Luego de realizar un segundo análisis, la comisión evaluadora del Ministerio de Obras Públicas (MOP) reconoció la carta de intención de financiamiento aportada por el consorcio Cinta Costera, en el cual participa la panameña Constructora Urbana, S.A. (CUSA) para la interconexión Cinta Costera 3-Calzada de Amador.
En el nuevo informe emitido ayer, se indica que “el pliego de cargos es claro en su señalamiento al solicitar una carta de intención de financiamiento y no un financiamiento aprobado, por lo que se procede a aceptar la carta de intención”.
El cumplimiento del requisito de capacidad financiera es uno de los cuestionamientos del otro consorcio competidor.
Meco y su socio Puentes y Calzadas Infraestructuras, SLU, que pelea por la adjudicación de este contrato, ha expresado que solo ellos cumplieron con el requisito de capacidad financiera, demostrando que contaba con la disponibilidad de financiamiento por el 100% del valor del proyecto, “y no es el consorcio a quien le fue adjudicado el acto”.
La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) tomó posición en la disputa que existe por dos obras licitadas por el MOP.
El gremio afirmó que las propuestas del Consorcio Vacamonte 2, integrado por las empresas CUSA y Toronto Global Holding Corp., representa un ahorro de $19.9 millones, incluyendo el financiamiento.
Se trata del proyecto de rehabilitación y ampliación de la carretera Autopista-Puerto Vacamonte, y el proyecto de la interconexión Cinta Costera 3- Calzada de Amador, que se licitan bajo la figura de “llave en mano”.
Capac señala que para ambos casos, CUSA y su socio tienen vasta experiencia, además de presentar las ofertas económicas más bajas de las admitidas por $99.5 millones para los dos proyectos.
El MOP adjudicó a CUSA el proyecto de Vacamonte, pero Meco impugnó. Según Capac, “la capacidad financiera del Consorcio liderado por CUSA para la ejecución de obras de este valor está ampliamente comprobada, por lo cual no existe razón para que el Estado panameño incurra en costos adicionales de $19 millones”.
Por su parte, Janeth Morhaim, abogada del consorcio de Meco, consultada por este diario sobre el segundo informe de la comisión, dijo que Consorcio Amador ratifica que es el único que acreditó tener el financiamiento aprobado como lo disponía el pliego de cargos.
Exhortó a que se revisen los documentos, y solicita formalmente se publique el formulario 4.2 - carta de referencia financiera, para “valorar el grado de violación al proceso al pretender forzar la adjudicación”. Advirtió que no solo se expone al Estado a reclamos nacionales e internacionales, por las convenciones de que es signataria Panamá, sino que se desmotiva la inversión extranjera, al no respetarse los principios básicos de seguridad jurídica.
