Un grupo de expertos en el sector marítimo deploró la opacidad del actual gobierno para manejar la supuesta negociación con Panama Ports Company (PPC), filial de la multinacional Hutchison Ports Holding, y extenderle hasta el 2047 la concesión que recibió en 1997, para el desarrollo, administración y operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
“El hermetismo, como se ha llevado a cabo la supuesta negociación, ha creado fundadas dudas en la comunidad nacional sobre si los sagrados intereses del país han sido tomados en cuenta en el proceso”, concluyó el análisis en el cual participaron más de 30 especialistas que forman parte del grupo de reflexión (think tank) Trinka Panamá.
El contrato entre el Estado y PPC vence en enero de 2022 y pese a que distintas organizaciones y ciudadanos del país han pedido una revisión, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aprobó la resolución 14 del 23 de junio de 2021, en la cual se autoriza al administrador de la AMP, Noriel Araúz, a certificar la vigencia del contrato por otros 25 años. Esta resolución la firmó, como presidente de la junta directiva de la AMP, el viceministro de la Presidencia, Carlos García Molino, y el administrador Araúz, pero se desconoce quiénes fueron los otros directivos que estuvieron en las reuniones, porque los documentos y actas no se han publicado.
Entre los especialistas que analizaron en detalle el contrato de PPC están el exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano; el exsecretario de la AMP, Carlos Ernesto González de La Lastra; el consultor y exvicepresidente de planificación y desarrollo comercial del Canal de Panamá, Rodolfo Sabonge, el periodista Franklín Castrellón y el abogado Enrique de Obarrio, entre otros.
Tras una mesa de debate de tres días de duración sobre la extensión del contrato de concesión, los especialistas cuestionaron el hecho de que ningún miembro de la junta directiva de la AMP haya dado la cara para explicar su voto, y que hasta ahora esa agencia se ha negado a hacer públicas las actas de dichas sesiones.
“Una renovación de una concesión por un periodo adicional de 25 años no debe tomarse a la ligera y debe darse con todas las cartas sobre la mesa, ejerciendo absoluta transparencia”, señaló el grupo de Trinka, tras preguntarse: “¿Cómo es que antes de que la junta directiva aprobara el 23 de junio de 2021 la resolución autorizando al administrador de la AMP extender la concesión, ya Panama Ports había hecho pagos [al Estado] en mayo de 2021?”.
El análisis cubrió desde el proceso que dio lugar a la concesión en 1997 (el contrato ley 5 de 16 de enero de 1997) y la Resolución 14 de 13 de mayo de 2002 de equiparación portuaria, dictada en el gobierno de la entonces presidenta Mireya Moscoso, hasta la adenda 1 al contrato ley 5, aprobada en el año 2005 por el gobierno de Martín Torrijos, y las adendas 2 y 3, pactadas en 2010 y 2012, bajo el gobierno de Ricardo Martinelli. También se analizó el papel que debía desempeñar en el proceso la Ley 56 de 6 de agosto de 2008 o Ley General de Puertos.
El debate abordó las críticas de quienes alegan que el enfoque sobre las concesiones no debe limitarse a la concesión de PPC, cuando hay otros puertos cuyos contratos se han renovado sin argumentos en contra.
La explicación de los especialistas es que “PPC no solo se las ha ingeniado para evadir sus compromisos fiscales originales, sino que se ha dedicado a torpedear con procesos legales el desarrollo de otros puertos en el litoral Pacífico y hasta trató de frenar la ampliación de PSA, facilitada por la ACP”.
Este diario consultó al vocero de PPC, Rommel Troetsch, sobre las recomendaciones del grupo de expertos de Trinka, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Trinka propone que, dados “los incumplimientos y la relación desleal del actual concesionario con su socio y propietario del recurso [posición geográfica]”, la opción ideal sería abrir a propuestas la concesión o, como segunda opción, una renegociación con términos justos para Panamá.
