Los políticos de América Latina, una región que representa más de la mitad de los recursos de litio del mundo, pretenden aumentar el papel del Estado en una industria que es crucial para alejar al mundo de los combustibles fósiles.
En Argentina, las empresas estatales de energía están ingresando al negocio del litio mientras las autoridades hacen una apuesta por desarrollar industrias downstream.
En Chile, un importante candidato presidencial quiere hacer algo similar justo cuando la nación redacta una nueva Constitución que podría dar paso a normativas más estrictas para las mineras. En México, el Gobierno está estudiando la posibilidad de nacionalizar prospectos de litio.
Es cierto que nadie en el poder está hablando de expropiar activos en producción, y gran parte del discurso antinversionista en Chile proviene de grupos de oposición.
No obstante, al exacerbar las desigualdades y exponer las vulnerabilidades de la cadena de suministro, la pandemia está avivando un nacionalismo de recursos que podría conducir a condiciones menos favorables para los productores, justo cuando están buscando crecer para aprovechar el naciente auge de baterías de iones de litio.
“La confiabilidad de los recursos y el país es algo que las empresas de batería y autos miran”, dijo el analista de BTG Pactual César Pérez-Novoa. “Así que es un riesgo”.
La perforadora estatal de petróleo argentina YPF SA confirmó este mes que explorará en busca de litio y participará en la licitación para la producción de baterías a través de una nueva unidad, una estrategia similar a la que utilizó para su diversificación hacia la energía renovable.
El presidente Alberto Fernández está revitalizando otra empresa estatal de energía, Ieasa, después de que el Gobierno anterior intentara privatizar muchos de sus activos. Ieasa ha dicho que incorporará el litio en su estrategia comercial, sin dar más detalles.
Los países productores de litio han tenido poco éxito en agregar valor a sus industrias de productos básicos debido a la distancia a la que están de los centros de demanda y, a veces, el adverso entorno empresarial.
En el caso de Bolivia, los requisitos para invertir en downstream han sido una de las barreras para extraer litio de los yacimientos.
Argentina confía en contar con estrechos lazos con China, su acreedor de última instancia, para abrir la puerta al sueño de las plantas locales de baterías y vehículos eléctricos. Autoridades argentinas han estado en conversaciones con Gotion High-Tech Co. y Ganfeng Lithium Co.
Un proyecto de ley redactado el año pasado por legisladores argentinos del partido gobernante, Frente de Todos, que busca declarar al litio como un “recurso estratégico” está echando más leña al fuego.
En el principal proveedor de litio después de Australia, Chile, se espera que un proceso para reescribir la Constitución incluya un debate sobre cómo obtener más ganancias del sector, requisitos de licencia más estrictos y la clasificación del agua como un bien nacional para uso público.
No está claro si una nueva Constitución podría reformar los derechos de propiedad dado que el Estado ya es propietario de los minerales, dijo Renato Garín, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
