Concluida la fase de negociación entre el Gobierno y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, gremios empresariales del país solicitan que se respete lo acordado entre las partes para un nuevo contrato, y evitar que se introduzcan cambios durante el proceso de aprobación en otras instancias.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y la Cámara Minera de Panamá (Camipa), señalaron que es importante que se cumpla lo acordado, ya que esto envía el mensaje de que en el país se respeta el estado de derecho, factor clave para continuar atrayendo inversión extranjera.
De acuerdo con el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez, una vez se redacte el nuevo contrato, se debe realizar una consulta pública en las comunidades que son impactadas directamente por el proyecto minero, específicamente en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón.
Cumplido este paso el documento debe ser aprobado por el Consejo de Gabinete y por los diputados de la Asamblea Nacional. En este punto, Martínez indicó que los diputados solo pueden aprobar o rechazar el contrato, pero no pueden introducir modificaciones.
De ser aceptado por los diputados, proceso que debe ocurrir sin mayores contratiempos, ya que el Partido Revolucionario Democrático tiene mayoría en la Asamblea, el contrato debe ser refrendado por la Contraloría General de la República.
Producción. Estimación de crecimiento
360 mil
Toneladas es la proyección de producción de concentrado de la mina de cobre para 2022, superando las 331 mil de 2021.
$450
Millones invertiría First Quantum para aumentar la capacidad de producción de la mina en Donoso.
La Cciap y Camipa también solicitan que las autoridades sean transparentes en el uso que se le dará a los fondos que reciba el Estado por la extracción de cobre.
Actualmente, el 85% del 2% que paga Minera Panamá por las ventas brutas del mineral extraído de las montañas de Donoso es depositado en la cuenta general del Estado. El restante 15% es repartidos en partes iguales entre los distritos de Donoso y Omar Torrijos.
De los $59.8 millones que ha pagado Minera Panamá entre el último trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2021, $50.8 millones se ha depositado en el Tesoro Nacional, mientras que los distritos de Donoso y Omar Torrijos han recibido $4.4 millones, cada uno.
Otro punto que preocupa a los dos gremios es que las instituciones responsables de supervisar la actividad minera en el país cuenten con la capacidad para cumplir con su labor.
“Es sumamente importante fortalecer las instituciones fiscalizadoras de esta actividad con equipos técnicos y no políticos. Así como actualizar el marco jurídico que debe monitorear y regular el cumplimiento de los compromisos alcanzados”, puntualiza la Cciap.
En este sentido, Martínez dijo que dentro de los puntos negociados con Minera Panamá se acordó destinar los fondos que permita elevar la capacidad de supervisión de las entidades vinculadas directamente como el Ministerio de Ambiente, aduanas, migración, entre otros.
En la negociación de los puntos ambientales se estableció la instalación de una oficina permanente dentro del proyecto para cumplir con la función de fiscalización.
También se acordó que la empresa instalará un sistema con estaciones para monitoreo en tiempo real y con acceso directo al Ministerio de Ambiente para verificar la calidad del agua y del aire.
Gremios ambientales han indicado que los puntos acordados en materia de vigilancia ya estaban en el contrato de 1997 que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
“El gobierno anunció avances minúsculos en temas ambientales y laborales que en suma solo obligan a la empresa a cumplir compromisos previamente adquiridos o normas vigentes aplicables a todos los actores económicos del país”, denunció el movimiento ‘Panamá Vale Más Sin Minería’, que asegura agrupa a 35 organizaciones civiles.
Para la Camipa “es muy importante que la política minera del país, el marco legal y la institucionalidad del sector minero, sean modernizados bajo la visión de que el sector asuma y promueva las mejores prácticas y estándares; reduciendo sus riesgos y potenciando sus beneficios para aprovechar de manera eficiente, responsable e inclusiva las grandes reservas minerales que tiene Panamá”.
Falta de transparencia
Así como la Cciap ha elogiado lo actuado por el Gobierno en la negociación con Minera Panamá, el gremio empresarial criticó que no ocurrió lo mismo con la renovación del contrato con la empresa Panamá Ports Company (PPC) que administra las terminales de Balboa y Cristóbal.
La agrupación señala que nunca recibió respuestas a las cartas que se le envió al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz, donde se le solicitaba los detalles de los puntos acordados con la empresa portuaria.
“Las negociaciones y la decisión de extender el contrato de los puertos de Balboa y Cristóbal se dieron en medio de la opacidad, el Gobierno Nacional optó por el silencio”, indica la Cciap, y agrega que no hay nada que indique que se defendieron los intereses del país.
Al respecto, el titular del MICI ha señalado que el contralor avaló lo actuado por la empresa portuaria durante la vigencia del contrato con base a una auditoría que hizo y la Contraloría y que no se ha publicado al considerarla como información confidencial.
El primer periodo de 25 años del contrato de concesión entre el Estado y PPC venció el 21 de enero de 2022 y fue prorrogado por otros 25 años o hasta 2047.
