El Ejecutivo presentó en abril pasado ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley 598 que busca regular la actividad de cabotaje, es decir, el transporte de mercancías y personas a través de naves entre los puertos internos del país.
Este proyecto de ley, que consta de 74 artículos, se mantiene en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea para el primer debate, mientras el tema se ha comenzado a debatir a lo interno de algunos gremios como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y la Cámara Marítima de Panamá (CMP).
Como fundamento para promover esta iniciativa el Ejecutivo señala la necesidad de una legislación debido a que esta materia ha sido reglamentada durante años a través de decretos y resoluciones que han fijado los parámetros de navegación costera en Panamá.
Igualmente, menciona el aumento del tráfico marítimo y las nuevas regulaciones nacionales e internacionales que promueven una navegación segura y una protección eficiente del medio ambiente.
Durante un conversatorio sobre la estrategia logística en la CMP, Rodrigo Hernández, de la Asociación de Armadores Panameños defendió el proyecto de ley y aseguró que el mismo busca darle prioridad al empresario panameño para que tenga seguridad jurídica.
“El empresario armador panameño es muy capaz y puede cumplir con todas las reglas. Nuestra industria marítima nacional actualmente funciona, por algo somos el quinto hub mundial de bunker”, dijo Hernández. Afirmó que con esta ley de cabotaje “nadie de los que participa en el negocio se tiene que ir del país, porque la propuesta es inclusiva, no es exclusiva”.
Pese a que en Panamá es muy poco el servicio de cabotaje que se practica en las costas debido a la ausencia de puertos para estos fines, sí se desarrolla en algunas áreas como en las comunidades de las provincias de Bocas del Toro y Darién, además de las islas.
A nivel de la industria marítima, hay varias empresas que abastecen de combustible, a través de barcazas, a los barcos que transitan por el Canal o llegan a los puertos panameños. Igualmente hay empresas de las industrias marítimas auxiliares que suministran alimentos y agua a las embarcaciones en tránsito por el Canal, entre otros.
Durante la presentación de este proyecto de ley en la comisión de logística y marítima de la Apede, el exsecretario de la Autoridad Marítima de Panamá, Carlos Ernesto González de La Lastra reconoció que el proyecto de ley tiene muchos artículos importantes, pero recordó que en Panamá no hay puertos de cabotaje y el único servicio que ha existido con muchas deficiencias es el que se presta desde el Muelle Fiscal, cerca al mercado del Marisco, hacia los poblados de la provincia de Darién y algunas islas del Pacífico.
Para González De La Lastra, con este proyecto de ley “lo que se quiere es proteger a cuatro empresas que tienen barcazas de más de 30 años de estar operando y que se dedican al servicio de venta de combustible a los barcos, muchas de las cuales son causantes de los derrames de combustibles en la zona”.
Agregó que se intenta sacar de la competencia a empresas internacionales, pero dijo que el problema es más complejo que eso porque los barcos que pasan por Panamá son parte de alianzas y con esta ley se irían a otros países de la región a abastecerse de combustible.
Naves abandonadas
Como parte de este proyecto de ley se incluye una regulación para atender el tema de las naves abandonadas y las especies náufragas en las costas, las cuales representan un peligro para la seguridad de la navegación, la vida de las personas y para el medio ambiente marino-costero.
Se crea un Fondo de Especies Náufragas dirigido a sufragar los costos de custodia, mantenimiento, disposición, manejo de imprevistos, atención de emergencias, prevención de sucesos de contaminación y cualesquiera otros gastos relacionada con naves naufragadas.
También se impulsa la creación del Programa de Regularización y Titulación Masiva de Recintos Portuarios y de Bienes Inmuebles bajo administración y competencia de la Autoridad Marítima de Panamá, que actualmente se administran bajo un contrato de concesión.
Igualmente se propone regular la formación, evaluación y certificación técnica profesional de los trabajadores de las embarcaciones, muelles, atracaderos y puertos, en donde se realicen actividades de transporte de mercancía, así como también todas las actividades técnicas efectuadas dentro de la industria marítima auxiliar.
