En 2011, cuando el país era administrado por Ricardo Martinelli y Tocumen, S. A. por Juan Carlos Pino, se convocó una contratación directa por invitación que culminó con la adjudicación de tres tiendas de chocolatería en el área de pasajeros de la terminal aérea de Tocumen.
En el contrato –a favor del consorcio Multimarcas- Grupo Wisa– se pactó que el aeropuerto recibiría el 44% sobre las ventas brutas de cada una de las tiendas, basado en una proyección de varios indicadores, entre ellos, el metraje otorgado.
Tocumen, S.A., por su lado, se comprometía a entregar los tres locales para las chocolaterías, pero solo concedió dos.
Para compensar al consorcio por esta falta, Pino –encargado de asignar los espacios– decidió de un plumazo que la concesionaria, en vez del 44% pactado en el contrato, pagara 6% de la venta bruta lograda en las tiendas.
De acuerdo con varias cartas intercambiadas entre Multimarcas-Grupo Wisa y Tocumen, S.A., entre 2011 y 2013, Pino tomó la decisión a solicitud de Abdul Waked, representante del consorcio.
Waked le había advertido que el pago del 44% en concepto de ventas brutas se fundamentó en la actividad de tres locales comerciales, por lo que no le parecía “justo” ni “correcto” que se exigiera el cobro pactado en el contrato hasta que Tocumen cumpliera con la entrega de todos los espacios acordados.
Cuerdas sueltas
Cuando Pino salió del aeropuerto, se revisaron todas las concesiones vigentes. Es entonces cuando, durante la gestión de Joseph Fidanque III –el reemplazo de Pino– se determina que el concesionario estaba en deuda con la terminal.
Una auditoría interna de 2015 estableció que la empresa no estaba eximida de pagar el 44% de sus ventas brutas en cada uno de sus locales operativos. Tras revisar las facturas de venta y los registros contables de Multimarcas- Grupo Wisa, se concluye que la empresa, hasta 2015, debía $3.4 millones.
El aeropuerto le solicitó a Multimarcas-Grupo Wisa el establecimiento de los pagos originalmente pactados, lo que ha aceptado la empresa, según información a la que tuvo acceso este diario.
Sin embargo, su deuda de $3.4 millones, que debe desde 2015, no ha sido saldada.
El aeropuerto, por su lado, no ha entregado la última de las tres tiendas de chocolates. El grupo comercial ahora solicita que el espacio adeudado (90 metros cuadrados) se le divida en tres tiendas (es decir, en tres locales de 30 metros cuadrados cada uno), a fin de ubicarlas en los principales sectores del área comercial de la terminal donde no se vende chocolate.
Para ello habría que buscar locaciones no comprometidas ni que interfieran con los planes operativos y de seguridad de la terminal.
Y la disputa está lejos de culminar. El grupo reclama el espacio que genuinamente le corresponde, pero con una variante, mientras que Tocumen pretende que el consorcio pague el dinero que no se le cobró en su momento.
Por otro lado, y desde que la administración de Tocumen detectó la deuda, la empresa estatal solicitó una auditoría forense a la Contraloría General de la República para que examine las bases de la contratación y los pagos efectuados por la concesión de venta de chocolates.
Hasta este momento, la Contraloría no ha dado señales de avanzar en esta tarea, al enfocarse en los casos que ya están en la esfera judicial, de acuerdo con lo que ha podido conocer este diario.
Cambio de moneda
Para la administración de Tocumen, el análisis del caso es una prioridad, porque está de por medio el pago de millones de dólares que se habrían dejado de percibir por la decisión de Pino, que aparentemente no pasó por el tamiz de su entonces junta directiva ni por la negociación de una adenda al contrato de concesión.
Para Waked, se trata de otro asalto en su pelea con Tocumen, S.A. Grupo Wisa reclama $40 millones por otro espacio que no fue entregado a tiempo en la concesión del duty free.
Tocumen, en tanto, calcula que el monto aproximado a pagar no serían $40 millones, sino $7.1 millones, los cuales se restarían de la deuda del consorcio, en el caso de las tiendas chocolateras ($3.4 millones), con lo que Waked solo obtendría la diferencia de $3.7 millones.
Aunque esta sería la visión de Tocumen, el caso aún está en pugna.
