El gobierno, a través de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que preside el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, decidió renovar de forma automática el controvertido contrato de Panama Ports Company (PPC) por 25 años y acordó establecer pagos a través de un acuerdo que desconoce el país.
El Estado recurrió a un acuerdo en vez de modificar el contrato que tiene más de dos décadas de vigencia, el cual ha regido la relación que se tiene con la operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal. El proceso se ha dado bajo el cuestionamiento y la solicitud de distintos sectores para que se revisaran las condiciones contractuales o se convocara a una licitación donde hubiesen otros participantes, teniendo presente que los puertos son la segunda actividad más importante en el sector marítimo para el país, después del Canal de Panamá.
La AMP anunció el pasado miércoles que el Estado proyecta recibir más de $800 millones durante los próximos 25 años de concesión, además de un pago de $150 millones, entre dividendos y aportes por responsabilidad social en 2021. No hubo detalles de cómo se llegó a estas cifras y si hubo un análisis profundo que respaldara tal decisión.
La Prensa envió preguntas por correo electrónico a la AMP ayer y fueron contestadas casi al cierre de esta edición.
1. Los $130 millones que se pegarán en dividendos, ¿a qué años corresponden? ¿Es un adelanto?
Este monto comprende pagos de dividendos del periodo que está por finalizar y dividendos adelantados, según se detalla a continuación: $110 millones en dividendos del periodo por vencer (monto mayor a lo establecido, según las utilidades presentadas en los estados financieros auditados por empresas internacionales) y $20 millones en concepto de dividendos adelantados.
2. ¿Cómo se llegó a la definición de pagar al Estado $7 millones cada año, a partir de la entrada en vigencia del nuevo acuerdo?
En referencia a las utilidades reportadas, que fueron en promedio de $40 millones en los estados financieros, el 10% correspondía a $4 millones, por lo que el Estado, en virtud de las proyecciones del movimiento de contenedores, exige el aseguramiento de un mínimo de $7 millones por año del siguiente periodo de concesión.
3. ¿Cómo sería el desglose del estimado de $800 millones en los 25 años de concesión, que señala el comunicado de la AMP?
La proyección comprende el crecimiento de movimiento de contenedores que tiene en promedio un aumento del 1.5%, además de contemplar el aumento de esa tarifa del movimiento que no sobrepasa el 10% de la tarifa existente, según las adendas de las terminales de contenedores. Adicional al mínimo de los dividendos aumentados y que en proyección tiene un crecimiento del 8.9%, y se utilizó la mediana del mínimo y de este ultimo porcentaje.
4. ¿Desde cuándo no se revisa la tarifa por movimiento de contenedores? ¿Hay algún porcentaje establecido para este ajuste por cada periodo?
La última revisión y actualización de la tarifa por movimiento de contenedores de todas las instalaciones portuarias, se llevó acabo en el 2010 y tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013. Por lo que han pasado 2 periodos de vigencia de actualización de dicha tarifa en la cual no han sido revisadas ni modificadas. En las adendas a los contratos de concesión en donde se modifican dichas tarifas, acuerdan en su cláusula primera que la tarifa por movimiento de contenedores será revisada y ajustada cada 5 años, en base al índice de precios al consumidos publicado por la Contraloría General de la República, pero en ningún caso el aumento excederá del 10% de la tarifa por movimiento del periodo anterior.
5. ¿Cuánto es el compromiso de inversión para este periodo de concesión? ¿En qué área lo haría la empresa? Ya todo el espacio en esos terrenos está copado.
Según lo establecido en el Contrato Ley 5 de 1997 y el resultado de las auditorias llevadas a cabo por la Contraloría General de la República y AMP, la empresa invirtió inicialmente $50 millones de dólares y en la adenda 1, cláusula quinta, numeral 2.5, la empresa ejecutó una inversión de mil seiscientos millones de dólares para la duración de este contrato. Entendiéndose la duración de este contrato los primeros 25 años y su prórroga, según lo establece el contrato ley, cláusula segunda, numeral 2.9. De igual forma, se mantienen conversaciones con la empresa para que, en virtud de la demanda proyectada, se puedan realizar otros planes de expansión, ya que aún existen áreas disponibles para dichas expansiones.
7. Por favor, aclare qué es lo que PPC le dejara al Estado cuando se retire en 2047, ya que el contrato señala que todos los equipos le pertenecen, es decir, ahí solamente va a quedar el relleno de cemento.
El Estado recibirá los activos de obra civil marítima y sus mejoras de las instalaciones portuarias y edificaciones de los recintos portuarios de Balboa y Cristóbal.
