Juan Carlos Varela prometió que ningún usuario vería aumentos en su factura eléctrica después de que se había anunciado un alza promedio de 8.3% a partir del segundo semestre de 2018. El expresidente así lo hizo ante las presiones de la ciudadanía y el sector empresarial, pero el costo de esta subvención fue enorme para las arcas del Estado. Las deudas son millonarias con las distribuidoras de energía.
Cuando el Estado aplica un subsidio a la tarifa eléctrica, las distribuidoras compran a las generadoras la energía a precio de mercado. El Estado, posteriormente, reembolsa a las tres distribuidoras Edemet, Edechi y Ensa, la diferencia por los costos que se ha comprometido a asumir.
En este sentido, el Gobierno aplicó de manera “temporal” el subsidio a los clientes que consumían arriba de 300 kilovatios horas (Kwh) al mes, a partir del 1 de julio de 2018.
De esta forma se elevó el límite de la subvención, otorgando beneficios a quienes, incluso no lo necesitaban, tal como había hecho, en su momento, el exmandatario Ricardo Martinelli.
La primera etapa de aplicación de este beneficio, denominado FET adicional, rigió desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2018. Para hacerle frente a este compromiso se presupuestaron $60 millones, pero el monto real fue de $82 millones, según los reportes entregados al actual ministro de Economía, Héctor Alexander, durante el proceso de transición.
La revisión de la tarifa eléctrica se da cada cuatro años, y cada seis meses se realizan ajustes que dependen de los planes de inversión de las empresas que participan en el mercado.
Esta tarifa está determinada de la siguiente manera: el 70% es atribuida a la generación; a la distribución le corresponde el 25%, y a la transmisión el 5%.
Influyen en el establecimiento de las tarifa las inversiones que programan las empresas de distribución y transmisión. Además, se consideran los costos operativos y el precio del combustible.
Más dinero en subsidio
Después de haber aplicado el FET adicional hasta el 31 de diciembre de 2018, a la administración de Varela le tocaba asumir un nuevo ajuste tarifario, que correspondía al primer semestre de 2019.
En pleno periodo preelectoral, el exmandatario recurrió a la misma fórmula y siguió aplicando el denominado FET adicional.
Así, volvieron a quedar amparados por la subvención los clientes que consumían arriba de los 300 Kwh al mes, estando nuevamente en igualdad de condición con los usuarios que consumen por debajo de este umbral.
De acuerdo con información oficial, de enero a junio de 2019, el subsidio representó un gasto de $120 millones.
El alza es atribuida a la correspondiente revisión de tarifa, que se da cada cuatro años, y al impacto del contrato de los costos de generación de la planta de gas natural operada por Aes Colón, que reemplazó la generación hídrica que no se dio como en años anteriores.
De los $120 millones correspondientes al subsidio del primer semestre de 2019, existe necesidades presupuestarias por definir que ascienden a $82 millones.
El MEF, todavía bajo la administración de Eyda Varela de Chinchilla, rindió un informe en el proceso de transición en el que advirtió de este compromiso.
En este documento, el MEF tiró sus cartas respecto a cómo hacerle frente a la deuda. Por un lado, se recomendó la obtención de $14 millones a través de un traslado de partida, pero falta ubicar otros $17 millones en la vigencia fiscal de 2019.
Además, proponían pagar $51 millones en enero de 2020, con el presupuesto de ese año para cerrar la deuda.
El gobierno de Laurentino Cortizo ha dicho que pagará a los proveedores del Estado y también honrará el arrastre de los subsidios.
Se desconoce si acogerá las recomendaciones del pasado Gobierno o establecerá una estrategia propia.
Tampoco se sabe si aplicará la recomendación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que bajo el liderazgo de Roberto Meana, advirtió que el Estado tendría que aportar $47.6 millones para evitar que la tarifa aumentara a los clientes que facturan por encima de 300 KWh al mes.
Fluctuaciones de energía descalibran máquinas, afirma el SIP
Las fluctuaciones de energía en distintos puntos del país están afectando la actividad en las residencias, comercios e industrias. “Las fluctuaciones afectan en gran medida porque cada día las máquinas son más electrónicas”, afirma Roy Rivera, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).En particular, se afecta la cadena de frío en la producción de alimentos, uno de los sectores de la industria local con mayor desempeño en el país, añadió Rivera. El dirigente se refirió al tema ayer durante el anuncio del simposio industrial y de energía que organiza el SIP para el 21 de agosto próximo.Las interrupciones pueden estar relacionadas con la falta de inversiones de las empresas concesionarias Edemet, Edechi y Ensa.Cuando se diseñó el mercado eléctrico se estableció que la misma calidad del servicio de energía se debía prestar en cualquier punto del país.Sin embargo, hay puntos del interior del país donde ocurren interrupciones que demoran varias horas para su restablecimiento.En la ciudad capital, donde se concentra el mayor porcentaje de la población, también ocurren fluctuaciones constantes, pero se corrigen en un tiempo más corto, según representantes de la industria.
