El pasado 3 de febrero, Fitch Ratings rebajó la calificación soberana de Panamá y la dejó en BBB- con perspectiva estable. Esto significa que el país quedó a un solo peldaño de perder el grado de inversión, un sello de buen pagador que permite a los emisores de deuda -en este caso la República de Panamá- obtener financiamiento con mejores condiciones.
Fitch revisa cada año sus calificaciones, así que antes del próximo 3 de febrero se debe conocer una decisión sobre la calificación de Panamá.
En una conversación con este diario, Carlos Morales, director de Soberanos para América Latina y analista líder de Panamá de la agencia, planteó cuales son los principales factores que pueden incidir en la calificación del país.
El principal riesgo, según el analista, radica en las cuentas fiscales.
En 2020, las métricas sufrieron un fuerte deterioro a consecuencia de la crisis económica causada por las restricciones impuestas por el Gobierno para controlar la pandemia del nuevo coronavirus, reflejada en una caída de 17.9% de la economía.
El déficit fiscal pasó de un 3.1% en 2019 a un 10.1% en 2020 y la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB) de un 46.4% a un 69.8%, un aumento de más de 23 puntos porcentuales.
Morales destacó que ya este año, al cierre del tercer trimestre, el déficit acumulado del sector público no financiero fue de 6.91%, cercano al rango entre 7% y 7.5% que marca la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para el ejercicio completo, aunque también puntualizó que es difícil predecir el déficit público del cierre del año porque los dividendos del Canal de Panamá se reciben en diciembre.
Para este año, la agencia espera que el Gobierno cumpla con el techo marcado en la ley, pero, en cualquier caso, “sí se ve un déficit alto comparado con otros años”, sostuvo.
Otro aspecto fundamental para la calificación, y que tiene estrecha relación con las cuentas fiscales, es el desempeño de la economía. Tras el desplome de 2020, Morales dijo que ven una recuperación en curso y esperan un crecimiento de 12% para este año. Ese repunte responde en parte al efecto rebote por la caída del año anterior y, de hecho, el tamaño de la economía de 2019 no se recuperaría hasta 2023, según las estimaciones de Fitch.
Aunque en el segundo trimestre de 2021 la economía creció un 40.4%, Morales dijo que este dato “tiene mucho ruido” porque se compara con el segundo trimestre de 2020, que sufrió una fuerte contracción por ser el periodo de mayores restricciones durante la pandemia.
Por eso, el analista señala que el dato del desempeño económico de tercer trimestre dará mayor información sobre cómo se está produciendo la recuperación.
En ese sentido, mencionó el rezago que existe en Panamá en la publicación de datos, algo que también han señalado analistas locales.
Así, la agencia proyecta que este año la economía crecerá un 12% y el déficit estará dentro del límite marcado por la ley.
“Si hay una sorpresa de mayor déficit y menor crecimiento, aumenta las presiones sobre la perspectiva negativa, pero en caso contrario, si vemos un aumento de la actividad y una consolidación fiscal más allá de lo que estamos considerando, podría incidir positivamente sobre la perspectiva y hacer mayor presión por la estabilización de la misma”, explicó.
La preocupación alrededor de las cuentas fiscales no solo se refiere al deterioro de los últimos años, paulatino antes de la pandemia y muy pronunciado en 2020.
Tiene que ver también con el futuro. Y es que Fitch duda de la capacidad del Gobierno de cumplir los límites de déficit que marca la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para los próximos años, lo que pasaría por un aumento de los ingresos y una contención de gastos.
Para 2022, la norma rebaja el límite de déficit a un 4% y este va cayendo paulatinamente hasta un 1.5% que debería mantenerse de 2025 en adelante (ver infografía).
En ese escenario, emerge otro riesgo del que está pendiente la calificadora: La crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja del Seguro Social.
El programa está en déficit y el eventual agotamiento de las reservas generará una gran presión para las cuentas públicas. Por eso, la agencia lo sigue de cerca y lo cataloga como un riesgo de mediano plazo.
Morales señaló que se esperaba que la propuesta de reforma llegara este año a la Asamblea, “pero hemos visto un retraso del diálogo en donde no se ha presentado una propuesta al Ejecutivo aún ahora que estamos acabando el año”.
Tampoco ayuda en las perspectivas de cumplimiento futuro de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal el débil historial de cumplimiento del pasado.
Morales anotó que “el problema que hemos visto en Panamá es una baja credibilidad de la implementación de política fiscal en los últimos años”. Y es que los gobiernos, en lugar de ajustar su nivel de gasto a los parámetros establecidos en la ley, optaron por modificar los límites.
Morales también se refirió a la acumulación de pagos pendientes por parte de la anterior administración, algo que, dijo, no se ve en este mandato pero que también forma parte de ese contexto de baja credibilidad.
El analista cree que habrá desafíos importantes para cumplir la regla fiscal y dada la facilidad que existe para modificarla, la norma no tiene la fortaleza que debería. “Otros países tienen regla fiscal y se cumple año con año. Eso no lo hemos visto en el caso de Panamá”, sostuvo.
