Este domingo 20 de marzo se cumplen dos años de la promulgación en Gaceta Oficial de la Ley 129 de 2020, “que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas”.
El registro es un sistema que tiene como objetivo facilitar el acceso a información sobre beneficiarios finales, es decir, para conocer quiénes son las personas que controlan una sociedad y que bien utilizada sería útil en investigaciones sobre corrupción, evasión fiscal o blanqueo de capitales.
Pese al tiempo transcurrido, la herramienta no ha visto la luz. La aprobación de la ley coincidió con la llegada de la pandemia y, en abril de 2021, el Gobierno propuso reformas a la ley en un proyecto que no fue aprobado hasta noviembre de ese año.
Recientemente, el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, dijo que con vistas al cara a cara con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que tendrá lugar en mayo, la idea es “presentar públicamente y formalmente la implementación, mediante un decreto ejecutivo, de la ley que establece el registro de beneficiarios finales”.
El abogado Carlos Barsallo dijo que luego de la reglamentación de la ley, aún queda trabajo por hacer, tanto en la creación de la plataforma tecnológica como en la carga de la información por parte de los agentes residentes. “Es un proceso que, según se ha visto en otros países, toma tiempo”, sostuvo el abogado, quien destacó además la importancia de que la información sea confiable, esté actualizada y que existan los mecanismos de verificación por parte de las autoridades.
Sobre el hecho de que dos años después de aprobada la ley, no exista aún el registro, Barsallo dijo que sería injusto no considerar la pandemia, pero también apuntó que no debe ser tomada como una excusa para no avanzar.
La próxima evaluación del GAFI sobre los avances de Panamá se conocerá en junio. En febrero, en la primera cita de este 2022, el organismo instó encarecidamente a Panamá a que avance en la ejecución del plan de acción pactado en junio de 2019, para abordar las deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales. Una de las tareas pendientes tiene que ver con asegurar información verificada y actualizada sobre los beneficiarios finales, así como el acceso oportuno de las autoridades, “estableciendo mecanismos efectivos para monitorear las actividades de entidades offshore”.
De manera paralela, el GAFI modificó la recomendación 24, que tiene que ver con los beneficiarios finales. La organización refuerza el estándar y requiere a los países que tengan un registro de beneficiarios finales o un mecanismo alternativo que sea eficiente.
Barsallo añadió que, con la existencia de la ley, se permite a Panamá estar en una mejor posición que otros países para cumplir esta recomendación, pero también dejó claro que la ley por sí misma no demuestra efectividad.
