Los comercios que tienen impresoras fiscales tendrán que incorporar un dispositivo de transmisión al equipo para permitir la comunicación directa con la Dirección General de Ingresos (DGI). De esta forma, se enviarán reportes diariamente a la administración tributaria de la actividad del equipo, facilitando la labor de fiscalización de las autoridades.
El director general de Ingresos, Publio De Gracia, dijo ayer que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, firmó el decreto que establece la medida, y que el proceso de implementación se iniciará una vez se publique el decreto.
Las empresas tendrán un plazo de seis meses para adaptar los equipos y obtendrán un crédito fiscal por el gasto que efectúen.
Con la transmisión diaria de información, la DGI no tendrá que visitar los comercios para hacer las tareas de fiscalización. La recibirá automáticamente y podrá cruzarla con otros datos que maneja la institución.
Se pretende así reducir la evasión de impuestos por parte de los comercios y clientes. De Gracia anunció que también está por publicarse el decreto con el que inicia una nueva etapa del proyecto de factura electrónica. Culminado el programa piloto con un grupo limitado de compañías, en la nueva fase cualquier empresa podrá sumarse voluntariamente el programa, que pretende eliminar las facturas de papel, generando ahorros para los comercios.
Juan Carlos Williams, asesor del director de la DGI, dijo que unas 300 empresas han manifestado interés en incorporarse a la iniciativa.
En el plan piloto, dijo, la mayoría de las empresas tenían relaciones de negocio a negocio, generando un número limitado de facturas. En esta nueva fase se espera la incorporación de empresas con niveles más altos de facturación hacia clientes finales, lo que elevará el número de documentos y permitirá sacar más conclusiones sobre la efectividad de la herramienta para seguir avanzando a futuras etapas de implementación. Las autoridades deberán definir si la factura electrónica reemplaza a las impresoras fiscales o si conviven ambas.
Amnistía fiscal
De Gracia hizo ayer un balance de la amnistía fiscal que comenzó en octubre y que el 1 de febrero inicia su cuarta y última etapa. En virtud de la amnistía fiscal, los contribuyentes tienen la oportunidad de ponerse al día en el pago de impuestos morosos sin tener que pagar los intereses y recargos.
Aquellos que se acojan a la moratoria en febrero, el último mes de vigencia del beneficio, recibirán la condonación del 85% de los recargos e intereses. Como en otras ocasiones, De Gracia señaló que esta será la última moratoria en la actual administración gubernamental.
La DGI ha recibido $77.18 millones desde que inició la moratoria. De ese total, $13 millones no estuvieron acompañados por el formulario de acogimiento a la moratoria. De Gracia instó a los contribuyentes a hacer este trámite para recibir el beneficio de la exoneración en los intereses y recargos.
El total de contribuyentes que han aprovechado esta ventana es de 41,807, de los que el 88% lo han hecho por los canales digitales.
Además de los $77.18 millones recaudados, se han efectuado arreglos de pago por $25.9 millones. Con los arreglos de pago, el contribuyente desembolsa en un primer momento el 25% de su deuda y el resto se prorratea hasta el mes de junio de 2020.
De Gracia dijo que entre lo recaudado efectivamente y los arreglos de pago suman $103 millones, de manera que en el mes restante se podría alcanzar el objetivo mínimo de $150 millones para todo el periodo.
El director de Ingresos anunció además que en el mes de febrero se publicará la lista de contribuyentes morosos para que las personas sepan si deben impuestos o no.
