos que conllevaría. En un comunicado conjunto, la Cámara Panameña del Mercado de Capitales, la Cámara de Emisores de Valores de Panamá, la Cámara Panameña de Administradores de Sociedades de Inversión y Fondos de Pensión y la Bolsa de Valores de Panamá, aseguran que “el proyecto de ley 413 tendrá efectos perjudiciales en la confianza de los inversionistas, ya que dispone una medida generalizada de aplazamiento de obligaciones de pago y erosiona la seguridad jurídica en nuestro mercado de capitales y en el país, dejando en estado de indefensión a los inversionistas”.
La iniciativa legal surge cuando ya la SMV había promulgado un acuerdo que permite a los emisores solicitar la modificación de los términos y condiciones de las emisiones en caso de atravesar dificultades. Esa propuesta de modificación, no obstante, debe ser autorizada por los inversionistas que confiaron sus ahorros a ese emisor, requisito que desaparecería si prospera el proyecto de ley. Por eso, Olga Cantillo, gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá, comentó que “el proyecto de ley desprotege en todo sentido a los inversionistas, porque no se les hace la consulta de si están de acuerdo o no con la prórroga”.
El mercado de Panamá está integrado al de El Salvador y hay varias emisiones listadas tanto en Panamá como en mercados internacionales.
Cantillo explicó que lo que internamente se consideraría una prórroga, sería interpretado automáticamente como un ‘default’ o impago internacionalmente, suponiendo un deterioro para la imagen del mercado de valores y desincentivando tanto la inversión extranjera como la local.
El mercado de renta fija en Panamá tiene unos $20,000 millones en circulación. De ese total, un 0.58% ha solicitado la modificación de los términos y condiciones de la emisión para aplazar los pagos.
A juicio de Cantillo, el dato revela que la inmensa mayoría de los emisores está haciendo frente a sus obligaciones y no habría necesidad de una medida generalizada.
Los representantes de la industria instan a la Asamblea Nacional a que “desista del proyecto de ley y permita que los participantes del mercado, incluyendo los emisores, se sirvan de las herramientas jurídicas existentes para hacerle frente a las secuelas de los controles y demás limitaciones impuestas por la pandemia”.
