Con el exitoso tráfico marítimo en los cinco puertos de contenedores, un astillero y varias terminales de almacenamiento de combustible donde diariamente maniobran decenas de barcos para abastecerse, también existe riesgo de contaminación por derrame de hidrocarburos.
Sin embargo, desde hace cuatro años no hay una empresa contratada por el Estado que garantice este servicio de limpieza por derrame de combustibles en las aguas marítimas, y se desconoce si los equipos del Departamento de Prevención y Control de Contaminación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), tienen la capacidad para atender un derrame de alta dimensión.
En estos momentos la AMP se encarga de cobrar la tasa de prevención por contaminación a cada embarcación que toca un puerto panameño, y al mismo tiempo, la institución atiende la limpieza de los derrames que ocurran.
Cuando ocurrre una emergencia, esta se canaliza a través del Departamento de Prevención y Control de Contaminación, y si es muy grave se contrata a una empresa privada para que preste este servicio.
“Es la AMP la que atiende hasta cierta magnitud, y los derrames mas grandes a través de contrataciones excepcionales, con la Ley de Contrataciones Publicas”, informó la entidad tras ser consultada por este diario.
Las contrataciones excepcionales las permite la ley para casos de emergencias y la empresa establece un precio por el servicio sin que haya competencia con otros proveedores.
Hasta 2017, este servicio de limpieza por contaminación en las aguas marítimas lo prestaba la empresa Ocean Pollution Control (OPC), a través de un contrato que se adjudicó en 1997, con la entonces Autoridad Portuaria, hoy AMP.
En 2018, la administración de la AMP anunció una licitación por mejor valor para escoger a una empresa que se encargara de la limpieza, prevención y mitigación por derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas provenientes de buques, así como de instalaciones marítimas y terrestres dentro de las aguas jurisdiccionales de Panamá, sin embargo, este proceso de licitación fue cancelado.
Desde entonces, la AMP ha atendido las emergencias de derrame.
En el caso más reciente de contaminación por combustible en las playas de isla Taboga, personal de la AMP acudió al lugar para hacer los trabajos de limpieza pero también utilizó servicios de empresas que se dedican a esta actividad.
La AMP informó que prepara el pliego para convocar a una licitación, aunque hay representantes del sector como el exdirector de la institución, Jerry Salazar que consideran que dicha labor de limpieza la debe ejercer el Estado, a través de la AMP.
Concesión de terminal
OPC, la empresa que en 1997 obtuvo el contrato para limpieza de aguas marinas contaminadas por derrame y que venció hace cuatro años, ahora recibió una concesión de fondo y ribera de mar para operar una terminal marítima, en la provincia de Colón.
El contrato de concesión firmado el pasado 7 de julio de 2021 por el administrador de la AMP, Noriel Araúz y Gregorio Gerardo Chuljak, como representante legal de la empresa, establece que la OPC operará una terminal marítima para control de contaminación.
Se compromete a invertir $2 millones, adicional a la inversión que hizo en 2009 en un muelle, un edificio de oficinas, galera de depósitos, un patio de operaciones y habilitación para servicios públicos. Estas instalaciones quedaron abandonadas tras un desalojo a la fuerza que hizo el gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli, tras alegar que el relleno para la terminal marítima era ilegal.
Según el plan de inversión descrito, ahora la empresa debe reparar y reconstruir las estructuras existentes.
La concesión incluye 1.8 hectáreas de fondo de mar y 2 mil 837 metros cuadrados en áreas de ribera de mar y estructura existente, en el corregimiento de Barrio Norte, Colón. OPC pagará un canon fijo de 11 centésimos por metro cuadrado de área de fondo de mar y 14 centésimos por metro cuadrado de área de ribera de mar. En total, debe pagar al Estado mensualmente mil 589 dólares, con un incremento anual de 5% para un total de $630 mil 737, al final de la concesión o en 2041. El contrato es por 20 años renovable pero se establece que “no es obligación de la Autoridad otorgar la renovación del presente contrato, ni pactar en caso de renovación, las mismas condiciones”.
