La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primer debate el proyecto de ley 789, que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística y dicta otras disposiciones.
La norma derogaría la Ley 122 de 2019, que fue cuestionada y dividió a parte del sector privado por conceder un crédito fiscal por el 100% por las sumas invertidas en bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas para el desarrollo de proyectos fuera del distrito de Panamá.
El diputado Melchor Herrera, proponente del proyecto de ley 789, dijo que la iniciativa tiene como génesis las objeciones a la Ley 122 y que con este proyecto se reduce el crédito fiscal a un 60% del valor del proyecto (excluyendo el valor de la finca y la inversión en infraestructura del plan maestro) y a un 20% de la infraestructura.
El incentivo fiscal se otorgaría hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto es un año antes de lo establecido en la Ley 122, pero un año después de lo planteado originalmente en el proyecto de ley 789.
El texto aprobado ayer señala que “las personas naturales o jurídicas que, a la entrada en vigencia de esta ley, se encuentran en trámites ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para la emisión de los bonos o acciones y demás instrumentos financieros (ya sean emitidos por la empresa turística o por una sociedad de inversión inmobiliaria), se les reconocerá como crédito fiscal el 100% del valor total del proyecto declarado ante la Autoridad de Turismo de Panamá, excluyendo el valor de la finca y las deudas o inversiones que la empresa turística o sociedad de inversión haya realizado antes de la entrada en vigencia de la presente ley de conformidad con las normas vigentes al momento de su tramitación”. Este trámite, señala el texto, podrá iniciarse hasta el 30 de diciembre de 2022.
El diputado independiente Edison Broce mostró su disconformidad con el proyecto de ley y votó en contra en la comisión. Dijo que el hecho de estar discutiendo un proyecto de ley dos años después de haberse aprobado una norma refleja “falta de seguridad jurídica... Un país no puede estar haciendo leyes cada vez que se acuerda que se le quedó algo por fuera. El exceso de leyes también es un desincentivo a la inversión porque no representa estabilidad”.
El diputado independiente dijo que, pese a los ajustes, la norma se puede seguir prestando para abusos.
La Ley 122, que sería derogada si se termina aprobado este proyecto, es objeto de una demanda de inconstitucionalidad y el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, ya emitió opinión y considera que la norma es inconstitucional.
El diputado dijo que si se termina declarando inconstitucional, entonces “están haciendo un repuesto de esa ley, también a la medida”. Planteó la importancia del turismo para la economía del país, pero dijo que se requiere planificación y que en este caso lo que se muestra es “improvisación y trajes a la medida”.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, las emisiones registradas o en trámite en la Superintendencia del Mercado de Valores que harían uso de los incentivos fiscales que contempla la Ley 122 sumaban $497 millones.
