José Ramón Icaza fue electo ayer presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura para el periodo 2021-2022.
Icaza es actualmente vicepresidente del gremio y gerente general de Proyectos Mar Azul, compañía especializada en gerencia de proyectos e inspección de obras, con presencia en Panamá y Colombia.
Icaza, que fue el único candidato a presidente, tomará el relevo de Jean-Pierre Leignadier.
Ingeniero civil con MBA, Maestría en Administración de Proyectos de Construcción y Finanzas, asumirá la presidencia de uno de los gremios empresariales más importantes del país en medio de la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia del nuevo coronavirus.
“Nos encontramos en la crisis económica más importante de la historia de nuestra República”, una crisis que ha provocado una contracción de la economía de 17.9%, superior al 13.4% de 1988, en plena crisis previa a la invasión de Estados Unidos.
En estas circunstancias, abogó por un sector privado unificado y por eso señala que una de las primeras acciones de la nueva junta directiva será sostener reuniones con todas las cámaras de comercio del país y otros gremios empresariales.
Luego de haber sufrido un fortísimo impacto en 2020, buena parte de la actividad inició 2021 con cierres y restricciones que se fueron flexibilizando con el paso de las semanas y generando, junto al avance de proceso de vacunación, esperanza de cierto nivel de recuperación. Esto, apoyado por las proyecciones de organismos locales e internacionales, que en algunos casos prevén repuntes de hasta 9.9% para 2021.
No obstante, existe la amenaza de la variante brasileña del virus, cuya presencia ya se ha confirmado en el país.
Ante esta coyuntura, Icaza es firme al plantear que tras haber sufrido uno de los confinamientos más prolongados de América Latina y del mundo en 2020, “las empresas no aguantan un cierre más”.
Dijo si bien en el pasado reciente se han adoptado restricciones para algunos sectores y permitido la actividad para actividades llamadas esenciales, “hoy en día todo es esencial, porque todos dependemos de esa reactivación de los puestos de trabajo y cada vez que se decretan cierres afectan a la reactivación de empleos”.
El empresario señaló que cualquier estrategia de reactivación y de sostenibilidad en la apertura depende del plan de vacunación. Dijo que en la medida de lo posible este proceso se debe acelerar y que se debe tener claridad sobre la llegada de más vacunas al país, además de las ya despachadas por Pfizer.
“Tenemos que ser más proactivos y si ya otros países de estándar sanitario más alto han aprobado el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, Panamá tiene que moverse en esa dirección porque la vacuna ha tenido muy buenos resultados en otros países y se podría ayudar a acelerar el proceso”.
Icaza dijo que si bien el Gobierno ha mencionado algunas iniciativas encaminadas a la recuperación económica, “todavía no conocemos cómo se conjugan en un plan de reactivación económica, cómo se integran entre ellas y cuál es el impacto que buscan. Al no tener suficiente información sobre cómo se articulan las iniciativas y cuáles son los resultados que se esperan, es por ello que hemos sido enfáticos en decir que no vemos que exista un plan de reactivación económica”.
Ante este escenario, la Cámara y otros gremios empresariales en torno al Consejo Nacional de la Empresa Privada trabajan en un plan de reactivación económica, que será presentado al Gobierno y al país próximamente. “A falta de conocer un plan de reactivación económica por parte del Gobierno, queremos poner este documento encima de la mesa y que sea ampliamente discutido”.
Finanzas públicas
Una de las consecuencias más palpables de la crisis económica ha sido el deterioro de las finanzas públicas, con un déficit fiscal -un desfase entre ingresos y gastos- que llegó a 10.1% del producto interno bruto (PIB) en 2020.
Al respecto, Icaza dijo que parte del gasto adicional se ha destinado a atender la emergencia sanitaria y reconoció el trabajo de los profesionales de la salud, pero también señaló que la planilla estatal representa una parte importante del gasto y que nunca se vio una iniciativa del Gobierno similar a la adoptada en la empresa privada de reducción de jornadas y salarios.
Como resultado, “se endeudó al país para pagar gastos de funcionamiento”.
En concreto, la relación entre la deuda y el PIB aumentó en 23 puntos en 2020 porcentuales y se acerca al 70%. “Tenemos que ser cuidadosos con el nivel de endeudamiento del país en relación al PIB. Tenemos que garantizar el crecimiento en el año 2021”. Este es otro motivo por el que “es importante mantener la economía abierta”.
El deterioro de la economía y de las finanzas públicas se tradujo en la rebaja del rating soberano por parte de las tres grandes agencias de calificación de riesgo.
En el caso de Fitch Ratings, un nuevo descenso supondría la pérdida del grado de inversión. Esto “sería muy riesgoso para el país” y provocaría un aumento en el costo de la deuda tanto para el soberano como para las empresas. Además habría inversionistas que tendrían que salir de sus posiciones porque, por política, solamente invierten en países con grado de inversión. Por lo tanto, “perderíamos inversión extranjera directa que tanto necesita”.
