El sector empresarial ha advertido sobre la posible crisis que puede generar la deuda por varios millones de dólares que está pendiente con las generadoras y distribuidoras de energía eléctrica a raíz de la moratoria aprobada el año pasado por el Gobierno, como una de las medidas adoptada por la pandemia.
Mediante la Ley 152 del 4 de mayo de 2020, el Gobierno declaró la moratoria o posposición del pago de la factura eléctrica de los clientes por cuatro meses, desde marzo hasta junio de 2020, aunque en algunos casos se extendió hasta julio.
Esta ley también fue extensiva al servicio de telefonía fija, telefonía móvil e internet, por la pandemia de la Covid-19 y el confinamiento prolongado que provocó la pérdida masiva de empleos y suspensión de contratos.
En un comunicado, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), que lleva la firma de su presidente Rodrigo Chanis, señala que “observa con mucha preocupación la situación que en este momento atraviesa el mercado eléctrico, por la moratoria aprobada por el Gobierno”.
Sobre este mismo tema se pronunció la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y hace un par de semanas lo hizo lo mismo la Asociación Nacional Panameña de Generadores Eléctricos (Anpag). En ese momento se hablaba de una deuda acumulada de los clientes con las distribuidoras de aproximadamente $350 millones tras la implementación de la moratoria. La SPIA señala que esta morosidad se ha venido incrementando, provocando que las distribuidoras no paguen el total de la factura a sus suplidores de energía y potencia, es decir, a las generadoras.
“Estas empresas generadoras han acumulado cuentas por cobrar a través de los meses, inconveniente que puede desencadenar en una crisis desde el momento en el que las mismas no puedan seguir cumpliendo el compromiso de ofrecer el servicio de energía eléctrica a las distribuidoras en todo el territorio nacional”, alertó la SPIA.
Esto obedece a que un 70% de la tarifa eléctrica corresponde a los costos de generación, es decir, las empresas distribuidoras deben pagar 7 de cada 10 dólares que recaudan a las empresas de generación.
Del 30% restante, un 20% corresponde a distribución y el 10% a costos de transmisión.
Con el fin de la moratoria, los clientes debían acercarse a las empresas distribuidoras para hacer arreglos de pago, pero según han señalado algunas fuentes del sector, estos acuerdos no se están honrando.
Por su lado, las empresas de distribución no pueden aplicar los cortes a los clientes, como lo establece la regulación, porque la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos emitió una resolución temporal en la cual suspende estas medidas para los clientes que tengan un consumo promedio trimestral menor de 400 kWh/mes, ponderado a 30 días calendario. En este rango se encuentra cerca del 75% de los clientes que atienden las empresas de distribución ENSA y Naturgy. Es decir que las distribuidoras no tienen forma de aplicar medidas para cobrar, más allá de hacer arreglos de pago. Igualmente la SPIA advierte sobre la posibilidad real de pérdida de capacidad de generación instalada por el cierre de algunas plantas térmicas que no cuentan con contratos de suministro.
“Sugerimos al gobierno (Etesa, ASEP y Secretaría Nacional de Energía), dadas las disposiciones normativas actuales del mercado eléctrico nacional, que tome en cuenta mantener un respaldo de volumen de potencia para un evento no esperado o de mantenimiento que afecte la red eléctrica nacional”, agregó el gremio de ingenieros y arquitectos.
