La pandemia del nuevo coronavirus habrá dejado a su paso por Panamá una de las mayores crisis económicas sufridas en la historia del país.
Las estimaciones de desempeño del producto interno bruto apuntan a contracciones de alrededor del 17%, con un fuerte impacto en el mercado laboral y una tasa de desempleo que se disparó hasta un 18.5%. Además, entre aquellos que conservan sus empleos, en muchos casos se han aplicado reducciones de jornada y de salario.
Como ha señalado en varias ocasiones el especialista en el mercado laboral René Quevedo, el impacto de la crisis lo ha absorbido en su totalidad el sector privado.
En el sector público, las cifras más recientes publicadas por la Contraloría General de la República reflejan un aumento en el gasto en salarios en el aparato estatal.
En concreto, entre enero y noviembre del año pasado, los sueldos brutos de los funcionarios sumaron $4,057.1 millones, un 6.5% más o $247.6 millones si se compara con los $3,809.5 millones del mismo periodo de 2019. Este gasto en salarios en once meses es superior al monto del contrato que firmó el Canal con Grupo Unidos por el Canal para construir el tercer juego de esclusas por $3 mil 118 millones.
Solamente en el mes de noviembre se pagaron en salarios $378.2 millones. De ese total, $241.2 millones fueron para funcionarios del Gobierno Central y $137 millones a funcionarios del sector descentralizado.
Desde el sector privado, gremios como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura han reclamado una mayor cuota de solidaridad de parte del sector público, por ejemplo, a través de la reducción de la jornada laboral, particularmente en instituciones que no se encuentren en el frente de batalla contra la pandemia. Ese ahorro se podría destinar a aumentar el apoyo hacia las personas que han perdido su ingreso en el sector privado.
En la Asamblea Nacional todavía reposa sin mayor avance el proyecto de ley 356, planteado por el Ejecutivo el pasado mes de julio, que establece un descuento a los salarios de determinados servidores públicos en beneficio del plan Panamá Solidario.
Al 30 de noviembre, la planilla estatal estaba integrada por 242,133 funcionarios, 1,337 más que un año antes. El reporte de la Contraloría incluye a 84 entidades públicas que conforman el gobierno central, las instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros, mientras que se excluye a la Autoridad del Canal de Panamá y a los municipios, entre otros.
Dentro del Gobierno Central aumentó el número de funcionarios en el Ministerio de Salud (1,390), el Ministerio de la Presidencia (320), el Ministerio de Educación (279), el Ministerio de Economía y Finanzas (144) y el Servicio de Protección Institucional (94), entre otras entidades.
Por su parte, en el sector descentralizado se produjo una reducción de 1,033 funcionarios entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020.
El economista Olmedo Estrada señaló que las contrataciones en el sector de salud, de médicos y enfermeras, son necesarias porque estamos ante una urgencia sanitaria que hay que atender, pero abogó por “hacer una revisión exhaustiva para mirar las contrataciones que no son prioritarias en este momento”.
Jorge Almengor, viceministro de Finanzas, comentó a este diario que en algunas empresas públicas, como Tocumen, S.A, se aplicaron suspensiones de contratos y reducciones de jornadas y que en algunas juntas directivas, como es el caso de la Autoridad Marítima de Panamá, no se están pagando dietas, aunque se celebren las reuniones.
Para el sector público como tal, comentó Almengor, el Ejecutivo planteó el proyecto de ley que se presentó en julio a la Asamblea, pero que no ha prosperado.
El viceministro explicó que la principal variable que incide en el aumento del gasto en planilla tiene que ver con las leyes especiales que establecen aumentos automáticos en sectores como salud, educación y seguridad, que tienen un peso importante en la planilla estatal. “Es algo que nos impactó en 2020 y lo hará este año y los siguientes. Es algo inevitable porque son compromisos legales”, adujo.
El año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas efectuó una reestructuración dinámica de presupuesto que supuso una contención de gasto de $1,500 millones en inversiones y $500 millones en funcionamiento.
Se congelaron unas 10,000 posiciones vacantes que este año ya desaparecieron del presupuesto.
Para este 2021 se está haciendo un ejercicio similar de reestructuración, para dar cabida en el presupuesto a $700 millones necesarios para atender la pandemia. De ese total, $211 millones se contendrían del presupuesto de gasto corriente y los $489 millones restantes de gasto de inversión.
En ese reajuste, dijo Almengor, se busca no afectar a entidades como el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social o el Instituto Conmemorativo Gorgas, ni tampoco a las entidades sociales ni a las universidades.
El aumento del gasto en planilla del Gobierno coincide con un desplome de los ingresos a consecuencia de la menor actividad privada luego de largos periodos de cierre. El resultado ha sido un fuerte desequilibrio en las cuentas públicas.
Para el economista Carlos Araúz, “ante el peor nivel de ingresos en reciente memoria se imponían acciones que restringieran el absurdo gasto sin atentar contra normas, leyes o bienestar general”.
Sin embargo, dijo Araúz, “ante la negación del Ejecutivo por controlar el gasto sólo quedaba el camino de la deuda para seguir dando rienda suelta a la ineficiencia ya característica del gobierno lento, obeso y opaco que hoy tenemos”.
La caída del ingreso y el aumento del gasto ha llevado al Gobierno a tener que utilizar deuda para pagar gasto operativo. “Ahora es cuando la deuda podría apoyar la estrategia y el plan de construir económicamente un país. Pero estamos limitados porque se optó por gastar sin reparo y viviremos las consecuencias por años venideros”, dijo Araúz.
Almengor señala que es “fundamental generar más ahorro corriente”, algo que pasa por hacer un uso eficiente de los recursos, teniendo en cuenta que los límites de déficit se van estrechando en los próximos años, según los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. “Vamos a necesitar un esfuerzo y más sacrificio por parte de las instituciones, tanto del Gobierno Central, como las entidades descentralizadas” en el objetivo de revertir la maltrecha situación de las finanzas públicas y lograr que los ingresos corrientes cubran los gastos corrientes, y así se pueda utilizar el endeudamiento para invertir.
