El saldo de la deuda pública superará este año el umbral del 40% del producto interno bruto (PIB), un objetivo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, hizo ayer una presentación sobre el estado de las finanzas públicas en el foro “Enfrentando la situación fiscal y el reto financiero de la seguridad social, perspectivas y alternativas”, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
El saldo de la deuda del sector público no financiero se aproximará a los $30,000 millones al cierre del año. En concreto, el MEF pronostica una deuda de $29,801 millones, cifra que superaría en $4,114 millones la registrada al cierre de 2018.
Si se compara con el tamaño de la economía, la deuda llegará al 40.7% del PIB. La Ley de Responsabilidad Social Fiscal establece como recomendación no superar el 40% del PIB, pero no se trata de un mandato legal.
La deuda se compara con el tamaño de la economía porque se entiende que cuanto más grande es el PIB, mayor es la capacidad del Gobierno de generar ingresos con los que se pagan los compromisos.
El economista y exministro de Planificación y Política Económica Guillermo Chapman señaló que los límites financieros de la deuda no solo se deben respetar porque lo diga la ley, sino porque garantizan la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Domingo Latorraca, ingeniero y exviceministro de Economía, sostuvo que en los últimos 20 años la relación entre la deuda pública y el tamaño de la economía se redujo. Y aunque en los últimos años se ha registrado un alza, “un 40% de deuda debería ser perfectamente manejable en un contexto económico de estabilidad y crecimiento”.
Este año, el aumento del déficit, y en consecuencia de la deuda, será notable. Alexander dijo que entre el déficit operativo del año y las deudas heredadas, encontraron un balance negativo que llegaría a $4,920 millones, un 7% del PIB.
En esa cifra se incluía una proyección de déficit operativo de unos $3,143 millones que posteriormente fue ajustado a $2,442 millones con la contención de 1% en el gasto. Además, se contemplaron deudas con proveedores al 31 de diciembre por $1,253 millones y cuentas pendientes con la Caja de Seguro Social, por $524 millones. En ambos casos, el Gobierno ha autorizado los procedimientos para saldar estos compromisos.
El déficit fiscal del sector público no financiero al cierre del año será 3.5% del PIB, unos $2,442 millones, que es el nuevo límite establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, modificada por la actual administración.
La situación que ha heredado la actual administración es consecuencia de dos periodos gubernamentales en los que el gasto público creció ostensiblemente.
En 2008, el gasto corriente del Gobierno fue de $3,201 millones, mientras que el año pasado el monto llegó a $7,895 millones.
Además, este año se está registrando una caída significativa en los ingresos. Hasta el mes de octubre, la recaudación es $1,529 millones inferior a lo que se había presupuestado, generando un mayor hueco en las finanzas públicas.
IVM, bomba de tiempo
Otro factor que pondrá presión sobre las finanzas públicas es la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), tema que también fue analizado en el foro de la Apede.
César Tribaldos, miembro de la Comisión de Entorno Macroeconómico y Finanzas de la Apede, señaló que se estima que en 2024 o 2025 se acabarán las reservas del sistema de beneficio definido, que nutre las pensiones a todas las personas que están jubiladas actualmente y las que se jubilarán en los próximos años. Si no se toman medidas para resolver la crisis, el Estado va a tener que generar entre $400 millones y $500 millones para pagar las pensiones, dijo Tribaldos.
El empresario instó a la CSS a hacer públicos los estados financieros para que se conozca la realidad financiera de la institución y se puedan tomar las medidas para mitigar una situación que podría derivar en una crisis social como la que están atravesando otros países de la región, advirtió.
Por su parte, el subdirector de la CSS, Francisco Bustamante, añadió que la actual administración está trabajando en un informe sobre la situación de las finanzas de la entidad.
