Aunque el proyecto de presupuesto de ley para el ejercicio fiscal 2022 contempla una reducción de déficit respecto al año anterior, el balance entre ingresos y gastos seguirá siendo negativo y el Gobierno tendrá que recurrir a endeudamiento para compensarlo, aumentando así el saldo de la deuda pública.
Así quedó plasmado durante la sustentación de las cuentas de 2022, que hizo el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
El titular de la cartera hizo énfasis en la reducción del déficit fiscal, que pasará de un nivel cercano al 10% del producto interno bruto (PIB) en 2020, a un cierre alrededor del 7% en 2021, mientras que se proyecta para 2022 un déficit de 4%. Esta es la senda de consolidación fiscal que prevé la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Aunque los desequilibrios no serán tan abultados como en los dos ejercicios anteriores, seguirá en niveles importantes y todavía superiores a los registros previos a la pandemia. Solo el próximo año, el déficit fiscal del sector público no financiero será de $2,480 millones, lo que inevitablemente se traducirá en mayor deuda.
Según las cifras que mostró Alexander, para el cierre de este año se superará por primera vez la barrera de los $40,000 millones, llegando a un total de $40,110 millones, mientras que para el próximo año se prevé que la deuda llegue a $42,656 millones.
Alexander destacó que el ritmo de endeudamiento del país será menor a los ejercicios previos. Cuando se mide en relación del tamaño de la economía, la deuda representará un 69% al cierre de 2022, por lo tanto se mantendría en un nivel similar al esperado para el cierre de 2021.
Esto sucede porque la deuda subirá, pero también se proyecta un crecimiento de la economía en 2022, en este caso de 6.4%.
Por lo tanto, la relación entre deuda y PIB se mantendrá en niveles elevados, luego de haber pasado de un 46% a cerca de un 70% entre 2019 y 2020. Ese fue uno de los motivos por los que las tres agencias de calificación de riesgo rebajaron la nota soberana en el último año y en el caso de Fitch la nota está al borde de perder el grado de inversión.
El diputado independiente Edison Broce preguntó al ministro Alexander qué se estaba haciendo para mantener esta categoría.
El titular del MEF dijo que en 2022 el peso de los gastos corrientes respecto de los ingresos será menor y que se generará ahorro corriente, es decir, que no se tendrá que recurrir a deuda para pagar gasto operativo, como sucedió en 2020 y 2021.
Ese ahorro corriente permitirá costear el 30% de las inversiones y el 70% restante se financiará con deuda. Alexander dijo que aspira a que los niveles de ahorro sean superiores, que no se pueden hacer cambios radicales de un año para otro, pero que la estrategia está enfocada en sostener el grado de inversión, calificación que han perdido países de la región durante la pandemia, recordó.
El presupuesto general del Estado para 2022 tiene una asignación total de $25,126 millones, cifra que representa un aumento de $881 millones o 3.6% si se compara con el presupuesto modificado de 2021.
Varios diputados cuestionaron que la mayor parte del presupuesto se destina a gasto de funcionamiento, es decir, para sufragar las operaciones del Estado, mientras que una porción menor irá a inversiones, necesarias para dinamizar el crecimiento económico. “Es un presupuesto para pagar planilla, subsidios y deuda”, dijo Broce.
En el caso de la planilla, el ministro se refirió a la presión que ejercen las leyes especiales, que obligan a aumentar anualmente los salarios de determinados grupos de funcionarios.
Solo en el presupuesto de 2022 hay previstos aumentos por $200 millones para cumplir con estos compromisos.
Otra obligación que crece es el servicio de la deuda. El pago de intereses se ha incrementado sustancialmente en los últimos años debido precisamente a la mayor contratación de deuda.
Para 2022 se prevé el pago de $2,057 millones en intereses de la deuda, cifra que supera por tanto los $1,834 millones previstos para este ejercicio.
Con la sustentación del presupuesto general del Estado se dio inicio al proceso de vistas presupuestarias, que llevará a la comisión a todas las entidades del Estado para presentar sus cuentas para el próximo ejercicio.