Una advertencia de ilegalidad, presentada ante la Corte Suprema de Justicia, mantiene suspendida la licitación del convenio marco para el suministro de vehículos, buses, camiones y equipo pesado liviano para las instituciones estatales entre 2018 y 2020.
El convenio anterior venció el 31 de agosto de 2018 y se esperaba que para esa fecha estuviera vigente el nuevo, pero el recurso legal presentado por el ciudadano y abogado Aurelio Alí García contra el pliego de la licitación no ha permitido terminar el acto público.
En su reclamo, Alí García argumenta que el contenido del pliego de contrato marco limita la competencia al mercado extranjero y “la Dirección de Contrataciones Públicas como garante de la transparencia debe mantener la igualdad de oportunidades entre los competidores”.
Tras acoger el recurso, la entidad ordenó la suspensión del acto público que se había programado para el 13 de marzo pasado y ordenó remitir el informe de conducta y el expediente, dentro del término de dos días hábiles, a partir de la notificación de la resolución. Desde el 6 de marzo, cuando se admitió el reclamo, el proceso se mantiene suspendido.
El precio de referencia de esta licitación es de $35 millones, según el pliego publicado en la página web de Panamá Compra. Si alguna entidad del Estado está en proceso de adquirir vehículos debe utilizar el procedimiento de selección de contratista que corresponda, de conformidad con la Ley 22 del 27 de junio de 2006.
