El impacto de la pandemia de la Covid-19 en el mercado laboral panameño se ha sentido con fuerza, y se refleja en la suspensión de más de 77 mil contratos de trabajo solicitados por diversas empresas, además de la aplicación de medidas de reducción de la jornada laboral que implica una disminución del salario, el adelanto de vacaciones y la inevitable terminación de la relación laboral en algunos casos más críticos.
Aún así, se espera que todas los cambios que puedan resultar adversos y desmejoren los ingresos de los trabajadores sean temporales, sin descartar que las relaciones laborales den un giro permanente a raíz de la Covid-19.
Los escenarios tanto para las empresas como para los trabajadores, en el corto y mediano plazo, fueron analizados por el experto en derecho laboral Juan Gabriel González, socio del bufete AFRA y presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) durante 2016-2017, en el foro Café con La Prensa, titulado: Medidas o alternativas laborales ante una situación de emergencia nacional.
En el marco de la pandemia, González menciona que el Gobierno hizo uso de varios instrumentos legales existentes y promulgó 11 decretos que permitieron a las empresas abordar la emergencia, tanto para sus operaciones como para negociar y tomar decisiones en materia laboral.
Al suspenderse las actividades comerciales, hoteleras, de la construcción y otras industrias como las aeronáuticas, muchas empresas tuvieron que cerrar sus operaciones temporalmente o limitarse al teletrabajo para continuar ciertas actividades de modo virtual. Ello, evidentemente marca un ciclo de duras decisiones, como la suspensión de los contratos, con lo cual el trabajador no recibe su salario y tampoco está obligado a prestar sus servicios.
En este escenario, el experto reconoce que en muchos casos, los trabajadores y sindicatos han sido consecuentes con la situación y han comprendido que parte de las operaciones de las empresas han tenido que suspenderse, y por ende los contratos de trabajo.
González explicó que el Decreto Ejecutivo No 81 de 20 de marzo de 2020, que reglamenta las suspensiones de los contratos de trabajo, dispone que si una empresa solicita la medida y no hay una respuesta al tercer día por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, se entiende que la petición fue aprobada.
“Si hay una empresa que expresamente está obligada a cerrar, no hay duda que se le concederá la autorización para la suspensión de los contratos. También hay casos de empresas cuyos clientes están cerrados y no tienen actividad, es factible que también puedan suspender sus contratos laborales”.
La suspensión de esos contratos tiene vigencia por un mes y puede ser prorrogada hasta 4 veces, es decir, por 4 meses, debido a la emergencia nacional, aclaró el experto.
Una nueva realidad
Juan Gabriel González, precisa que el reto en el mercado laboral será cómo abordar la nueva realidad a la que se enfrentarán los empleadores y trabajadores en un contexto de recesión económica y con el temor de rebrotes del virus.
“La salud es una prioridad y el levantamiento de la cuarentena está supeditado a eso, lo que se quiere evitar es que se genere un rebrote como ocurrió en Japón o Singapur, para luego establecer una cuarentena más severa”.
Bajo esta premisa, González cree que las empresas deben ser creativas y buscar nuevas alternativas para operar.
“Es posible que en cuatro o cinco meses, las empresas no estén listas para abrir del todo. Algunas van a tener que pedir la extensión de las suspensiones de los contratos laborales, y otras convenir con los sindicatos y trabajadores la reducción de las jornadas de trabajo”.
El experto laboral señala que pretender que se regrese a la normalidad que se tenía en febrero es irreal.
“Hay industrias que pueden volver a operar, pero al reabrir se puede tener una situación más compleja (...). La ministra de Salud fue enfática al indicar que puede que en un par de semanas mejore la situación, pero no se va anteponer la salud sobre lo económico”, apuntó. Dijo que no podemos ignorar que uno de los impactos será la terminación de algunos puestos de trabajo. “Será el momento de ser más creativos. Esto nos obligará a hacer ajustes e innovar, no vamos a tener el mundo que teníamos en febrero, es probable que todos tengamos que usar mascarillas, que haya menos gente en las oficinas, que se fijen límites de horarios, que no se pueda ingresar mucha gente a los establecimientos comerciales”. “Obviamente despedir personal es una medida pero no es la única, hay que buscar alternativas. Las tendencias van a llevar a que las empresas tengan menos espacio para operar y por lo tanto reducir el tamaño de las oficinas, aprovechar el teletrabajo y establecer nuevos horarios y jornadas”, sentenció. Por otro lado, recordó que cuando surja la necesidad de reducir la jornada laboral, se debe llegar a acuerdos con los trabajadores, puesto que esto significa una disminución del salario.
Aclaró que la emergencia nacional decretada por el Gabinete por la Covid-19 no es una causal de despido justificada.
Ante la falta de actividad comercial, habrá empresas que adopten medidas mixtas, como acogerse a la suspensión de contratos de trabajo, establecer jornadas bajo la modalidad del teletrabajo o terminar la relación laboral, con el debido pago de todas las prestaciones. Hizo énfasis en que en este tiempo se imponen acuerdos laborales, de negociación y solidaridad entre la empresa y los trabajadores.
