La empresa costarricense Meco se ha convertido en uno de los principales contratistas de la administración de Juan Carlos Varela.
Desde que asumió el poder este gobierno, la constructora se ha adjudicado sola o en consorcio con otras empresas importantes proyectos de infraestructura, cuyos procesos de licitación han estado marcados por la polémica y las disputas entre los aspirantes a los millonarios contratos.
El proyecto más reciente en el que participa la empresa costarricense es la ampliación a ocho carriles de la carretera Interamericana entre el puente de las Américas y Arraiján. El consorcio Loma Cová (formado por la constructora española Acciona con un 60% y Meco con un 40%) se hizo con la licitación a pesar de haber presentado la propuesta más elevada de las cuatro que concurrieron al acto: $335.6 millones.
La más baja fue presentada por el consorcio CSCEC-Conalvías, de $269.7 millones; le siguió Astaldi-MCM, con $322.6 millones; y FCC, con $335.2 millones. El precio estimado del acto público era de $325.8 millones.
Consorcio Loma Cová obtuvo el mayor puntaje total (87.6). Además de tomarse en cuenta la propuesta económica, se evaluó la parte técnica en la que obtuvo 53.7 puntos, la más alta entre los cuatro competidores.
Annette Planells, miembro del Movimiento Independiente (Movin), dijo que el problema radica en la Ley de Contrataciones Públicas y en el mecanismo de licitación por mejor valor con evaluación separada, que deja a discreción de la comisión evaluadora la puntuación técnica que se asigna.
Planteó que lo óptimo sería que la entidad elaborase el diseño de los proyectos y sobre este las empresas concursaran por precio. “Es inaceptable que después de casi tres años [de esta administración] todavía estemos trabajando con la misma ley de contrataciones”, reclamó.
Para el expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos Ulises Lay, cada gobierno tiene una empresa preferida y, en este caso, parece que es Meco. “En el caso del proyecto de la Interamericana entre el puente de las Américas y Burunga, había una diferencia de $65.9 millones entre la propuesta más baja y la más alta. Esto debieron verlo los responsables de la licitación”, sostuvo Lay.
Las tres empresas que perdieron el contrato presentaron acciones de reclamo. Ninguna fue admitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
FCC Construcción advirtió que uno de los intercambiadores planteados por el consorcio Loma Cová no cumple con las exigencias básicas de seguridad.
Consultada al respecto, la empresa Meco defendió que el diseño planteado sí se apega a las normas.
“El intercambiador número 4 consta de rampas de un solo carril y está previsto construirse con 8 metros de ancho. Como referencia, lo normal que vemos en los diferentes puentes en el país es que tienen alrededor de 5 metros de ancho.
El mencionado intercambiador es una rampa en franca curva hacia la izquierda, lo cual obliga a una sobreelevación lateral de aproximadamente 10.6%. Este desnivel lateral del tablero le permite al conductor tener mayor alcance visual por encima de la barrera, e identificando cualquier obstáculo en el carril, cumpliendo a cabalidad con lo solicitado por las normas internacionales de diseño”, señaló a este diario Fabio Barona, gerente comercial de Meco.
DENUNCIAN CONFLICTO
En la comisión evaluadora que otorgó la mayor puntuación al consorcio Loma Cová, se sentó una ingeniera que había trabajado en la constructora Meco. Se trata de Francia Cedeño, ingeniera geóloga, quien se desempeñó en Meco entre enero de 2010 y julio de 2014, según confirmó la propia empresa. Cedeño fue parte de esta comisión evaluadora y también de la que asignó la mayor puntuación a Meco por el contrato para la rehabilitación de la Transístmica entre Plaza Ágora y San Isidro, una obra que ganó la constructora por $87.6 millones.
En este proceso, uno de los contrincantes de Meco, la empresa española Sacyr, denunció en una acción de reclamo que había un “claro conflicto de interés” por parte de la ingeniera y solicitó a la Dirección de Contrataciones Públicas la anulación de informe de la comisión. Su reclamo no fue admitido, porque el acto ya se había adjudicado, de manera que la cuestión de fondo sobre el potencial conflicto de interés quedó sin análisis.
Meco comentó al respecto que es habitual que ingenieros trabajen en el sector privado y se trasladen al público y viceversa, “sin esto inhabilitan sus criterios éticos y profesionales”.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, señaló que “Cedeño ya había trabajado anteriormente en el ministerio y luego fue a la empresa privada y trabajó en Meco, como otros funcionarios que han trabajado con otros contratistas y viceversa”.
Tanto la empresa como el ministro aseguraron que la ingeniera ha integrado otras comisiones de evaluación que no han dado la mayor puntuación a Meco. “En el proyecto de Agua Fría-Yaviza en Darién, Francia era miembro del comité y Meco no ganó. Es una profesional con gran conocimiento en ingeniería. Ella no va a tomar una decisión sola. Están tratando de hacer una historia donde no la hay”, señaló Arosemena.
La Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas señala, en su artículo 45, que “tanto los asesores de las comisiones como los integrantes de estas deberán estar libres de conflictos de interés, reales o aparentes, con respecto a los proponentes”.
Para Planells, si una persona trabajó anteriormente en la empresa, “hay un obvio conflicto de interés y esa persona no debió haber sido considerada”.
No solamente el MOP ha contratado los servicios de Meco en esta administración, también lo ha hecho el Ministerio de la Presidencia para el proyecto del Instituto Técnico Superior Especializado (Itse), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y Tocumen, S.A. Algunas de estas licitaciones tampoco estuvieron exentas de polémicas. En el acto público del Itse de Tocumen, un primer informe de la comisión evaluadora asignó la mayor puntuación al consorcio CCA, integrado por constructoras chinas. El consorcio Itse (Meco y Edificar) presentó una acción de reclamo y la Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó realizar una nueva evaluación a la propuesta del consorcio chino. La comisión evaluadora publicó un nuevo informe en el que concedía la mayor puntuación al consorcio liderado por Meco.
No obstante, una acción de reclamo interpuesta por el consorcio chino derivó en la anulación total de los dos informes previos y en la orden de una nueva evaluación total de las propuestas.
El tercer análisis de la comisión volvió a favorecer al consorcio liderado por la empresa tica, una decisión que ya no cambiaría. La cartera de Meco sumaba un nuevo contrato de $180.8 millones.
