Este año será decisivo para la industria de la construcción y los obreros. Desde el pasado 7 de octubre, la Cámara Panameña de Construcción ( Capac) inició el proceso de negociación de la convención colectiva para fijar el nuevo salario a los trabajadores del sector a partir del 2022.
“Las negociaciones se han llevado en un clima de mutuo respeto, lo cual nos ha permitido avanzar en la mayoría de las cláusulas contenidas en el pliego de cargos, quedando pendientes por resolver estrictamente las cláusulas salariales”, dijo Jorge Lara, presidente saliente de la Capac, quien ayer entregó el liderazgo de la organización a Carlos Allen, en el acto de toma de posesión de la junta directiva para el periodo 2022.
Lara admitió que las cláusulas salariales representan temas tradicionalmente complejos y sensibles que demandan los mayores esfuerzos de los equipos negociadores y de la comprensión objetiva sobre las posiciones asumidas por ambos sectores.
“Sabemos que entramos en la etapa más difícil de la negociación, por lo cual este esfuerzo demanda del compromiso de todos, de la tolerancia y tenacidad de nuestros negociadores y del apoyo masivo e irrestricto de todos los miembros de la Cámara, teniendo como objetivo que la convención colectiva tenga como resultado final en materia económica y salarial, una condición que nos permita como industria sostener los puestos de trabajo existentes”, puntualizó.
El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) ya entregó su pliego de peticiones al Ministerio de Trabajo.
Esta propuesta ahora debe ser analiza en conjunto con las partes y las autoridades para fijar la convención colectiva que regirá de 2022 a 2025.
La convención colectiva se aplica a las empresas agremiadas a la CAPAC en la categoría de contratistas general y especializado, asimismo a los subcontratistas que realizan trabajos para esas empresas. E incluye a los trabajadores afiliados al sindicato.
Ayer, en su juramentación como presidente de la Capac, Alllen dijo a la membresía que para nadie es un secreto, los difíciles momentos que atraviesa la industria producto de la pandemia de la Covid-19, y que a pesar de los avances sanitarios alcanzados la crisis continúa y las dificultades apenas empiezan a resolverse.
El sector de la construcción estuvo paralizado desde el 24 de marzo de 2020 hasta el 2 de septiembre de 2020, debido a las medidas anunciadas por el Gobierno, entre ellas el decreto 506, expedido por el Ministerio de Salud, para controlar la propagación del coronavirus.
Esto generó costos que mes a mes se fueron acumulando, al tiempo que la actividad, una vez reabierta, no recuperó el ritmo que tenía previo a la pandemia, producto de la crisis económica que azota al país.
“Debemos mantener inalterable nuestro compromiso de apoyo a las medidas de bioseguridad que reclame cada momento de la crisis (...)”., precisó Allen.
Indicó que como “gremio independiente y marginal a los vaivenes políticos, expresaremos nuestra posición frente a los temas nacionales de mayor importancia, seremos críticos severos sobre aquellos temas que así lo merezcan, pero también colaboradores eficaces de la gestión gubernamental cuando nuestros aportes resulten de beneficio colectivo y respondan a los mejores intereses nacionales”.
