La recuperación de la actividad económica luego del fuerte impacto ocasionado por la pandemia del nuevo coronavirus y el desempeño fiscal de los próximos años serán dos factores clave que determinarán el devenir de la calificación de riesgo de Panamá.
Así lo mencionó a este diario Livia Honsel, directora para ratings soberanos y analista líder en S&P Global Ratings.
En la noche del pasado martes 24 de noviembre se conoció que la agencia había rebajado la calificación soberana de Panamá de BBB+ a BBB.
La calificación de riesgo es la opinión de la agencia sobre la capacidad de un emisor, en este caso Panamá como país, de hacer frente a sus obligaciones de deuda.
Cuanto más alta es la calificación, menor es el riesgo de impago que se le atribuye a ese país.
Calificación de riesgo de Panamá
BBB
Con perspectiva estable, es la calificación que asignó S&P Global Ratings a Panamá, tras rebajar un escalón desde el BBB+ asignado en abril de 2019.
BBB
Es la calificación de Fitch Ratings. La agencia no ha modificado la calificación este año, pero sí puso la perspectiva en negativa.
Baa1
Con perspectiva negativa, esta es la calificación de Moody’s Investors Service, un escalón por encima de las otras dos agencias.
S&P Global Ratings subió la calificación de Panamá en abril de 2019 a BBB+ como consecuencia del desempeño económico del país en los años anteriores y con expectativas de que la economía seguiría siendo dinámica a medio plazo.
No obstante, tanto S&P como las otras agencias venían advirtiendo en los últimos años del deterioro fiscal en las cuentas públicas, marcado por mayores déficits que elevaron el nivel de endeudamiento del país.
La llegada de la pandemia del nuevo coronavirus ha hecho más evidente este deterioro. Cuando la agencia explica los motivos de rebajar la calificación a Panamá, se refiere al aumento en el pago de intereses generados por la deuda, que para este año sería de $1,550 millones, cifra equivalente al 16.9% de los ingresos esperados para el gobierno general, clasificación que incluye a las entidades del gobierno central y la Caja de Seguros Social, y excluye a las empresa públicas, explicó Honsel.
En 2019, esa relación entre ingresos y gasto en intereses era de 10%.
La notable variación es consecuencia del mayor gasto en intereses como consecuencia del aumento de la deuda pública, pero también de una fuerte caída en los ingresos, que la agencia estima será de 25% al cierre del año, de unos $12,300 millones en 2019 a $9,200 millones.
La analista dijo que este es un indicador importante porque cuando la carga de intereses como proporción de los ingresos comienza a aumentar, “restringe mucho la flexibilidad de un gobierno, porque también tiene otras prioridades, más ahora con una pandemia. Que tu carga de intereses aumente significa menos recursos para otros fines. Es una restricción adicional”.
“ Cuando la carga de intereses como proporción de los ingresos comienza a aumentar, restringe mucho la flexibilidad de un gobierno, porque también tiene otras prioridades, más ahora con una pandemia”.
Livia Honsel, S&P
En su horizonte a tres años, la agencia espera que esa carga de intereses se vaya reduciendo para regresar en 2023 a un nivel inferior al 10%. “Si se da esto, podríamos volver a cambiar esta evaluación”, dijo.
Esta expectativa está basada en una recuperación de la economía y en la estabilización de los niveles relativos de deuda.
Para 2021, la agencia apunta a un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 7%, para situarse en un promedio de crecimiento de 5% en los años sucesivos.
El impulso de próximo año vendrá del aumento de la producción minera y del reinicio de proyectos de infraestructura, principalmente, aunque cualquier estimación depende del control de la pandemia.
Otro aspecto al que prestará atención de cerca la agencia es el desempeño fiscal. “Vimos un fuerte aumento del déficit fiscal en 2020 y esperamos que se vaya reduciendo hacia adelante. Estamos dando el beneficio de la duda, teniendo en cuenta que es un choque extraordinario”, dijo la analista, que también apuntó que estarán atentos a las medidas que se implementen para poco a poco ir ajustando las finanzas públicas, así como la capacidad del gobierno en conjunto con la Asamblea para avanzar en discusión de reformas estructurales como las ligadas al sistema de pensiones y a la mejora de los ingresos fiscales.
El Gobierno promovió una reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para elevar el límite de déficit fiscal de este año a un rango entre 9% y 10.5% del PIB, tope que se va a ir reduciendo paulatinamente a un rango entre 7% y 7.5% en 2021; a un 4% en 2022; a 3% en 2023; un 2% en 2024; y un 1.5% a partir de 2025.
Si se cumple la ruta de consolidación marcada en la ley, algo que no ha sucedido en el pasado ya que los gobiernos han modificado la norma para acomodarla a sus necesidades de gasto, el país ganará credibilidad en su política fiscal y el nivel de deuda como proporción del PIB se podría contener.
Reacciones
En el mercado local no ha sido una sorpresa la rebaja de la calificación. El economista Felipe Chapman dijo que “el reto a futuro es aumentar crecimiento económico e ingresos fiscales, reducir gastos del sector público, especialmente planilla, y adoptar una estrategia para retornar a niveles de endeudamiento más bajos que permitan mejorar la calificación de riesgo y los costos financieros”.
En los últimos años, el gasto en planilla y operaciones del Gobierno ha ganado espacio a las inversiones, tendencia que se mantendrá en 2021, según las cuentas aprobadas en el presupuesto general del Estado.
El financista Álvaro Naranjo señaló que “el grado de inversión es fundamental para nuestro país. Estar en el grupo de países con el grado de inversión nos permite tener mejor acceso a los mercados internacionales y a mejores tasas que los que no lo tienen. La calificación mínima para estar en grado de inversión es BBB-, por tanto estamos solo un escalafón por encima”, dijo.
