La fotografía del desempleo y la pérdida de bienestar económico es oscura, sombría, lúgubre. En algún momento, el optimista que todos llevamos dentro hizo pensar tanto analistas como a algunas autoridades que las terribles proyecciones a raíz de la pandemia se podrían revertir.
Pero el prolongado confinamiento y el levantamiento de la suspensión de actividades a cuenta gota, que ha liderado el Gobierno, ha hecho que las estimaciones de desocupados se sostengan a pocos meses de terminar el año.
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, reiteró que este año cerrará con una tasa de desempleo del 25%.
Esta cifra toma relevancia cuando se considera que el desempleo el año pasado terminó con una tasa del 7%.
Entonces, significa que a raíz del brote de la Covid-19 y la paralización de la economía por decretos ejecutivos, el país sumará a 385 mil nuevos desempleados a diciembre de 2020.
Esta enorme cantidad de personas, como había anticipado la Cámara de Comercio, se sumarían a los 146 mil desempleados ya existentes.
Es decir, que la cifra acumulada alcanzaría 531 mil trabajadores, de una población económicamente activa de unas 2.1 millones de personas.
La “pandemia económica”, como la ha catalogado el asesor empresarial René Quevedo, lleva al desempleo a los niveles más altos de la historia, lo que es el resultado de una ruptura del tejido empresarial y el cierre de empresas (Ver enfoque).
En este momento, hay más de 200 mil trabajadores en suspensión laboral y con un futuro incierto. Se desconoce cuántos han sido destituidos en medio de la pandemia o han logrado un acuerdo de terminación laboral con su empleador.
Oscar Lasso, miembro de la Unión Nacional de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), añade que los negocios más pequeños y las personas que allí trabajaban llevan la peor parte. Se trata de empresas que generan hasta 150 mil dólares al año, cuya insolvencia prevalecerá hasta 2021.
Ayer, los representantes de los gremios empresariales más importantes del país conversaron con el ministro de Comercio, Ramón Martínez, y con el titular de Salud, Luis Francisco Sucre, para insistir sobre la urgencia de hacer cambios en la programación de reapertura de actividades y terminar con la gradualidad que se ha impuesto.
Aldo Mangravita, presidente del Sindicato de Industriales (SIP), dijo a este diario que la respuesta por parte de las autoridades continúa siendo la misma: “que se evaluarán las solicitudes hechas por los empresarios”.
El problema, como apunta Mangravita, es que mientras no se permita una apertura generalizada de los sectores económicos, es imposible generar el clima de comercialización y de negocios necesario para que todo el engranaje funcione y así frenar la pérdida de empleos.
Un ejemplo clave es la industria agroalimentaria, que aunque está funcionando en un 80%, ha experimentado directamente la paralización de grandes aliados como los restaurantes, que solo han podido operar con el servicio a domicilio.
Por otro lado, explicó que en el caso hipotético de que mañana se decretara la apertura global de toda la economía, la reactivación será paulatina, ya que esta depende de la realidad de cada sector, en la situación en la que se encontraba antes de la pandemia y la dinamización del consumo.
Todo este proceso toma un tiempo que el Gobierno no está considerando, indicó el presidente del SIP.
Como muestra de esto, Mangravita recalcó justamente el devenir del sector de la construcción, que ayer inició su reapertura, aunque ello no significará que “veremos a los trabajadores operando ninguna maquinaria de forma inmediata”.
Para empezar, durante los próximos días lo que se verá son trabajos de limpieza en las obras que quedaron prácticamente abandonadas, además de la adecuación de baños, duchas y comedores.
Es importante recalcar que aunque el Gobierno decretó la reapertura de las obras, también determinó que la semana del 7 al 12 de septiembre sea utilizada para tareas de organización administrativas y operativas, y que las labores de construcción propiamente dichas se podrán activar a partir del lunes 14 de septiembre gradualmente, tal como quedó dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1036 de 4 de septiembre de 2020.
El 25 de agosto, después de cinco meses de cuarentena económica, el Órgano Ejecutivo anunció la eliminación de la movilidad por género y un plan de reactivación que, como ya es conocido, no fue inmediato.
Desde ayer empezó el plan de apertura de la construcción, el área económica Panamá Pacífico, Zona Libre de Colón, zonas francas, marinas privadas, pescas deportivas, sastrerías, zapaterías y lava autos.
Será el 14 de septiembre cuando terminen las restricciones de movilidad por género; el 21 de septiembre se permitirán actividades deportivas sin público; y será hasta el 28 de septiembre cuando se permitirá la apertura de los restaurantes, fondas y comercios al por menor para que reciban clientes de forma presencial.
“No entendemos por qué los centros comerciales y las tiendas no pueden abrir y lo volvimos a reiterar ayer. En un supermercado entran muchas más personas que a una tienda y los negocios que ya están preparados para atender al público de forma presencial”, dijo Mangrativa.
A raíz del inicio de labores en la construcción, el ministro de Salud manifestó su posición al respecto. Precisó que el país entraba en una fase crucial para seguir con el plan de reapertura gradual en medio de la pandemia de la Covid-19.
Pero, “si no nos cuidamos a partir de la fecha, las cifras comienzan a subir y se dañan los indicadores que tenemos, entonces no tenemos otra que aguantar el progreso de ese plan y posiblemente retroceder”, afirmó Sucre.
