La falta de aplicación de las leyes y el estancamiento de casos de alto perfil en el sistema judicial reflejan la limitada eficacia del marco para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Esta es una de las conclusiones que figuran en un trabajo efectuado por estudiantes de la American University de Estados Unidos para la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos, que analizó la evolución de 10 países que han pasado por la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
La mitad de los países que figuran en el estudio aún permanecen en la lista (Pakistán, Panamá, Albania, Uganda y Camboya) y los otros cinco ya salieron (Sri Lanka, Bahamas, Serbia, Etiopía y Mongolia).
Uno de los objetivos del estudio era analizar si la inclusión en la lista gris había tenido impacto en las variables económicas de los países, como el producto interno bruto (PIB), el desempleo o la inversión extranjera directa.
En el caso de Panamá, señala que las inclusiones y retiradas del país de la lista no han tenido un impacto significativo en la economía.
Panamá salió de la lista gris en 2016, tras haber sido incluido en 2014. Poco después de salir de la lista estalló el escándalo vinculado al despacho de abogados Mossack Fonseca.
Según el análisis, este caso pudo haber motivado más a adoptar reformas al gobierno panameño que la propia inclusión en la lista gris, y también pudo haber contribuido a la última inclusión del país en la lista, que data de 2019 y aún está vigente.
Panamá regresó a la lista por la falta de eficacia del marco jurídico y esta sigue siendo una de las principales tareas pendientes.
El estudio señala que se ha progresado en el reporte de operaciones sospechosas, específicamente en el sector financiero, pero el avance es escaso en cuanto a la cantidad de procesamientos y condenas.
La corrupción figura como uno de los obstáculos que ha afectado a Camboya, Pakistán, Panamá, Uganda y Etiopía para implementar y hacer cumplir las reformas.
El reporte alude, por ejemplo, al lento avance en el sistema judicial de casos de alto perfil como los de Odebrecht y Blue Apple.
Acerca del caso Odebrecht, el abogado Carlos Barsallo llamó la atención, además, sobre el hecho de que en la lista de imputados en un caso de blanqueo de capitales no haya bancos ni ejecutivos bancarios.
Citado en el estudio de la universidad estadounidense, Barsallo califica los esfuerzos del gobierno para hacer frente al lavado de capitales como un escaparate o un brindis al sol.
El presidente del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional se refirió, por ejemplo, a que en 2019 se aprobó la ley para penalizar la defraudación fiscal y un año después las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero y de la Dirección General de Ingresos todavía consultaban a la Procuraduría General de la Administración si podían compartir información sobre evasión fiscal para combatir el lavado de dinero. Barsallo atribuye las dudas al hecho de que se aprueban leyes para cumplir con visitas o evaluaciones, pero no porque haya una verdadera intención de usarlas, dijo el abogado en una conversación con este diario.
Otro ejemplo similar tiene que ver con la aprobación el año pasado de una ley para crear un registro privado de beneficiarios finales, es decir, de las personas que verdaderamente controlan las sociedades.
La norma entró en vigor en marzo de 2020, pero a la fecha la base de datos no ha sido creada y ya el Gobierno ha propuesto cambios a la ley.
El estudio señala además que la efectividad del registro estará en cuestión por ser privado -en otras jurisdicciones se han aprobado registros públicos- y porque solo dos oficiales de la Superintendencia de Sujetos No Financieros podrán acceder a él.
Sobre la Superintendencia Barsallo también destacó debilidades en cuanto a la estructura institucional. Recordó, como también señaló recientemente el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, José Ramón Icaza, que la junta directiva de este organismo no se ha terminado de nombrar.
La creación de este ente busca fortalecer el marco institucional y la supervisión de una gran cantidad de empresas y profesionales que se agrupan en el llamado sector real o no financiero, pero su principal órgano de gobernanza no ha sido completado.
De igual forma, esta administración había adelantado su intención de separar la Unidad de Análisis Financiero del paraguas del Ministerio de la Presidencia para dotarla de más independencia, algo que no ha sucedido.
Tras la inclusión del país en la lista gris en 2019, el Gobierno acordó un plan de acción con el GAFI para cerrar las brechas del sistema.
En febrero de este año, el organismo señaló que los plazos de ese plan de acción habían vencido e instó a las autoridades a abordar las deficiencias existentes “tan pronto como sea posible”.
La próxima evaluación sobre el progreso de Panamá se conocerá a finales de junio, tras una nueva reunión plenaria del GAFI.
