Tras cancelar la licitación del convenio marco para que el Estado adquiriera la flota vehicular entre 2017 y 2019, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) abrió el proceso para recibir de parte de los distribuidores de automóviles y autobuses la información relacionada con los modelos que están disponibles y su respectivo precio.
El primer acto estuvo paralizado luego que la DGCP aceptara el reclamo que interpuso el abogado Aurelio García, actuando en nombre propio, quien indicó que la licitación era ilegal al limitar la participación de las empresas nuevas.
Según el pliego de condiciones, en el acto solo podrían participar las compañías con 10 años de experiencia en el mercado panameño, lo que afectaba a empresas asiáticas que en los últimos 5 años se han instalado en el país.
Tras meses de paralización, el reclamo de García fue elevado a la Corte Suprema de Justicia, órgano que determinó que el pliego era válido.
Ante esta demora y con la aprobación de los cambios a la ley General de Contrataciones Públicas, la DGCP, tomó la decisión de cancelar el acto público.
Los distribuidores de autos, autobuses y camiones tienen hasta el 3 de julio para entregar la información solicitada por la DGCP.
En la primera licitación que tenía un precio de referencia de 35 millones de dólares, más de 15 distribuidores de equipos rodantes mostraron interés en el proceso.
La DGCP está solicitando datos de 56 modelos entre autos pequeños, buses y camiones para elaborar el convenio marco para los años de 2020 a 2022.
Con esta licitación se pretende seleccionar uno o más proponentes, con los cuales se firmará un contrato de productos o servicios de uso masivo y cotidiano para las instituciones del Estado, llamado convenio marco, y en el que se establecerán precios y condiciones determinados durante un período de tiempo definido.
