La pandemia del nuevo coronavirus ha tenido un fuerte impacto en la generación de ingresos del Gobierno, provocando una caída hasta septiembre de $1,882.4 millones o 23.4% en todo el sector público no financiero, clasificación que incluye a las entidades del Gobierno Central, pero también a las instituciones descentralizadas, entre las que destaca la Caja de Seguro Social.
Esa caída de ingresos, provocada por la pérdida de actividad económica a consecuencia de las medidas de restricción de movilidad y cierre de empresas, fue solo parcialmente compensada con una contracción del gasto total de $332.6 millones o 3.1%.
Así, mientras los ingresos totales del sector público no financiero sumaron $6,164.2 millones entre enero y septiembre, los gastos totalizaron $10,378.2 millones, arrojando un déficit fiscal de $4,214 millones en el periodo, según consta en el balance fiscal preliminar del cierre del tercer trimestre, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El ajuste en el gasto se produjo en la parte de inversiones, con una contracción de $710.8 millones o 25.6%. Mientras tanto, el gasto corriente, el costo de mantener las operaciones del Estado, más los intereses generados por la deuda, aumentó en tiempos de pandemia.
Ese gasto corriente sumó $8,309.6 millones, cifra que supone un aumento de $378.2 millones o 4.8% más que en el mismo periodo del año anterior.
Esta ecuación de mayor gasto operativo y menores inversiones tiene un efecto en la economía.
“Si se paraliza un proyecto que está dando empleo a mucha gente, que pone la economía a reactivarse y genera un movimiento de capitales, estás limitando el efecto de ese proyecto en la economía nacional”, explicó el economista Olmedo Estrada, que reconoció que la irrupción de la pandemia obligó a hacer una reasignación de gastos y prioridades.
“Lo que no se ha podido hacer en nuestro país es la contención del gasto corriente”, sostuvo.
Cuando se analiza solo el balance del Gobierno Central, se observa una contención de 16.7% en concepto de bienes y servicios. Sin embargo, el gasto en servicios personales alcanzó $2,571 millones, un 9.4% más que en el periodo enero-septiembre de 2019.
Para el expresidente del Colegio de Economistas, “hay gastos improductivos que se pueden reducir”.
Se refirió, por ejemplo, a la necesaria revisión de algunos subsidios y exoneraciones y al elevado gasto en planilla estatal.

Aunque se trata de personas que están manteniendo el ingreso en medio de la pandemia, Estrada sostiene que “el Gobierno no es el que tiene que darle la solución de empleo a todos los panameños. Sería mejor poner en manos de la empresa privada proyectos que puedan generar empleos para esos panameños y que el gobierno empiece a hacer una reducción en la planilla, porque muchos sabemos que en algunos casos no juega un rol importante en la producción del país”.
Se espera que para el cierre del año, el déficit sea aún mayor. Los $4,214 millones registrados hasta septiembre equivalen al 6.93% del producto interno bruto (PIB) proyectado para el cierre del ejercicio, mientras que el Gobierno elevó el límite para este año hasta un rango entre 9% y 10.5% de PIB.
Aunque la reapertura de las actividades puede ayudar a mitigar la caída de ingresos, Estrada comentó que aún “son pocas las empresas que han reiniciado sus actividades, y las que lo hicieron no están recibiendo ingresos suficientes para cubrir los gastos y menos para cubrir pagos de impuestos”.
Así, en lo que resta del año será clave el nivel de apertura de las empresas, que irá de la mano de la evolución de la pandemia. Un nuevo cierre económico incidiría a la baja en la recaudación del Estado y elevaría el déficit fiscal.
Mientras caen los ingresos del Estado, la dinámica a la que ha acudido el Gobierno para seguir manteniendo su alto gasto operativo es acudir a más deuda.
Igual estrategia aplicará en 2021, tanto para hacer inversiones como para asumir los gastos de ese ejercicio fiscal, con el fin último, según el MEF, de darle liquidez a la economía.
Esta estrategia, sin embargo, no es sostenible a lo largo del tiempo, según lo reconoció el propio ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, cuando sustentó el presupuesto general del Estado para 2021 ante la Asamblea Nacional.