La planta térmica de Bahía Las Minas (BLM), que opera la empresa Celsia y en la cual el Estado es dueño del 49% de las acciones, está en proceso de disolución y cierre por problemas financieros que arrastra desde hace años.
Durante la sesión del Consejo de Gabinete del pasado 13 de abril, se aprobó la disolución y liquidación de la empresa que administra una planta de generación de energía en Colón. Pero para que esto se cumpla, se requiere una serie de pasos, como la aprobación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) como entidad reguladora del mercado eléctrico.
La disolución sería un paso requerido por la misma empresa, pero en la que interviene el Estado como accionista y, además, las entidades reguladoras del mercado eléctrico.
En la resolución de Gabinete se establece que, pese a las diversas capitalizaciones de los socios - incluyendo las inyecciones que ha hecho el Estado-, no se ha logrado obtener resultados financieros satisfactorios, lo que ha impedido atender compromisos operacionales y obligaciones financieras.
Con la decisión de disolución, sin embargo, no acaban los aportes que ha hecho el Estado.
Según lo aprobado por el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas dará un aporte adicional de $15.2 millones al pago de la deuda para que se cancelen los compromisos financieros que tiene BLM con el Banco General y el Banco Nacional.
En estos préstamos, el Estado había dado el aval, por lo que ahora se responsabiliza de los pagos. Celsia, por su parte, debe aportar $16.1 millones.
Este diario consultó a Celsia sobre el estatus de las operaciones de la planta, y se informó que “actualmente Bahía Las Minas está generando energía con sus turbinas de gas. Los accionistas están evaluando los pasos a seguir con la operación a carbón”.
Si se suman todos los desembolsos que ha hecho el Estado desde 2013, Panamá ha destinado $96.5 millones para capitalizar la operación deficitaria que por varios años ha mantenido esta empresa.
En este proceso, la empresa debe atender las deudas laborales, financieras (pendientes con bono habientes y bancos) y compromisos comerciales.
Se prevé que se procederá eventualmente a la liquidación y venta de bienes, entre ellos las fincas que ocupa BLM en Colón, las cuales el Estado tiene interés de recuperar y por las que entraría a una negociación, según una fuente conocedora de la operación.
El patrimonio contable a septiembre de 2020 de BLM era negativo, por un monto de $131 millones, como resultado de un déficit acumulado de $409 millones.
En 1998, cuando el Estado decidió privatizar las empresas eléctricas, recibió $91.7 millones por la cesión del 51% de las acciones y el control de la empresa.
Sin embargo, Panamá ha asumido una cifra mayor capitalizando la empresa. Además, tendrá que asumir su parte en lo que resulte de la liquidación de BLM.
Entre las empresas eléctricas en las cuales el Estado tiene acciones desde 1997, BLM es la única que no ha reportado dividendos.
La planta, ubicada en Colón, comenzó a operar en marzo de 2011, generando energía a base de carbón luego de una inversión de $165 millones en la construcción de la caldera y otros equipos que fueron reconvertidos, ya que antes se utilizaba bunker.
Desde febrero de 2020, a través de una nota enviada al Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Nacional de Energía señaló que “la participación de Bahía las Minas Corp. se ha visto afectada en el mercado eléctrico por diversas razones, ya que su operación está basada en combustibles fósiles”.
La compañía enfrenta varios factores en su contra: la tendencia global es la descarbonización de la matriz energética, los elevados costos de la planta dificultan el despacho de energía, y hasta el año pasado no tenía contratos con las distribuidoras y tampoco participación en el mercado eléctrico regional.
Desde sus inicios, la planta se enfrentó a varios tropiezos. El proyecto con carbón debía iniciar en 2010 y tuvo un retraso de más de un año que obligó a BLM a comprar energía más cara para poder cumplir con el contrato de suministro a la distribuidora Elektra Noreste (ENSA).
Fue un negocio en el que se embarcó el Estado y en el cual, según algunos analistas, fueron más los gastos que las ganancias. Desde un inicio se dijo que para reducir la contaminación ambiental, la planta tenía un filtro para captar las partículas emanadas de la chimenea donde se quemaba el carbón bajo en azufre, pero esta explicación nunca convenció a los que abogaban por producir energía más limpia.
De aprobarse la disolución y concretarse el cierre, el proceso tomaría aproximadamente dos años.
Se conoció que la ASEP abrió un proceso sancionador contra BLM y el Centro Nacional de Despacho por una serie de variaciones en la disponibilidad de la central de 120 megavatios.
La entidad reguladora ordenó recopilar la información para corroborar los hechos. Pese a que la planta no tiene contrato de generación, debe estar disponible por si la requiere el sistema. La ley considera la generación de energía como un servicio público que debe estar disponible.
