Los máximos responsables de los principales gremios empresariales del país mostraron su desacuerdo con el nuevo cronograma de reapertura de actividades económicas anunciado por el Gobierno de Panamá el pasado martes 25 de agosto.
El evento virtual Café con La Prensa reunió a los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra; de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Jean-Pierre Leignadier; de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Elisa Suárez; de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Jorge Lara; y del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Aldo Mangravita.
El Gobierno presentó un calendario de reapertura de actividades y mayor flexibilización en la movilidad de los ciudadanos que comienza el próximo 7 de septiembre y se extiende hasta el 12 de octubre. No obstante, un bueno número de actividades, como por ejemplo las educativas, quedarían sin fecha para la reactivación.
Aunque valoraron que las autoridades hayan acogido algunas de las recomendaciones planteadas, los representantes del sector privado también manifestaron su frustración porque muchas de las propuestas no son recibidas y por las trabas en el proceso de reapertura.
De La Lastra adelantó que propondrán una reconsideración al Gobierno y se planteará un cronograma que considere “la debacle que vemos venir inmediatamente a nivel económico y social”. El presidente del Conep dijo que se debe palpar el sentido de urgencia por la gravedad de la situación económica. “Extender el periodo de reapertura al mes de octubre no es positivo para nada. En las mesas donde participamos nunca hemos propuesto tal iniciativa o tal cronograma”, aclaró.
La pandemia del nuevo coronavirus ha generado una crisis sanitaria, pero también económica. Se calcula que la economía se contraerá entre un 8% y un 10% este año; mientras que el desempleo podría pasar del 7% al 20%, con lo que podría superar las 400,000 personas desempleadas, comentó De La Lastra, que adelantó que un 40% de las empresas no reabrirán o lo harán muy lentamente.
En ese sentido, Jean-Pierre Leignadier mostró que en una encuesta efectuada por la Cámara de Comercio entre unas 300 empresas, más del 65% dijo que están cerradas u operando parcialmente; 90% reporta una disminución en ventas a partir de la pandemia; 45% estima una reducción de personal en los próximos cuatro meses; y 60% espera condiciones negativas después de la pandemia.
“En la medida que se ha extendido el cierre de las actividades, peor va a ser el impacto económico cuando se dé la apertura. Ya no necesitamos un cronograma de apertura porque obligatoriamente la apertura de las actividades va a ser gradual porque las empresas no están en capacidad de abrir inmediatamente”, dijo.
En esta fase de reactivación, las empresas requieren un sector público facilitador y que no imponga trabas burocráticas ni apruebe leyes que minen la productividad del país. En ese sentido, la presidenta de la Apede enfatizó la importancia de reducir los niveles de burocracia y de hacer una transición hacia la digitalización de procesos con sentido. “La digitalización es un gran paso al que nos ha llevado la pandemia... Lo que no podemos hacer es digitalizar lo que no sirve, mantener sistemas para registrar un comité de salud o contratos suspendidos en páginas que se caen, que no están a la altura de las necesidades. Tenemos que estar metidos de cabeza en el perfeccionamiento de esa burocracia”, apuntó.
Suárez también se refirió a una serie de proyectos de ley que están en la Asamblea y que limitarían la capacidad productiva del país. Se refirió, por ejemplo, a una propuesta para controlar las tasas de interés que pueden cobrar los bancos, ya que esto podría limitar la capacidad de los bancos de prestar, algo necesario en la reactivación.
Para apoyar la concesión de créditos, los empresarios también propusieron la creación de un programa de garantías estatales, iniciativa que debería venir con el aval del Ejecutivo.
Al Gobierno, además, se le pidió más empatía con la situación que atraviesa el sector productivo. “Las empresas y la ciudadanía han sacrificado tanto y no vemos lo mismo en el Gobierno”, dijo Leignadier, en referencia a un presupuesto general del Estado para 2021 que crece un 3.3% respecto al de 2020, con un incremento de $202 millones en servicios personales, mientras los ingresos son limitados como consecuencia de la pandemia.
Si las actividades que abrirán en las próximas semanas enfrentarán retos, también los han debido pasar los sectores que se han mantenido operando en medio de la pandemia.
Este es el caso de la industria agroalimentaria. El presidente del SIP, Aldo Mangravita, habló de las dificultades que generan los cercos sanitarios en la cadena agroalimentaria, obstaculizando el movimiento de personas y mercancías “sin una razón científica que lo avale” y causando demora y frustración. “Las restricciones de movilidad se tienen que acabar. No podemos seguir con estas inspecciones antojadizas que detienen la economía”, manifestó Mangravita, representante de un sector que emplea a 140,000 personas.
Otra de las actividades que más empleo genera en el país y que sufrió una paralización completa fue la construcción, un sector que aporta el 17% del producto interno bruto, según el presidente de la Capac, Jorge Lara.
Lara dijo que todo el sector privado entendió el llamado de quedarse en casa durante los primeros meses, pero a partir del primero de junio empezó una “cuarentena económica y no sanitaria”, puesto que muchas personas salían a la calle a buscar sustento en el sector informal. “En esto basábamos la petición de reapertura, porque nuestros trabajadores estaban en la calle”, ya que se habían acabado los alivios económicos pactados con la industria.
Como el resto de los panelistas, Lara aseguró que las empresas están preparadas para retomar la actividad, ya que desde hace meses se dictaron resoluciones por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Salud y se adoptaron los protocolos.
No obstante, lamentó que cuando se han reactivado algunos proyectos, como ha sucedido en las últimas semanas, las autoridades han exigido nuevos requisitos.
Lara recordó que cuando se produjo en 2018 una huelga por la negociación colectiva se tardó entre uno y dos meses en recuperar el nivel de actividad. Ahora tras cinco meses detenidos, el atraso será más importante. “Vamos a tener un retorno lento y a duplicar ese tiempo para poder llegar a una etapa productiva verdadera”, dijo Lara.
En parte, porque las obras hay que adecuarlas, y la incorporación de los trabajadores será paulatina, algo que no sucedió tras la huelga de 2018, cuando todos los trabajadores se reincorporaron de una vez.
Centros comerciales dicen estar ‘desconcertados’
La Asociación Panameña de Centros Comerciales manifestó su desconcierto luego de conocer las fechas de apertura de las actividades económicas. Hasta el momento, solo se permite la venta online y el retiro en el local. El sector esperaba que el comercio presencial se permitiera a partir del 7 de septiembre, pero esto no sucederá hasta el día 28 del mismo mes. El gremio recordó que las ventas digitales no son suficientes para reactivar nuevos puestos de trabajo y hace “insostenible la supervivencia de muchos comercios, que han optado por cerrar”.
La Asociación Panameña de Centros Comerciales manifestó su desconcierto luego de conocer las fechas de apertura de las actividades económicas. Hasta el momento, solo se permite la venta online y el retiro en el local. El sector esperaba que el comercio presencial se permitiera a partir del 7 de septiembre, pero esto no sucederá hasta el día 28 del mismo mes. El gremio recordó que las ventas digitales no son suficientes para reactivar nuevos puestos de trabajo y hace “insostenible la supervivencia de muchos comercios, que han optado por cerrar”.
