Panamá tiene un margen de tiempo relativamente estrecho para demostrar los cambios a los que se comprometió en el plan de acción consensuado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para reforzar los controles contra el blanqueo de capitales y salir de la lista gris, en la que el país fue incluido en junio de 2019.
“El país está en cuenta regresiva”, dijo ayer el superintendente de Bancos, Amauri Castillo, en su primer conversatorio con periodistas desde que asumió el cargo, y en el que comentó algunos de los principales lineamientos de su gestión.
El abogado es un buen conocedor de la de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), ya que ocupó la secretaría general entre 2001 y 2012. Salió de la entidad para establecer su propia firma de abogados, despacho del que se ha desvinculado para regresar al regulador bancario, ahora como superintendente.
“En este sistema financiero no queremos plata indeseada”, repitió en una conversación de un par de horas, en la que también dejó de manifiesto el “ interés genuino al más alto nivel del Ejecutivo” para recuperar el nombre de Panamá y cambiar lo que, a su juicio, es una “imagen distorsionada” del país.
Para empezar a demostrar ese compromiso con la transparencia es fundamental que el país salga de la lista gris, y los tiempos apremian para conseguirlo.
En febrero habrá una plenaria del GAFI en la que se presentarán los avances alcanzados hasta la fecha.
En mayo tendrá lugar una nueva reunión cara a cara con el grupo revisor, similar a la celebrada en enero en Trinidad y Tobago, en la que se presentó, entre otras acciones, la creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros; la aprobación de la ley que penaliza con cárcel el envío ilegal de remesas; y la ley que aprueba la creación de un registro de beneficiarios finales.
En septiembre habrá un nuevo cara a cara con el grupo revisor en el que “el país deberá demostrar que el plan de acción se ha cumplido a cabalidad”, comentó Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia de Bancos.
Si se cumple esta premisa, en la reunión plenaria de octubre se convocaría una visita in situ al país para comprobar los avances y, en un escenario positivo, la salida de la lista gris se produciría en la plenaria de febrero o en la de junio de 2021.
Por el contrario, si en la reunión plenaria de octubre de este año no se aprecia suficiente nivel de avance, no se celebraría la visita al país y todos los plazos para salir de la lista se postergarían.
El plan de acción trabaja en cuatro áreas de manera prioritaria: el mayor control de las estructuras de financiamiento del terrorismo, el envío ilegal de remesas, la supervisión sobre las estructuras jurídicas y el control sobre el lavado de activos, incluyendo la colaboración efectiva ante un requerimiento internacional.
Castillo dijo que uno de los focos principales del GAFI es la supervisión de las estructuras jurídicas, sector que está bajo el paraguas de actuación de la nueva Superintendencia de Sujetos No Financieros.
El presidente Laurentino Cortizo designó el 28 de enero al abogado Víctor Manuel Delgado como nuevo superintendente de Sujetos No Financieros y a Giankarlo Vásquez Ayarza como subintendente.
El Gobierno, además, deberá nombrar a los miembros de la junta directiva de la entidad, creada por la Ley 124 de 7 de enero de 2020.
Para Castillo, aunque las mayores preocupaciones del GAFI no están en la industria financiera, sí que sería uno de los sectores afectados por seguir siendo considerado un país con debilidad en la lucha contra el blanqueo de capitales.
La inclusión de Panamá en la lista gris del GAFI de junio de 2019 no tuvo impacto desde el punto de vista de la pérdida de corresponsalías bancarias, algo que sí sucedió en 2014. “Pero yo no puedo decir que eso no va a ocurrir si nosotros no salimos de una lista de esta naturaleza por incapacidad de hacer los deberes”, manifestó Castillo.
Para demostrar supervisión sobre las estructuras jurídicas, además de la creación del registro único de beneficiarios finales, “el país tiene que asegurar a la comunidad financiera internacional que cuenta con las instituciones y estructuras para dar seguimiento a todo el aparato societario y sobre la naturaleza financiera de las sociedades que se registren en Panamá. Que eso se supervisa, que tenemos la información y que estamos en la capacidad de cooperar en caso de una solicitud de otra jurisdicción”, dijo Villa.
Castillo es de la teoría de que para facilitar las inversiones se debe mantener una buena imagen y cumplir con los estándares.
“En la medida que nos comprometamos con cosas y las podamos llevar a cabo en tiempo oportuno, el mundo nos va a empezar a respetar y así lograremos recuperar la confianza”.
Cumpliendo esta estrategia, y sacando provecho de las ventajas competitivas que sigue teniendo Panamá, como el dólar o la ubicación estratégica, el centro bancario podría volver a ser atractivo para los grandes jugadores bancarios mundiales, esos que alguna vez estuvieron en la plaza.
ICBC, el banco más grande del mundo, llegará a Panamá
El superintendente de Bancos, Amauri Castillo, confirmó que el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), considerado el banco más grande del mundo, “se va a establecer en Panamá”. Desde el año pasado se conocía del interés del banco por abrir operaciones en Panamá y el regulador confirmó ayer que la Superintendencia ya está haciendo los trámites para la aprobación de su licencia bancaria. Se trataría de una licencia general, lo que le permitiría hacer negocios tanto en Panamá como en el exterior. Castillo apuntó que la entidad china “no viene a competir con los bancos tradicionales”, sino a ver los negocios grandes y aportará al sistema bancario “espalda financiera” para estructuras grandes de financiamiento.
