Luego del veto parcial del Ejecutivo a la ley de pesca, y posterior corrección en la Asamblea Nacional, la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) espera la sanción del presidente Laurentino Cortizo para tener este documento antes de la próxima auditoría de la Unión Europea (UE), que podría ser en abril.
En diciembre de 2019, la UE sancionó a Panamá con una tarjeta amarilla como primer paso de un proceso, que el bloque europeo denomina identificación previa o advertencia al país para ser considerado no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Desde entonces, Panamá emprendió una serie de acciones que incluyen la aprobación de la ley de pesca como parte de los requisitos para retornar a la tarjeta verde de la UE y evitar la tarjeta roja, una penalización que inhabilitaría las exportaciones panameñas de mariscos al mercado europeo.
“Esto no sería entrar en una lista más, sería una prohibición comercial que representa $139 millones al año en mariscos que no se podrán exportar”, subrayó la administradora de la ARAP, Flor Torrijos.
Pero además, Estados Unidos también ha señalado que va a considerar las decisiones que tome la UE en esta materia, agregó Torrijos.
Monitoreo satelital
En la hoja de ruta que ha seguido Panamá para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada está la alianza con la oenegé Global Fishing Watch (GFW) para monitorear las embarcaciones.
Torrijos considera que se trata de un gran paso porque el monitoreo con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), de la institución que suma unas 300 embarcaciones, está siendo compartido en tiempo real con esta organización sin fines de lucro y de mucho prestigio, financiada por el actor Leonardo Dicaprio y la organización internacional Oceana.
“Con el apoyo de GFW tenemos otro equipo de expertos analistas para ver los riesgos asociados a la pesca ilegal, al blanqueo de pesca y crimen organizado, que es la pesca ilegal”, afirmó.
Se trata de una segunda revisión de expertos que vigilan la flota pesquera las 24 horas del día. “Es decir, la plataforma de la ARAP y la de GFW están enganchadas con lo cual Panamá está demostrando su nivel de transparencia”, agregó la administradora de la ARAP.
Igualmente Torrijos dijo que cuando se sorprende a alguna embarcación cometiendo una irregularidad se aplica la sanción correspondiente. Solo en 2020, la ARAP impuso multas por más de un millón de dólares a la flota internacional.
Largo camino
El proceso para salir de la tarjeta amarilla y regresar a la tarjeta verde tomaría por lo menos 28 meses, aunque hay países que han demorado hasta cuatro años, según la ARAP. Se prevé que Panamá tendría que esperar hasta finales de 2022 o principios de 2023 para cumplir con todo el proceso y conocer si ha superado las anomalías. Parte del trabajo que está pendiente, reconoce la ARAP, consiste en divulgar los beneficios de la ley, principalmente entre los pescadores.
Consultado sobre este proyecto de ley, el dirigente de los pescadores, Rigoberto Mera dijo que la revisión era necesaria, independientemente de la tarjeta amarilla de la UE, porque es una regulación que tiene más de 60 años sin ser modificada, pero reclamó una mayor comunicación del Ejecutivo con los trabajadores del mar. Alegó que parte del problema de la pesca ilegal ocurre más con la flota internacional y no con los pescadores artesanales. Igualmente indicó que con la ley se favorece el desarrollo de proyectos acuícolas, “lo cual no es malo sino quienes están detrás”.
