El deterioro de las finanzas del subsistema exclusivo de beneficio definido de pensiones es más profundo de lo que advertían los números de 2018, revelados a finales de 2020.
Así lo alerta un reciente informe actuarial compartido a la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) y al Ministerio de Economía y Finanzas, justo cuando se ha convocado a un diálogo para evitar la quiebra del sistema público de pensiones.
La evaluación actuarial del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se entregó el pasado 4 de febrero de 2021, basada en la información de los estados financieros de 2019.
La conclusión más importante del informe – al que tuvo acceso este diario de forma parcial– es que las reservas del subsistema de beneficio definido y su fideicomiso se agotarían a inicios de 2024 si no se hace nada. Ello, considerando los escenarios más actualizados del impacto adverso generado por la pandemia.
Con esta conclusión se adelanta la fecha del agotamiento de las reservas, ya que se había proyectado que esto ocurriría en 2025.
El Impacto de los inactivos
La información financiera que la CSS entrega a la junta técnica actuarial para determinar de qué tamaño es el problema de insolvencia que enfrentará el IVM no incluye a los cotizantes que aparecen como inactivos.
La junta técnica actuarial analizó las bases de datos de cotizantes activos que corresponden a los años 2015 a 2019.
En esas bases de datos hay 832,015 individuos identificados por su cédula en el subsistema exclusivo de beneficio definido.
De esos individuos, hay 148,035 que no están en la base de datos de cotizantes 2019 y tampoco aparecen en las bases de datos de pensionados.
La junta técnica actuarial precisa que “esto nos demuestra que, con solamente usar un horizonte de 5 años, podemos ver que el universo de potenciales pensionados se expande en hasta 148,035 individuos o un 25%. Si incluyéramos cotizantes que estuvieron en bases de datos anteriores a 2015, este número será mayor (...)”.
Si en la década de los 2050 el grupo de inactivos llegara a activarse y eventualmente pensionarse por vejez o invalidez, esto le estaría generando egresos adicionales de hasta $1,000 millones anuales al total de egresos el subsistema exclusivo de beneficio definido por año.
Sin embargo, este temido fin de reservas se podría dar incluso antes de 2024, cuando se incorporen los beneficios latentes de los cotizantes inactivos, es decir, trabajadores que no están haciendo los desembolsos de la denominada cuota obrero-patronal en el año de análisis, aunque sí han hecho contribuciones para jubilarse. (ver: El Impacto de los inactivos)
El problema estructural del subsistema de beneficio definido del IVM es que cada año crece el número de personas a las que hay que pagarle pensiones, mientras que se va reduciendo el número de cotizantes.
Como los ingresos anuales de la cuota obrero-patronal de los cotizantes son limitados y no cubren los pagos de las pensiones de quienes ya están jubilados, entonces hay que echarle mano al fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá o a las reservas del programa.
Los actuarios de la junta técnica precisan que, con base en los cálculos operativos de 2020, y con la información que tienen disponible a la fecha, el déficit de 2020 sería de unos $823 millones.
Considerando los déficits entre 2018 y 2020, anticipan que en el transcurso de los próximos meses la administración de la CSS le estará solicitando al Banco Nacional de Panamá aproximadamente $1,100 millones del fideicomiso a favor del IVM.
En un año, es decir en 2022, se estarían solicitando otros $554.6 millones al fideicomiso, producto del déficit de 2021, con lo que se agota este fondo.
Se agudiza la crisis
A partir de 2023, sólo se recibirá el aporte anual que hace el Estado, más los intereses que el fideicomiso genere durante ese año.
La situación es delicada e impone una presión fiscal monumental para el país, que debe hacerle frente al pago de las pensiones de unos 290 mil jubilados, además de las miles de personas que están por retirarse y que tienen como único salvavidas su cheque de jubilación.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, reconoció en reciente conversación con este diario que los mayores desafíos que enfrenta el país es la falta de recursos del subsistema de beneficio definido del IVM y el creciente gasto corriente.
En medio de la crisis económica por la pandemia y la consecuente merma de los ingresos corrientes, será imposible que el Estado resuelva de forma unilateral el problema de la CSS.
De allí que se haya convocado a un diálogo para buscar las posibles soluciones, que en principio deben resolver el problema a largo plazo.
A diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, a partir de este momento no habrá margen para seguir dilatando la toma de decisiones. Cada minuto cuenta.
El informe de la junta técnica actuarial detalla que entre 2024 y 2029 el Estado tendría que aportar adicionalmente $6,458 millones para financiar los déficits anuales que se generan debido a la enorme diferencia entre los ingresos, el total de egresos y los aportes del Estado ya pactados en la Ley 51, de la CSS.
Por otro lado, para mantener el indicador de reservas contables por encima de 2.25 del gasto anual, se necesitan fondos adicionales, en concepto de capital semilla y aportes anuales.
Advertencia
El 18 de febrero se reunirán nuevamente los representantes de diferentes gremios convocados al diálogo.
Allí, se empezarán a conocer a fondo las salidas que se vislumbran en el seno de cada corriente.
Por ahora, la junta técnica actuarial advierte del enorme riesgo que correría el país si se consolida el subsistema exclusivo de beneficio definido y el sistema mixto, que incluye un componente de ahorro individual para cada cotizante.
Esto daría como resultado un desequilibrio mayor al existente, ya que en un momento se cuadruplicaría el déficit máximo por año de unos $3,000 millones a un déficit máximo por año de entre $12,000 y $13,000 millones.
Este impacto incremental en el déficit anual radica en que bajo las corridas de consolidación se generan déficits operativos anuales negativos para todos los cotizantes.
Las reservas bajo este escenario de suma de los componentes definidos de los subsistemas tendrían balance positivo hasta 2036. Y se agotan los fondos legales en 2041.
Vea Mañana: Propuestas para el equilibrio del sistema.
Esta nota fue modificada a las 9:00 a.m. de este lunes 15 de febrero de 2020. Se publicó: Considerando los déficits entre 2018 y 2020, anticipan que en el transcurso de los próximos meses la administración de la CSS le estará solicitando al Banco Nacional de Panamá aproximadamente $1,100 del fideicomiso a favor del IVM. Lo correcto es: Considerando los déficits entre 2018 y 2020, anticipan que en el transcurso de los próximos meses la administración de la CSS le estará solicitando al Banco Nacional de Panamá aproximadamente $1,100 millones del fideicomiso a favor del IVM.
