Uno de los principales compromisos adquiridos por Laurentino Cortizo durante la campaña presidencial fue el pago de cuentas arrastradas desde la pasada administración. El cálculo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es que hasta el 31 de diciembre de 2018 habían $1,253 millones en cuentas por pagar a distintos proveedores.
Una cantidad importante para desembolsar en momentos de una menor recaudación de ingresos, con un margen estrecho para cumplir con la meta de déficit fiscal establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y en un entorno de lento crecimiento económico.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, dijo el pasado miércoles que entre el déficit operativo del año 2019, las deudas con proveedores acumuladas hasta 2018 y las deudas con la Caja de Seguro Social, las cuentas que tenía que enfrentar la actual administración sumaban $4,920 millones, un 7% del producto interno bruto (PIB).
De ese total, los $1,253 millones acumulados en deudas hasta diciembre de 2018 equivalen al 1.8% del PIB. Como estas cuentas corresponden a vigencias anteriores, el funcionario dijo que se ajustarán los déficits fiscales de los ejercicios entre 2014 y 2018.
El ministro aseguró que “todos los déficit del pasado fueron afectados y subidos por la distribución de ese 1.8% del PIB” que se adeudaba.
Alexander dijo que, al igual que sucede en la empresa privada, “cuando uno habla de contabilidad y se encuentran ciertos errores o situaciones que se han presentado, hay varias maneras de hacer ajustes”.
De esta forma, el Gobierno podrá cumplir la promesa de reconocer los compromisos con proveedores, algunos de las cuales serán pagados con títulos de deuda del Estado, sin la necesidad de hacer recortes adicionales al gasto de este año, que ya fue ajustado a través de un programa de contención del gasto.
Además, el Gobierno había elevado de 2% al 3.5% el límite legal de déficit para este año.
Con un mayor espacio para el déficit fiscal, el gobierno tendrá más capacidad para inyectar fondos en la economía.
“Yo no me imagino si nosotros este año hubiéramos tenido que bajar el déficit al 2%... El tranque que le íbamos a dar a la gestión pública y a la economía iba a ser muy fuerte. No había manera de seguir bajando mucho más el déficit del 3.5%”, dijo el ministro.
Consultada sobre los ajustes de los déficits pasados para reconocer las deudas arrastradas, la exministra de Economía y Finanzas Eyda Varela de Chinchilla dijo que “nosotros asumimos en vigencias fiscales corrientes cuentas por pagar de gobiernos anteriores. Compromisos que se ofrecieron por gobiernos anteriores para hacerlos efectivos en la administración pasada, como aumentos salariales fuertes”.
Explicó, por ejemplo, que la primera línea del Metro de Panamá -construida durante la administración de Ricardo Martinelli- se financió para que los pagos iniciaran en 2015, nueve meses después de su inauguración.
Varela de Chinchilla aseguró que “el déficit fiscal que se habla fue heredado es totalmente falso. Considero que generar el caos mediático sobre las finanzas por un manejo político, puesto que existe una desaceleración económica no prevista de la manera que se está sintiendo, no le hace bien a Panamá”.
Por su parte, el economista Felipe Argote apuntó que las correcciones en el déficit pueden ser ajustes contables que no tendrían mayor repercusión desde el punto de vista de la calificación de riesgo del país.
Otras fuentes conocedoras de las finanzas públicas apuntaron que “si van a pagar alguna cuenta por pagar de dichos años, deben incluir dicho pago en el presupuesto corriente, toda vez que no pueden modificar los presupuestos de los años anteriores.
La Prensa consultó al MEF sobre este punto, pero señaló que los métodos de contabilidad los establece la Contraloría General de la República, de quien no se pudo obtener un comentario al cierre de esta edición.
