La disputa por un contrato de más de $6 millones detuvo el curso de la adjudicación de la encuesta más importante del país: el censo de 2020.
Se trata de un enorme proceso logístico que involucra la impresión de más de 2.5 millones de cuestionarios censales y que incluye la captura automática de billones de caracteres escritos en estos documentos.
Esta encuesta se convierte en un espejo del país. Los datos indican cuántos habitantes tiene Panamá, sus años de escolaridad, la densidad de las zonas geográficas y el acceso de los servicios básicos, por citar apenas unos cuantos indicadores vitales para determinar la aplicación de políticas de Estado, redirección del gasto y las inversiones futuras.
Cada 10 años se hace la recopilación científica de la información censal. Este ciclo se cumple en 2020, de allí que el censo estaba pactado para hacerse el 24 de mayo próximo.
La convocatoria para contratar a la empresa encargada de hacer las encuestas se hizo el 28 de marzo de 2019.
Lo ideal habría sido que la adjudicación fuese un hecho para el mes de agosto y que el consorcio a cargo estuviese armando en ese mes su sistema de trabajo.
La licitación para la impresión y suministro de materiales censales, los servicios logísticos y de procesamiento de los cuestionarios implica la impresión de 80 millones de páginas. Involucra además la compra de miles de materiales y capacitar a los encuestadores en la forma correcta de llenar la encuesta.
Pero la licitación ha resultado en un convulsionado proceso, con 11 reclamos hasta ahora. Se dieron dos informes y se convocaron dos comisiones evaluadoras, en las que se recomendaba la contratación de Polysistemas Corp. La adjudicación definitiva está lejos de confirmarse, ante lo que algunos involucrados considera como una “dilatación del proceso”.
El centro del conflicto
Las dos comisiones evaluadoras mantuvieron la misma línea, resultando Polysistemas con el mejor puntaje. Sin embargo, los argumentos de los reclamantes se han mantenido en el transcurso del proceso, y está vigente una impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
Tres grupos están inmersos en el proceso: Polysistemas, con más de 40 años en el mercado peruano; el consorcio PBS–Xerox, formado por Xerox de Chile y Productive Business Solutions, de Panamá, y, por último, el Consorcio Cenpa, integrado por la empresa costarricense GSI Internacional, el Consorcio STC -que expide las licencias de conducir en Panamá- y Active Software, con operaciones en Uruguay y Francia.
Cenpa fue el segundo en la puntuación, y aunque en algún momento presentó reclamos, no continúo con la estrategia.
PBS–Xerox sí se ha mantenido con sus reclamos. Y agotada la instancia ante la Dirección de Contrataciones Públicas, que le ha dado razón a Polysistemas, interpuso una impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
Básicamente alega que Polysistemas no cumple con la vigencia de la propuesta exigida.
De acuerdo con los documentos del proceso de licitación, Polysistemas aclara que aquello es falso, ya que así lo ha manifestado la comisión evaluadora en dos ocasiones respecto de la vigencia de la garantía bancaria de 180 días hábiles presentada, como ordenaba el pliego de condiciones.
PBS- Xerox, en tanto, considera que los evaluadores han incurrido en omisiones, ya que cuando señalan el incumplimiento de Polysistemas se basan en la información presentada en el formulario de la propuesta, en el que se indicó que la fianza bancaria era por 120 días.
La misma fianza, que es lo que ha considerado la comisión evaluadora, efectivamente habla de una vigencia de 180 días por parte de Banco General.
A juicio de PBS–Xerox, se trata de una incongruencia que no debió ser admitida. Pidió que se descarte la propuesta de Polysistemas y también la de Cenpa, el segundo en la puntuación. En este último caso, advirtieron irregularidades de apostillas.
Desde finales de octubre, Polysistemas alertó que tal impugnación tenía como fin seguir dilatando el proceso, “aprovechándose de la buena fe de las instituciones públicas y así cancelar el censo nacional”, con la consecuente cancelación de la licitación.
La empresa favorecida en el proceso señaló que PBS- Xerox espera lograr una nueva licitación, que le permita presentar una nueva propuesta, sin importar el daño que se le hace al país.
Considera que el recurso presentado por PBS–Xerox es “temerario, por lo que debe declararse infundado”.
El pasado jueves 5 de diciembre, la Contraloría General de la República, como entidad contratante, anunció la postergación del censo.
La entidad indicó que la medida resulta de la impugnación interpuesta por el consorcio PBS–Xerox a la licitación pública.
El recurso de impugnación fue presentado por la empresa el 23 de octubre de 2019 y admitido el 28 de octubre por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas; actualmente, se encuentra a la espera de fallo.
A juicio de algunos abogados, después de presentado el recurso, el tribunal tenía la responsabilidad de emitir su fallo en 10 días hábiles, al tratarse de reclamaciones vinculadas con asuntos estrictamente jurídicos.
El tribunal, por su lado, podría considerar que tiene hasta 60 días para emitir su juicio, una posibilidad que le permite la ley de contrataciones públicas, siempre y cuando se trate de un caso en el que haya que practicar pruebas.
Por ahora, el censo no tiene fecha definida. Ello será determinado luego de la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, y será coordinado por el próximo contralor general de la República, Gerardo Solís, que tomará posesión el 2 de enero de 2020.
