Mejorar la educación y la salud, atender el grave problema financiero que afronta la Caja de Seguro Social (CSS), propiciar la reactivación económica tras el descalabro sufrido en 2020, fortalecer la institucionalidad del país a través de reformas constitucionales y el “rescate de la justicia” fueron algunas de las reformas planteadas ayer por el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), José Ramón Icaza, en su discurso de toma de posesión.
En un acto que contó con la presencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo, Icaza tomó el relevo de Jean-Pierre Leignadier al frente del gremio empresarial.
El cambio de timón se produce en un momento clave para el país. Mientras se alberga la esperanza de que lo peor de la crisis sanitaria haya sido superado y la actividad económica remonte el vuelo tras una caída de magnitudes históricas, el gremio llamó la atención sobre la importancia de acometer reformas en sectores vitales para la calidad democrática y la sostenibilidad económica, de manera que los ciudadanos puedan aspirar a tener mejor calidad de vida y alcanzar mayores cotas de desarrollo.
Para que todo eso ocurra se deben asentar las bases institucionales del país. En ese sentido, Icaza abordó “la necesidad de un rescate del sistema de administración de justicia... Actualmente, los administrados nos sentimos burlados, pues ni impera la ley, ni hay certeza del castigo”, con el consiguiente daño reputacional que representa para el país y que sirve para mantener a Panamá en listas discriminatorias.
Icaza dijo que este año hay una oportunidad de renovación con el nombramiento de dos nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, pero también destacó que se requieren otros pasos profundos.
Recordó que en el periodo electoral se prometieron reformas constitucionales para “enderezar la senda oscura por la que transita la justicia panameña” y lamentó que “dicha promesa se perdió en la nebulosa de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo”. Enfatizó que el país reclama reformas constitucionales que cambien los tres órganos del Estado y se refirió, en concreto, a modificaciones en los requisitos y tiempos de designación de los magistrados de la Corte Suprema, el procurador general de la Nación y el procurador de la Administración, real independencia en el presupuesto del Órgano Judicial y del Ministerio Público; modificaciones a la función judicial del Órgano Legislativo, el método de escogencia y composición de la Asamblea Nacional, así como límites a la reelección de los diputados y limitaciones a los poderes del Ejecutivo.
Icaza destacó la educación como “factor crucial para el desarrollo del Panamá que queremos”. Se manifestó a favor del retorno voluntario a clases semipresenciales en aquellos centros que cumplan con las medidas de bioseguridad y que estén en sectores con baja tasa de contagios. Apuntó la necesidad de promover el acceso a internet antes de recordar que a pesar de los esfuerzos efectuados el año pasado, 9 mil estudiantes no lograron tener ningún grado de conectividad.
Mencionó que otra reforma impostergable tiene que ver con la CSS y su programa de pensiones, que sufre un problema financiero estructural que provocaría el fin de las reservas del programa de beneficio definido en los próximos años. “No hay mucho tiempo y la solución tiene que mejorar y reestructurar el sistema de beneficio definido, basado en corridas científicas y actuariales que garanticen su sostenibilidad financiera sin tocar las reservas de los más de 600,000 jóvenes que tienen asegurada su jubilación con el sistema mixto”, dijo Icaza, planteando una posición contraria a quienes abogan por integrar ambos subsistemas de pensiones.
En materia de reactivación económica, señaló que el modelo ya mostraba signos de desgaste, por lo que abogó por enfocar los esfuerzos hacia “aquellos sectores generadores de empleos decentes”.
Enumeró y planteó distintas propuestas para sectores como el agro, la industria, el comercio, el turismo y la logística. El desarrollo de estas actividades y la calidad de vida de los ciudadanos requieren, además, un funcionamiento adecuado de servicios básicos como el agua, la energía eléctrica, saneamiento, recolección de desechos e infraestructura urbana.
Tras un año en el que el endeudamiento del país se ha disparado por la caída de ingresos y el aumento del gasto operativo, Icaza subrayó que “la austeridad en el gasto público acorde a los ingresos y la transparencia en el manejo de las finanzas tienen que pasar de la retórica a la práctica”.
Icaza fue antecedido en sus palabras por el presidente saliente, Jean-Pierre Leignadier, que hizo un balance de su gestión y también se refirió a la situación de las finanzas públicas. “Con preocupación hemos observado que parte de la estrategia de recuperación que sigue el Gobierno pasa por inyección de recursos vía endeudamiento”, sostuvo. El empresario recordó que en el primer trimestre del año el país sufrió rebajas en la calificación de riesgo.
La desmejora en la calificación de riesgo dificulta y encarece el acceso al crédito tanto al Gobierno como al sector privado. Por eso, señaló que “como Estado necesitamos de políticas económicas claras que permitan recuperar la senda de desarrollo del país”.
El presidente Laurentino Cortizo destacó la importancia de asegurar durante las distintas etapas de la reapertura un equilibrio entre los ejes de salud, economía y paz social. Un balance que, dijo, es esencial para el propósito de salvar vidas y evitar el colapso del sistema de salud. Reconoció que se tomaron medidas duras y apuntó a la estrategia de vacunación, para la que ya se ha autorizado la compra de 9 millones de dosis, como la mejor política pública para la reactivación económica.
