La pandemia ha impactado significativamente al sistema bancario panameño. Al 17 de marzo de 2021 los créditos “modificados” (afectados por la pandemia y que no han podido cumplir con sus obligaciones), fueron $22,286 millones, y los créditos locales (al 28 de febrero de 2021) fueron $54,143 millones (41%, aproximadamente son créditos afectados por pandemia).
El contexto de la crisis presenta un importante volumen de contratos laborales aún suspendidos (unos 120,000) y que probablemente corresponda a empleos que ya no existen, además de una situación de “periodo de gracia” (mal llamada moratoria) en donde los créditos denominados “modificados” están pagando su deuda según sus posibilidades. Esta situación debería cambiar desde el 1 de julio 2021, cuando ambas dispensas terminen.
Para afrontar el escenario a partir del segundo semestre 2021 se requiere un amplio programa de reestructuración crediticio, con plazos más largos, cuotas más bajas y periodos de gracia inéditos. Ello requiere asumir grandes desafíos:
1) Por un lado, esfuerzo especial de las entidades bancarias en fortalecer su solvencia (capitalizarse). Lo suficiente para afrontar escenarios extremos. Antes de la pandemia el sistema bancario panameño mostraba un índice de solvencia cercano al 16% (el doble de lo mínimo establecido legalmente). Un excelente índice para situaciones normales, pero no para la pandemia.
2) Por otro lado, un esfuerzo de los deudores para reestructurar sus obligaciones de acuerdo con sus posibilidades. Es lógico que busquen los mayores plazos de gracia y de repago, pero deben ser conscientes que ello implicará mayor endeudamiento porque los intereses se acumulan y tarde o temprano se pagan.
3)Se requiere un esfuerzo regulatorio en exigir a los bancos un programa de capitalización bajo escenarios severos. Los fondos del sistema bancario corresponden en 89.4% a dinero de terceros, principalmente depositantes, por lo que el enfoque regulatorio debe centrarse en protegerlos a través de un sistema que muestre solvencia aún en situaciones extremas.
4) Establecer un marco legal frente a la terminación de la suspensión de contratos laborales y finalización de periodo de “moratoria”.
Resulta polémica la discusión sobre la continuidad o no del periodo de “moratoria”. Si continúa, endeuda más a las personas (los intereses se siguen acumulando), pero si termina, una eventual ejecución de garantías no resulta justa ni conveniente. En mi opinión, se requiere modificar la Ley de Insolvencia (Nº 12 de 2016) y ampliar su alcance a personas naturales, para permiti reestructurar créditos, y proteger legalmente a los deudores de eventuales ejecuciones de garantía. Actualmente solo protege a empresas o comerciantes. Es necesario modificar el marco legal para equilibrar la asimetría que hay en el poder de negociación entre bancos y personas naturales deudoras.
El autor es CEO en la calificadora de riesgo EB Ratings
