Una de las principales palancas para empezar a dinamizar la economía, afectada por la pandemia del nuevo coronavirus, es la activación de la mayor cantidad de empresas posible para que, a su vez, aumenten los empleos activos. Para que esto suceda, el sector privado tiene que tener un horizonte claro de cuál va a ser el entorno operativo.
Así lo manifestaron ayer presidentes de varios gremios que participaron en la tercera y última jornada del primer foro empresarial Estrategias Público Privadas para la Reactivación Económica, organizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
“Debe existir confianza, a través del Gobierno, de que vamos a tener las condiciones para seguir operando”.
Jean Pierre Leignadier, Cámara de Comercio
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Jean Pierre Leignadier, dijo que para que haya una mayor reactivación de compañías “debe existir confianza, a través del gobierno, de que vamos a tener las condiciones para seguir operando”, entendiendo que hay riesgos como el repunte de gastos, pero también mitigantes como la capacidad del sistema de salud para enfrentar la situación, sostuvo el ejecutivo, para quien es importante que se transmita el mensaje “de que vamos a mantener las condiciones para seguir operando”.
La petición del sector empresarial se produce luego de los zigzagueantes mensajes que provienen de las autoridades sobre eventuales cierres de actividades y la implementación de nuevas restricciones de movilidad en caso de que aumenten los casos de coronavirus.
En un sentido similar, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, Ernesto Orillac, señaló que han solicitado la participación en una mesa interinstitucional con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para buscar formas de que las actividades turísticas permanezcan abiertas y evitar “que de la noche a la mañana se vayan a cerrar playas”. En el caso de un empresario que se haya endeudado para poder reabrir, la imposición de cierres o restricciones impactaría negativamente el movimiento de turistas y a su negocio.
“ Muchos empresarios que se han endeudado para poder abrir, al momento que haya un cierre o restricciones, tendrán un impacto negativo”.
Ernesto Orillac, Camtur
Presión laboral
Uno de los temas que abordaron los tres presidentes de gremios que participaron ayer en el foro tiene que ver con la lentitud del proceso de reactivación de la economía, que se traduce en una escasa reincorporación de personal.
Leignadier mostró que hasta el 12 de noviembre, de los 281 mil contratos suspendidos durante la crisis, se habían reactivado 88,464, es decir, un 31% del total, mientras que la tasa de desempleo podría cerrar el año entre un 20% y un 25%.
Las empresas están presionadas porque la Ley 157 de 2020, que establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por la Covid 19, solamente ampara la suspensión de contratos laborales hasta el 31 de diciembre de 2020.
“ Hay cierta presión, porque el próximo 31 de diciembre vence la Ley 157 y, en principio, tenemos que reactivar a todos los demás trabajadores, pero a muchos les es difícil porque no cuentan con ese flujo de caja necesario”.
Jorge Lara, Capac
Leignadier recordó que cuando el Gobierno anunció el cronograma de reapertura de actividades, el sector empresarial mostró recelos por lo espaciado de ese proceso, ya que se entendía que luego de un prolongado cierre, la reactivación se iba a producir en cualquier caso de una forma gradual. “El tiempo nos ha dado la razón”, sentenció.
Así, el prolongado cierre ha provocado un daño en el tejido empresarial y, en medio de una debilitada demanda, las empresas no tienen la capacidad de reincorporar a todo el personal suspendido, como se exigiría legalmente si no se toma ninguna medida antes del 31 de diciembre.
“Las empresas pueden activar los empleos en la medida que sus operaciones se lo permiten y pueden sostener sus empleos en la medida que la demanda del mercado y la actividad lo dicta”, dijo Leignadier.
Los empresarios prevén que no habrá capacidad para reincorporar a todos los trabajadores suspendidos en enero, “lo que nos lleva a evaluar una extensión del marco legal laboral más allá del 31 de diciembre de 2020”, dijo Leignadier, que reconoció que ya el sector privado está analizando alternativas, como conoce que están haciendo el Gobierno y otros sectores. “Al final, tenemos que ver qué es lo más esencial para el país, entendiendo que no todos vamos a conseguir los resultados que queremos a nivel de grupo, pero tenemos que pensar colectivamente”, dijo.
El presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Jorge Lara, dijo que, según las cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, de 32,000 contratos suspendidos en su sector, se han reactivado alrededor de 10,000. “Hay cierta presión, porque el próximo 31 de diciembre vence la Ley 157 y, en principio, tenemos que reactivar a todos los demás trabajadores, pero a muchos les es difícil porque no cuentan con ese flujo de caja necesario”, sostuvo.
En el turismo, uno de los sectores más afectados por la crisis, la situación es más delicada si cabe. Solamente se ha reactivado un 20% de los trabajadores y, según Orillac, para 2021 la expectativa es que el sector empiece a recuperarse, pero aún estará lejos de los niveles de actividad de 2019, que ya fue un año complicado, recuerda.
“Si no se buscan medidas, lo que va a hacer es golpear muy fuerte a las empresas. No hay ninguna forma que se pueda recontratar o traer al 100% de personal, porque no hay ingreso”, dijo Orillac, que recordó que el flujo de pasajeros es bajo y la ocupación hotelera es de 8% con un nivel mínimo de apertura de hoteles.
“Tenemos que buscar soluciones, formas de poder traer personal con medio tiempo o con porcentaje de salario”.
El escenario es complejo también para los trabajadores suspendidos, que acumulan meses sin laborar y cobrar. “Es una afectación a nivel de los empleados que tampoco es sostenible, porque todo el mundo necesita su ingreso”, dijo Orillac.
Si la empresa se viera obligada a reincorporar a todos los trabajadores, en muchos casos tendría que liquidarlos, pero, según Orillac, “las empresas no están en capacidad de poder liquidar”, lo que se podría traducir en una mayor destrucción del tejido empresarial.
