El nuevo coronavirus ha puesto a la economía en recesión. Empresas y ciudadanos pasan por momentos de incertidumbre cuando ven que sus ingresos se esfumaron por completo o se han reducido a porcentajes no imaginados.
De allí, que algunos sectores como la banca, operadores de servicios públicos, y proveedores de empresas hayan flexibilizado sus procesos de cobro, otorgando periodos de gracia o arreglos de pago de forma voluntaria.
Las medidas fueron consideradas para dar un respiro a las presiones financieras que enfrenta cada quien a diferentes escalas.
Pero además de las correcciones que han hecho los mismo actores económicos, la Asamblea Nacional aprobó tres proyectos de ley que establecen moratoria en bancos, servicios públicos, escuelas y alquileres, algo que aunque podría tener una intención positiva, generaría implicaciones adversas para la recuperación de económica del país.
Felipe Chapman, economista y quien ha estado analizando los efectos de la pandemia, advierte de que hacer de obligatorio cumplimiento la suspensión de pagos a través de leyes agravaría el problema actual en el que se encuentra el país.
“Si yo no le pago al plomero, él no puede pagar a la abarrotería a la que le compró crédito. Se trata de una cadena que se afectaría hasta provocar más desempleo y el cierre de empresas”, dijo Chapman, entendiendo que cada persona o sector económico atraviesa por sus propias calamidades y en base a eso es que se deben fijar moratorias o arreglos de pago, tal como lo ha hecho el mercado de forma natural hasta ahora.
“Si me logran explicar cómo el hecho de hacer de obligatorio cumplimiento la suspensión de los pagos protege empleos, y provoca la permanencia de operaciones, me sumó al esfuerzo”, pero esto no es lo que indican los análisis que se han realizado, recalcó.
Las distintas moratorias promovidas por los diputados están repartidas en tres proyectos de ley, los tres aprobados en tercer debate por la Asamblea Nacional y a la espera de la sanción o el veto (total o parcial) del Órgano Ejecutivo.
Alcance de lo aprobado
El proyecto de ley 281 señala que el Ministerio de Educación “deberá establecer, junto con los colegios particulares y los padres de familia, la suspensión, reducción o el diferimiento del pago de los costos establecidos en los contratos educativos”.
El proyecto de ley 287 establece que quedan suspendidas, por el término de 90 días, las obligaciones sobre todos los préstamos hipotecarios, personales y comerciales, a jubilados y tarjetas de crédito otorgados por instituciones bancarias, cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas; sobre todos los préstamos comerciales, de transporte y prendarios.
Este proyecto también suspende en todo el país el cobro de los cánones por arrendamiento de oficinas, locales comerciales y habitacionales.
En la redacción final del proyecto se restringió de alguna forma el universo de potenciales beneficiarios de esta moratoria a “las personas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19” y se especificó que “las personas que durante la declaratoria de emergencia sanitaria continúan recibiendo un salario fijo o ingreso regular producto de su actividad comercial no podrán acogerse a la presente ley”.
No obstante, entre los beneficiarios de la suspensión de las obligaciones bancarias se encuentran los jubilados, quienes siguen percibiendo los ingresos correspondientes a su jubilación.
Por último, el proyecto de ley 295, suspende por cuatro meses el pago de la energía eléctrica, la telefonía fija y móvil e Internet.
Para ser beneficiario de la ley una persona debe cumplir cualquiera de las siguientes circunstancias: Que el ingreso familiar percibido sea menor de $2,000 mensuales; que el ingreso familiar haya sido reducido; que a la persona se le haya suspendido su contrato laboral; que la persona haya sido destituida o que no esté laborando por la declaración de urgencia nacional; que sean jubilados y pensionados.
Además, podrían suspender sus pagos de servicios públicos quienes hayan sufrido una reducción de la jornada laboral; los trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas, que hayan sido afectados en sus ingresos; y “los dueños de restaurantes, bares, casinos, así como de medios transporte de servicio público y privado, que hayan sido afectados en sus ingresos”.
Como en el caso de la ley que promueve la moratoria bancaria, el proyecto de ley 295 incluye a trabajadores y comerciantes afectados por la crisis, pero extiende el paraguas a jubilados y pensionados y a aquéllas familias con un ingreso inferior a $2,000, sin precisar si se requeriría una merma en sus ingresos.
