La crisis por la que atraviesa el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) no ha pasado inadvertida para las agencias de calificación de riesgo.
En sus últimos reportes sobre Panamá, las calificadoras se han referido al deterioro de las cuentas de la institución, especialmente del subsistema exclusivamente de beneficio definido, con el riesgo que esto representa para las finanzas públicas.
En su reporte más reciente sobre Panamá, la agencia S&P Global Ratings rebajó la calificación soberana del país de BBB+ a BBB, principalmente por la mayor carga de intereses de la deuda respecto a los ingresos del gobierno general, un factor que está limitando la flexibilidad en el gasto del gobierno.
Además, la agencia hizo referencia a la situación de la CSS, con una claridad meridiana: “Panamá enfrenta desafíos en el fortalecimiento de sus finanzas públicas. El problema más urgente es el deterioro de las finanzas de la CSS, agravado por la pandemia”.
El origen del problema
El pasado mes de octubre, la Junta Técnica Actuarial emitió un informe para la junta directiva de la CSS y el Ministerio de Economía y Finanzas, en el que vaticinó que a partir de 2025 se agotarían las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido si no se toman medidas.
En 2005 se crearon dos subsistemas de pensiones: el subsistema exclusivamente de beneficio definido, en el que se quedaron los mayores de 35 años de edad, y el subsistema mixto, en el que ingresaron los menores de 35 años y los nuevos cotizantes.
Así, con el tiempo, los gastos del subsistema de beneficio definido están presionados porque tienen que hacer frente a las pensiones y jubilaciones, pero no incorpora nuevos cotizantes que aporten ingresos.
La crisis, que era previsible y ha sido advertida durante años por miembros de la sociedad civil sin que los últimos gobiernos tomaran decisiones, se ha visto agravada por la pandemia del nuevo coronavirus, que ha mermado los ingresos del programa.
En el informe actuarial se plantean una serie de escenarios de cómo incidirían distintas acciones en la sostenibilidad del IVM. Si se quisiera sostener el programa solamente con aportes adicionales del Estado, sin incorporar otras reformas, el Gobierno tendría que hacer millonarios desembolsos. Por ejemplo, para que el subsistema llegue hasta 2040, el aporte anual adicional tendría que ser de $1,110 millones. El informe plantea otros escenarios, en los que se incorporan reformas paramétricas como cambios en la edad de jubilación, en la tasa de reemplazo, en la cuota obrero-patronal o en los años de cotización, así como aportes adicionales del Estado.
S&P Global Ratings no entra a valorar o a hacer recomendaciones sobre cuáles deben ser las soluciones, pero sí deja constancia de que es probable que cualquier reforma a la CSS incluya crecientes transferencias por parte del gobierno central.
Así, el Ejecutivo tendría mayor presión por el lado del gasto, mientras los ingresos son relativamente bajos cuando se miden como proporción del producto interno bruto y se comparan con países con un nivel de clasificación similar.
El eventual agotamiento de las reservas, limitaría la flexibilidad fiscal del Gobierno, de acuerdo a S&P.
Algunos economistas como Felipe Argote estiman que, de no tomarse medidas, el colapso del IVM se produciría en 2023, es decir, dos años antes de lo calculado por la Junta Técnica Actuarial. En ese escenario, Argote calcula que el hueco que tendría que cubrir el Gobierno para pagar las pensiones hasta 2032 sería de $15,000 millones, lo que ejercería una enorme presión sobre las finanzas públicas.
De igual forma, el economista Olmedo Estrada señaló que “la crisis del programa de IVM puede crear inestabilidad económica, además de una carga mayor de gasto para el gobierno central, una carga pesada para un presupuesto que ya de por sí está en déficit. Y eso repercutiría en toda la economía y, por ende, las calificadoras van a evaluar ese impacto”.
La agencia Moody’s Investors Service también se ha referido a la crisis del IVM recientemente.
El pasado mes de octubre, la calificadora mantuvo la nota de riesgo de Panamá en Baa1, pero cambió la perspectiva a negativa, es decir, que hay posibilidades de una eventual rebaja en la calificación.
El principal motivo de la acción que tomó la agencia fue el impacto del coronavirus en la economía y en las métricas de déficit y deuda.
No obstante, también dedicó varios comentarios a la situación de la CSS. Dijo que el balance de la entidad se ha deteriorado en la medida que el gasto ha subido, mientras los ingresos han caído.
Además, se refirió a los mayores costos operativos por el aumento del personal administrativo, sin dejar de mencionar que las reservas se podrían agotar en los próximos años si no se toman medidas.
La agencia había apuntado anteriormente que abordar las obligaciones contingentes del sistema de seguridad social habría sido un factor positivo para el riesgo crediticio, pero que los acontecimientos recientes han incrementado la urgencia de esta reforma, hasta el punto que la ausencia de medidas sería un factor negativo para el riesgo crediticio.
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, convocó ayer a un diálogo nacional en el que se abordará, entre otros asuntos, la crisis del IVM. El tema se discutirá de manera paralela al resto por su complejidad técnica. Comenzarán así las conversaciones sobre este trascendental tema para el futuro del país.
S&P, en su nota del pasado martes, señaló que dada la sensibilidad política de estos temas, el avance de las reformas dependerá de la cooperación entre varios grupos de interés y partidos políticos, y apuntó que “aún está por verse si la administración de Cortizo puede obtener el apoyo legislativo para aprobar en los dos próximos años reformas que pueden ser controvertidas”.
