Agenda antiabusos

En el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, la región de las Américas marca una puntuación media de 43/100.

De los 3 mejores de Latinoamérica, Uruguay ocupa la posición 21/180 con 71 puntos. Chile, la posición 25 con 67 puntos y Costa Rica la posición 42 con 57 puntos. Panamá ocupa la posición 111 con 35 puntos.

En la medición del mérito en el servicio civil, Costa Rica es segundo, Uruguay, tercero, Chile, cuarto. Panamá está entre los 3 últimos de los 16 países comparados. En independencia judicial, Uruguay es posición 20, Costa Rica es 30 y Chile 31. Panamá es 119 de 140 países comparados.

En índice sobre Estado de Derecho, Uruguay es 22, Costa Rica es 25 y Chile es 26. Panamá ocupa la posición 63. Chile, no obstante las envidiables posiciones antes señaladas, en respuesta a las fuertes protestas vividas por insatisfacción ciudadana, ha adoptado hace un año una ambiciosa y abarcadora denominada ‘Agenda Antiabusos”.

Consiste en proyectos de ley, pendientes de aprobación, que buscan elevar penas por colusión en bienes y servicios de primera necesidad, por uso de información privilegiada, por fraudes y alteración de documentos, aumentar el máximo de multas a imponer por parte de la Comisión para el Mercado Financiero y el plazo de prescripción en los delitos electorales.

Cuando se hace un análisis detallado de cada uno de los temas objeto de la agenda antiabusos en Chile, podemos observar que Panamá tiene formalmente cubiertos casi todos estos temas.

El problema panameño, reflejado en las evaluaciones internacionales, radica en su efectivo uso. Toda comparación superficial con otros países es usualmente imperfecta ya que ignora muchos detalles y el contexto adecuado. La comparación con nosotros mismos, puede ser más útil.

Una comparación de Panamá en el tiempo, que nos diga ¿cómo estábamos? y ¿cómo estamos? y ¿qué nos impide avanzar más rápido? es muy conveniente.

En términos generales hay tres áreas de preocupación: Captura del sistema por mafias. “Estas se enquistan en la administración pública para asegurarse de que la ley se aplica a todos, menos a los miembros de las mismas redes de corrupción”.

Aumento del capitalismo clientelar. “Es la espina dorsal del Estado clientelar. Su manifestación más evidente es un Estado de derecho débil y unas instituciones capturadas por los intereses de unos pocos”.

Transparencia mal entendida y mal practicada. Exceso de información no necesariamente relevante, exceso de datos. El objetivo es confundir.

Gente abrumada que no puede procesar la información con la que se le bombardea. Sucede lo que explica Magdalena Browne, decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo UAI: “Ante la saturación de estímulos, las estrategias de selectividad de los individuos se acrecientan y aumenta la probabilidad de que procesen la información a través de procesos cognitivos ligeros y heurísticos, lo que opera en contra de un mayor involucramiento y discernimiento”.

Dicho de otra forma, muchos asuntos importantes se tornan en relajo, parodias y memes.

¿Qué hacer? Se requieren ciudadanos más exigentes y menos tolerantes a la trampa.

El autor es abogado.