Así, la eventual aprobación de estos tres proyectos generaría amplias moratorias en los préstamos bancarios, en servicios públicos como luz, telefonía e internet, en alquileres residenciales y comerciales.
En la mayoría de estos sectores, la propia industria ha propiciado diferimientos de pagos o descuentos.
En el caso de la banca, unas 25 entidades de la plaza, que representan más del 95% de la cartera de crédito local, están aplicando prórrogas automáticas de tres meses en los préstamos de consumo, es decir, de hipotecas, tarjetas de crédito, autos y préstamos personales.
Según la Asociación Bancaria de Panamá, esto representa un universo de 1.7 millones de préstamos por un total de $28,000 millones que son susceptibles de ser modificados.
En el caso de los préstamos comerciales, también han mostrado los bancos disposición a flexibilizar las condiciones, de acuerdo a las necesidades y al perfil de cada cliente.
Lo que propone la moratoria aprobada en la Asamblea, supondría suspender los pagos también de los créditos comerciales y de los prendarios.
La industria ve con recelo iniciativas generalizadas. “Soluciones únicas deben ser cuestionadas porque el llamado a la solidaridad se rompe”, dijo recientemente la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimeé Sentmat de Grimaldo, que recordó que es importante que quien esté en disposición de pagar sus obligaciones lo siga haciendo.
Con relación a los proyectos de ley en los que ha avanzando la Asamblea, Jean-Pierre Leignadier, vicepresidente de la Cámara de Comercio, dijo que lo más importante es que la sociedad tenga opciones para que haya mayor discusión en este tipo de propuestas.
“Es importante medir los impactos a corto, mediano y largo plazo. No se trata de cuestionar la facultad constitucional que tiene la Asamblea de legislar, pero es importante que se dé la discusión con los sectores que pueden ser impactados”.
Proyecto de ley 234
Tanto el regulador bancario como la industria mostraron su rechazo al proyecto de ley 234, aprobado ayer en segundo debate por el pleno de la Asamblea Nacional y que establece un programa de alivio financiero, para que, entre otras cosas, los bancos elaboren un mecanismo de inclusión financiera, acceso al crédito y alivio financiero, de consolidación de deuda, para facilitarles a los trabajadores una mejoría en su disponibilidad económica en relación a sus ingreso.La iniciativa, que consta de 23 artículos, hace cambios a los temas referentes a tarjetas de créditos y a los intereses de préstamos. El texto propone un tope máximo de 24% anual a las tasas de interés.
El superintendente de Bancos, Amauri Castillo, remitió una carta a la Asamblea en la que advierte de que esta disposición es contraria a la Ley Bancaria, que establece que los bancos podrán fijar libremente el monto de las tasas de interés.
Por su parte, la Asociación Bancaria de Panamá advierte del riesgo para la actividad bancaria por la fijación de las tasas de interés. “No existe banco o institución financiera que sea capaz de sobrevivir un ambiente de tasas de interés controlado”, señala el gremio.
Chapman y Leignadier abogan porque el país se enfoque en trazar una ruta hacia la reactivación económica bajo medidas de bioseguridad que garanticen la salud de los trabajadores y la sostenibilidad de sus puestos de trabajo.
Equipo de Presidencia evalúa los tres proyectos
En manos del equipo legal de la Presidencia de la República se encuentra el análisis de los proyectos de ley 281, 287 y 295, que establecen moratorias en créditos bancarios, agropecuarios y servicios básicos de luz e internet mientras dure el estado de emergencia decretado a raíz de la enfermedad Covid-19.
Este equipo legal está conformado por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchel, el exdiputado Juan Hernández y el abogado Celso Carrizo, entre otros, quienes tienen la tarea de analizar y presentar al presidente Laurentino Cortizo informes sobre los proyectos que aprueba el Órgano Legislativo.
En las últimas semanas los diputados -que el próximo 30 de abril, culminan el periodo de sesiones ordinarias y entran en un receso de dos meses-, cuestionan la demora del Ejecutivo en la sanción o veto de dichos proyectos de ley.
La Constitución Política del país señala en su artículo 169 que el Ejecutivo dispone de un plazo de 30 días hábiles para devolver con objeciones cualquier proyecto y, si no lo hiciese en el término indicado, no podrá dejar de sancionar y hacerlo promulgar.
El Ejecutivo todavía se encuentra dentro del periodo permitido.
