El jueves 24 de junio se llevó acabo el webinar “Beneficiarios finales: Una mirada transregional y transversal”, organizado, entre otros, por Global Financial Integrity y Financial Transparency Coalition. Agradezco a Julia Yansura por la invitación a asistir.
Fue un evento útil para entender los retos que conllevan los registros de beneficiarios finales. Participaron más de diez expositores de Colombia, Estados Unidos, Argentina, México, Costa Rica y del continente africano. Resalto las intervenciones de Colombia y Costa Rica, nuestros vecinos.
En el caso de Colombia, una de las expositoras fue Beatriz Elena Londoño, secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, autoridad de alto nivel, lo cual envía un mensaje del compromiso del país con el tema.
En el caso de Costa Rica, el expositor fue Román Chavarría, de la Unidad de Inteligencia Financiera, un técnico que explicó cómo funciona su registro. Se pueden destacar lecciones importantes. Hay que dotar la iniciativa del registro de los recursos necesarios. El registro en Costa Rica ha costado $7 millones. El proceso toma tiempo. Costa Rica inició en 2019 y a 2021 lleva el 92% del padrón de personas jurídicas.
La expositora de Estados Unidos fue Lakshimi Kumar. Explicó cómo la aprobación de la ley de 2021 en Estados Unidos fue un proceso intenso de 10 años de trabajo. Se enfrentaron numerosos obstáculos y se tuvieron que hacer concesiones. Los promotores de la ley están preparados para las batallas que saben les esperan en los tribunales. Grupos que se oponen van a demandar las nuevas normas.
Los expositores coinciden en que el registro de beneficiarios finales no es la panacea, pero que es una herramienta útil que puede ayudar en el combate contra el blanqueo y la corrupción.
Se reconoce que un problema fundamental es, y será, la veracidad de la información suministrada. Para ello se requiere el cruce de información y eventualmente la sanción ejemplar.
La mayoría de los expertos coincide que la evolución inevitable de los registros seguirá el siguiente camino: tener norma legal sobre registro de beneficiarios finales y luego poder medir la eficacia y eficiencia del registro, así como la facilidad para su acceso (por ejemplo, gratuidad vs. pago, datos abiertos vs. imágenes, privado vs. público). La combinación que se considera se convertirá en el estándar internacional será la de un registro gratuito, de datos abiertos y de acceso público.
Viendo el tema desde Panamá, recomendamos ver el estudio “Panamá: Registro de Beneficiarios Finales 2021”, preparado por Transparencia Internacional Panamá.
En Panamá estamos apenas en el primer punto formal, que es norma legal aprobada (Ley 129 de 2020), en vías ya de ser reformada (proyecto de ley 624 del 28-4-21), sin haber sido siquiera usada en 15 meses. La ley 129 no ha sido reglamentada y no se estima se tenga un registro operativo en este año. Cuando los estándares cambien, no se sabe cuándo, pero es algo que sucederá, tocará entonces a Panamá, como de costumbre, reaccionar y ajustarse a la carrera.
El autor es abogado
