La inversión en proyectos de infraestructura concentra buena parte del gasto de las administraciones públicas. Se trata, además, de un sector que ha sido identificado como uno de los principales focos de actos de corrupción.
En Panamá, los mayores escándalos de los últimos años han girado en torno a los casos de Odebrecht, FCC o Blue Apple, todos ligados a contratos de obra pública.
Además de las millonarias asignaciones por parte del Gobierno Central, la incipiente descentralización de las administraciones públicas está dotando a los municipios del país de más recursos para invertir en obras, lo que requiere de una mayor fiscalización por parte de la sociedad civil.
Con estas ideas de base surgió una iniciativa para ampliar los niveles de divulgación y fiscalización sobre los proyectos de obra pública.
Una resolución conjunta de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) obliga a las entidades públicas a revelar detalles sobre las etapas de planificación, licitación, ejecución y finalización de las obras.
La resolución DGPC-ANTAI-001-2019 fue publicada en Gaceta Oficial en junio del año pasado y concedía un plazo de adecuación de 6 meses para las entidades.
Los indicadores se deben publicar en el portal digital panamaenobras.gob.pa, creado y administrado por la DGCP.
En la resolución se aprobaron los “estándares para la publicación de la información de los proyectos de infraestructura pública”, siguiendo los estándares de Cost, Iniciativa de Transparencia en Infraestructura.
Desde 2016, Panamá es miembro de esta iniciativa internacional, que tiene su origen en Reino Unido, y que trata de involucrar al sector público, al privado y a la sociedad civil, con la intención de promover la transparencia en las obras públicas.
Las entidades que hagan proyectos de infraestructura deberán revelar detalles como el presupuesto, el contrato y los participantes en el acto público. Además, tendrán que designar un responsable del proyecto y divulgar sus datos de contacto. De la parte de planificación se deberá revelar el estudio de impacto ambiental y la fuente de financiamiento del proyecto, entre otras.
Durante la ejecución de la obra se actualizará el nivel de avance y se informará sobre los cambios, tanto en el diseño como en los costos del proyecto.
Cost hará sus propias investigaciones de algunos proyectos y levantará informes con los hallazgos.
Se tomarán algunos proyectos como muestra y un equipo independiente de ingenieros verificará la información publicada en la plataforma. Además, se desplazará a las obras para comprobar las calidades y si cumple con lo estipulado en el contrato. Cuando estos estudios se concluyan serán presentados a la ciudadanía. “No es fiscalizar a las instituciones, que es una labor de la Contraloría, sino hacer estudios para tener mejores infraestructuras y obtener un mayor valor del dinero”, afirmó Aída Martínez, gerente de Cost Panamá.
Cost elaborará un índice de transparencia de las instituciones, según el nivel de cumplimiento en la publicación de información.
“Hay alrededor de 60 instituciones que construyen, más todos los municipios. Vamos a estar verificando que están publicando”, dijo Martínez.
Un ambiente de mayor transparencia debería atraer a más empresas al país y favorecer la inversión extranjera. Martínez señaló que empresas de Reino Unido y Estados Unidos no participan en licitaciones de obra pública, “por todos los casos de corrupción que tenemos y por la falta de información”.
Por el momento, la resolución no contempla sanciones a las entidades que no suban la información, pero es algo que se está evaluando para el futuro. “No queremos que sea algo voluntario, sino obligatorio y con alguna repercusión si no lo cumplen”, apuntó.
El portal ya está en línea, y por el momento tiene detalles de cinco proyectos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), por una inversión total de $184 millones.
La Antai y la DCGP crearon, a través de la resolución, un grupo multisectorialque apoyará la ejecución de esta iniciativa.
El grupo está compuesto por representantes del sector privado, del público, organizaciones de la sociedad civil y observadores nacionales e internacionales.
Los detalles sobre el mandato de la resolución y el funcionamiento de la plataforma fueron compartidos en una serie de talleres celebrados esta semana.
Miembros de la Cámara Panameña de la Construcción dijeron avalar la iniciativa de mayor transparencia, pero solicitaron que se contemplen sanciones si la información publicada por las autoridades no es veraz y pertinente. Los empresarios mostraron preocupación porque la información no sea actualizada y la ciudadanía pueda tener la impresión de que un proyecto tiene un bajo nivel de avance cuando no sea así y culpe por esto al contratista.
Si esto sucede, advirtieron, esa empresa podría dejar de ser considerada para otros contratos por una percepción errónea provocada por la falta de actualización de los datos.
