No haber hecho una revisión continua del comportamiento financiero del sistema exclusivamente de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), desde que se aprobó la Ley 51 de 2005, ha multiplicado los problemas exponencialmente.
Por 15 años no se cumplió con lo que dictamina la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), la cual establece que el IVM debe tener una reserva mínima de 2.25 veces del total de sus gastos anuales.
De haberse cumplido con lo que dictamina la ley, habría cerca de $4 mil millones adicionales en reservas para hacerle frente al enorme gasto en pensiones que debe asumir el subsistema exclusivamente de beneficio definido del IVM todos los años.
Así lo advirtió ayer Juan La Calle, uno de los representantes del sector privado, sentado en la mesa del diálogo de la CSS, desde donde se pretenden generar propuestas técnicas y sostenibles para hacerle frente a la crisis estructural del IVM.
Las reservas actuales del subsistema de beneficio definido y su fideicomiso se agotarán a inicios de 2024 o antes si no se encaran reformas, como ha manifestado la Junta Técnica Actuarial.
El problema financiero es enorme, y en medio de la discusión técnica también interviene la política.
Las propuestas que deriven del diálogo deberán pasar por una reforma a la ley de la CSS en la Asamblea Nacional, por lo que la posición de este órgano del Estado tiene un fuerte impacto.
La Calle está sentado en la mesa temática de IVM, específicamente en el grupo que evalúa la sostenibilidad de las futuras reformas.
En este sentido, mencionó que en la última reunión sostenida la semana pasada presentaron unas 12 consideraciones básicas que servirían de guía para empezar a discutir sobre futuras soluciones, antes de hablar siquiera de estructuras de nuevos ingresos y el control de gastos.
A su juicio, una de las consideraciones más importantes es reconocer que el IVM es insostenible.
De allí que sea tan importante el análisis y el acompañamiento técnico para analizar propuestas que realmente resuelvan el problema estructural, sin atajos como la búsqueda de ingresos fiscales que no cubrirían el pago de un mes de jubilaciones.
Para tener una idea, la CSS debe hacerle frente al pago de unos $200 millones mensuales en pensiones. Al cierre del año pasado se habrían pagado $2,010 millones a los jubilados.
Otra de las consideraciones, dijo La Calle, es contar con la participación de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), cuyos técnicos podrían servir de orientadores para la búsqueda de una solución a un tema tan complejo.
En esta petición, el sector privado está en sintonía con la solicitud hecha por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).
El grupo abandonó el diálogo, pero ha exigido que se convoque una mesa tripartita -trabajadores, empresarios y Gobierno- con la intermediación de la OIT, para discutir las reformas.
Ahora, con la intromisión de los políticos, la posición de Conato ha tomado fuerza. Ayer, luego de la reunión que sostuvo el pasado 15 de julio la junta directiva de la Asamblea Nacional con dirigentes de los distintos gremios de los trabajadores, el pleno aprobó una resolución para instar al Gobierno Nacional, a la junta directiva y a la administración de la Caja del Seguro Social (CSS) al replanteamiento del diálogo, “que se instaló en febrero pasado, y que se encuentra sin mayores avances”.
La resolución, que fue impulsada por el presidente de la Asamblea, el perredista Crispiano Adames, se aprobó con 45 votos, 3 abstenciones y 1 voto en contra.
En la resolución se pide expresamente que solo participen las organizaciones representativas de los trabajadores, los gremios que agrupan a los empleadores y el Gobierno.
Asimismo se pide que se constituyan en calidad de observadores las diferentes organizaciones sociales y políticas del país que han manifestado su postura para solventar un proceso de transformación y renovación del sistema de seguridad social.
En la mesa del diálogo están sentados, además de los trabajadores, empresarios y Gobierno, representantes de los partidos políticos, jubilados y gremios médicos. También participan representantes de los jóvenes, de las mujeres y el sector informal.
En mayo pasado, el Conato confirmó su salida del diálogo y el Partido Panameñista también decidió levantarse de la mesa.
Edison Broce, diputado independiente que está sentado en la mesa del diálogo, dijo a La Prensa que si una medida de este tipo “tiraría ocho meses de trabajo de metodología para complacer a un grupo. Destruir lo que hay de diálogo no favorece al país. Hay que sentar a todos los grupos, todos deben participar”.
Aclaró que la mesa del diálogo ya gestionó la participación de la OIT y nadie está en contra de que el organismo participe.
El centro del problema en el IVM
La estructura del subsistema de beneficio definido se basa en que la generación que aún trabaja y cotiza, y que forma parte del esquema, paga gran parte de las pensiones de los que ya están en edad de retiro.
Con una mayor expectativa de vida, cada año hay una población de pensionados que vive mucho más tiempo y recibe mucho más dinero del que aportó, mientras los cotizantes activos van disminuyendo. Esto ha provocado déficits que van en crecimiento y el uso de las reservas, próximas a extinguirse.
El director de la CSS, Enrique Lau, ha reconocido en sus participaciones en el diálogo, que un trabajador de 62 años de edad que gana $1,000 mensuales hace aportes que apenas cubren 8 años de su jubilación, por lo que termina recibiendo beneficios por 15 años más, considerando que vivirá hasta los 85 años.
Una mujer con un salario mensual base de $2,500 podría hacer aportes durante su vida productiva por $257,430 (incluyendo los réditos de las inversiones) y terminaría recibiendo $368,994 a lo largo de su ciclo como jubilada, lo que implicaría un subsidio de $111,564.
