La mesa conjunta entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), creada para “agilizar” los procesos de compras y ampliar la capacidad instalada de los hospitales que atienden pacientes con Covid-19, hizo una convocatoria en la que solo una empresa constructora presentó cotización.
Los trabajos implicarán una inversión millonaria, lo que debía suponer el interés de decenas de compañías en momentos en que la economía muestra tímidos pasos de recuperación y pocos proyectos de gran envergadura.
De hecho, varias empresas mostraron interés en las etapas iniciales del proceso, pero terminaron por hacerse a un lado y no presentar propuestas.
La obra en cuestión es la habilitación del Instituto Cardiológico y Hospitalización de Cardiología de la Ciudad de la Salud, ubicada en Clayton, corregimiento de Ancón.
El llamado, desde mediados del mes de octubre, se hizo para que los interesados presentaran cotizaciones, demostrando experiencia con un mínimo de cuatro obras de diseño y construcción de infraestructura hospitalaria en los últimos 10 años, con al menos una de ellas en la República de Panamá.
El contratista debía validar también su experiencia en la construcción de infraestructura hospitalaria de un mínimo de 150 camas en los últimos 10 años.
De acuerdo con información publicada en el portal PanamaCompra, desde el 15 de octubre se publicaron los términos de referencia y la invitación a cotizar.
El 17 y el 20 de octubre se realizaron visitas de campo en el área donde se desarrollarán las obras. Y el pasado 26 de octubre, la constructora RigaServices, S.A. presentó una cotización por $24 millones 269 mil, firmada por su representante legal Ricardo Gardellini Escobar.
Los trabajos implican obras civiles internas y externas, infraestructuras para aire acondicionado, sistema de gases y servicio de electricidad, de telecomunicaciones y de agua potable, entre otros.
Apenas se publicaron las referencias de la cotización, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) reaccionó. El 16 de octubre envió una carta al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y al director de la CSS, Enrique Lau.
La misiva, firmada por el presidente de la Capac, Jorge Lara, indicó que el gremio entiende la necesidad de habilitar instalaciones hospitalarias que faciliten la atención de los pacientes con Covid-19, así como también “la impostergable necesidad de concluir de una vez por todas la Ciudad Hospitalaria” y que deje de ser “un monumento al abandono y la desidia de distintos gobiernos”.
Sin embargo, respecto a los requisitos de experiencia que se establecen en la invitación a cotizar, advierten que el gremio ha manifestado su inconformidad sobre la práctica de incluir en los llamados de presentación de propuestas requisitos y alcances de obras ajenos a la realidad constructiva del país, lo cual limita la participación de empresas.
Por ello, solicitaron que en materia de experiencia se revisaran y modificaran los requisitos establecidos, específicamente los vinculados con la cantidad de obras que se exigen, ya que empresas con experiencia en la construcción de un solo pero gran hospital, quedarían fuera de la competencia.
Lara confirmó a este diario, el día de ayer, que ninguna de las dos entidades, el Minsa y la CSS, contestaron su carta y, en cambio, siguieron con el proceso sin modificar las condiciones.
RigaServices, como consta en los informes de Contrataciones Públicas, fue la única compañía constructora que presentó una oferta. Se trata de un contratista conocido en la CSS.
Según la información presentada por la compañía para documentar su experiencia, desde 2013 realiza obras para esta entidad, en Capira, Panamá Oeste; Tonosí, Los Santos; Guabito, Bocas, del Toro, y Divalá y Puerto Armuelles, Chiriquí. (Ver tabla: Detalle de experiencia).
Empresarios con intereses en la industria de la construcción alertan sobre el poco tiempo dado para preparar propuestas, considerando que se supo de la cotización el 15 de octubre y el 26 de ese mismo mes, se presentó una única cotización, “todo con el propósito de evitar la participación de varios interesados”, indicaron.
En el periodo de consultas de la licitación, los representantes de dos empresas mencionaron los requisitos de la experiencia como “restrictivos”.
Este diario intentó obtener la versión de la CSS con el propósito de que se explicara en qué se basaron para determinar las exigencias que hoy se cuestionan y los tiempos del proceso. Al cierre de esta edición, no se había obtenido respuesta a las preguntas enviadas.
En el proceso de convocatoria se aclaró que la invitación a “cotizar” no es un procedimiento de selección de contratista o acto público propiamente.
El fundamento legal de esta invitación se encuentra contenido en lo dispuesto en el artículo 79 del texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 (Ley de Contrataciones Públicas), ordenado por la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, que establece el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia.
Además, advierten de que no caben acciones de reclamo, puesto que no se trata de un acto público de selección de contratista, sino de una solicitud para presentar cotizaciones, aunque se sabe que luego de presentar cotizaciones, se firma un contrato.
