Los 25 años de la concesión del contrato firmado en 1997 entre Panamá Ports Company (PPC) y el Estado panameño para la operación y administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados estratégicamente en las entradas del Canal de Panamá se completan el próximo 21 de enero.
El acuerdo fue promulgado en la Gaceta Oficial No. 23208 del 21 de enero de 1997, fecha en la cual comenzó a regir el mismo, según establece una de sus cláusulas. Para que este contrato se extendiera por otros 25 años o hasta 2047, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) debe certificar el cumplimiento de todo lo pactado. Este es precisamente el punto que ha generado el rechazo de la opinión pública.
El 8 de enero de 2021, PPC, a través de su apoderado legal Jared Heath Zerbe hizo la solicitud de certificación a través de un memorial enviado a la institución.
La junta directiva de la AMP, bajo la presidencia del viceministro de la Presidencia Carlos García, autorizó mediante resolución del 23 de junio de 2021 al administrador Noriel Araúz para que diera respuesta a la solicitud de PPC de certificar el cumplimiento del contrato y en consecuencia la vigencia de la prórroga automática por un periodo adicional de 25 años.
Sin embargo, se desconoce si la AMP ha expedido la certificación a la empresa, ya que no se sabe de alguna resolución o carta al respecto.
Este diario solicitó desde la semana pasada a la AMP información sobre la respuesta a la compañía, pero hasta el cierre de la edición no había respondido.
Cambio de condiciones
Aunque el contralor Gerardo Solís alega que la empresa cumplió con el contrato, con base a una auditoría que no ha sido publicada porque la declaró información confidencial, varios sectores de la sociedad panameña no están de acuerdo porque aseguran que las condiciones del contrato original con PPC fueron cambiadas.
Todos los compromisos de inversión, pagos y demás establecidos en el contrato original se hicieron con base a la propuesta de la empresa de retribuir cada año al Estado un canon fijo y otro variable. El compromiso de la compañía fue el pago de $22.5 millones anual y un canon variable del 10% de los ingresos brutos, que representaban más de $500 millones en los 25 años. Sin embargo, estas dos cláusulas fueron eliminadas en 2002 por el Gobierno de la entonces presidenta Mireya Moscoso.
Desde entonces el Estado dejó de percibir ese pago al cual se había comprometido la empresa, incluso PPC no pagó los dividendos que le correspondían al Estado por el 10% de participación accionaria, durante los primeros 18 años. En 2015 abonó el primer millón de los dividendos. Posteriormente hizo otros pagos, y tras las conversaciones con representantes del Estado para ver la relación contractual, esta se comprometió a entregar los dividendos pendientes que superaban los $82 millones.
Necesidad de puerto
Para el analista y conocedor del sector logístico y portuario, Carlos Ernesto González De La Lastra, “el mundo marítimo y portuario ha cambiado en los últimos dos años”.
Asegura que ha crecido el negocio de trasbordo y ese crecimiento ha puesto en evidencia la necesidad de más puertos en el Pacífico.
Esta necesidad de otro puerto en el lado Pacífico también lo ha señalado recientemente el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Enrique Clement, debido a la demanda y congestionamiento que ha habido en los últimos meses.
De La Lastra analiza que la falta de otra oferta portuaria ha potenciado puertos ubicados en países limítrofes con Panamá.
“Antes del vencimiento del contrato, la Autoridad Marítima de Panamá debe dejar claramente establecido a PPC que no puede hacer ninguna campaña en contra del interés de la República de Panamá , si el país decide hacer un contrato portuario con otro operador portuario”, advirtió De La Lastra.
Esta noticia se modificó el 11 de enero a las 4:45 p.m. En el texto original se informó que el acuerdo de la AMP y PPC se publicó en Gaceta Oficial del 16 de enero de 1997; lo correcto es que se publicó en Gaceta Oficial del 21 de enero de 1997...
