El secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Dani Kuzniecky, dijo que el tema de la inclusión de Panamá en listas discriminatorias, “estamos pagando el precio de no haber sido efectivos”, adelantó que si no hay avances “el gran perdedor pudiera terminar siendo el propio país” y advirtió de que “estamos atravesando una coyuntura muy crítica y el país debe decidir el rumbo que desea tomar”.
Así lo manifestó en la jornada de clausura del XXV Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, celebrado de manera virtual.
Kuzniecky explicó las novedades que se están incorporando en el proyecto de ley 624, presentado a la Asamblea el pasado mes de abril, que modifica varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales.
Dijo que lo que persigue esta ley es elevar los niveles de efectividad del sistema de prevención, que es precisamente el principal motivo de la permanencia de Panamá en las listas.
Kuzniecky enumeró los avances logrados por Panamá para reforzar el marco legal en los últimos años, pero también reconoció que “aún existen fallas en la legislación que inciden en la falta de efectividad”. Dijo que el interés no es introducir modificaciones “de forma caprichosa”, sino asegurar que la norma permita cumplir los propósitos establecidos en los estándares internacionales.
Puso como ejemplo que existe una ley vigente que obliga a las entidades offhsore a brindar información contable a través del agente residente, pero también permite que el agente renuncie si no consigue la información “sin ninguna consecuencia mayor. El resultado final es que no se logra obtener la información y no se cumple con el requerimiento”, sostuvo.
En el proyecto de ley 624 se fortalece la obligación de mantener registros contables. “El cambio fundamental consiste en asegurar que los registros contables están en las oficinas del agente residente en Panamá en todo momento”, adelantó.
El funcionario dijo que los registros contables son la base para la determinación de delitos de evasión fiscal, considerados precedentes de blanqueo de capitales.
Uno de los aspectos del proyecto que ha causado más polémica es el aumento de las multas, que pasarían de un máximo de $1 millón a un tope de $5 millones. Al respecto, Kuzniecky dijo que no se pretende dejar a ningún sujeto financiero o no financiero fuera del negocio por aplicar sanciones muy altas, pero sí desincentivar a quienes se rehúsan a cumplir con la diligencia debida en detrimento de quienes sí cumplen. “Justos pagan por pecadores y el resultado final es incumplimiento y falta de efectividad”, sostuvo.
Panamá regresó en junio de 2019 a la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y también aparece en listas de la Unión Europea de países con deficiencias en el blanqueo de capitales y de territorios no cooperadores a efectos fiscales.
Para salir de la lista gris del GAFI el país se comprometió con la ejecución de un plan de acción, cuyos plazos ya expiraron. En la última revisión, del mes de junio, el organismo internacional instó a Panamá a adoptar medidas urgentes para abordar las deficiencias.
El embajador de la Unión Europea en Panamá, Chris Hoornaert, que también participó en el congreso, dijo que el plan de acción está sujeto a un calendario. Dijo que hay una presión de tiempo y que otros países están compitiendo por captar inversión extranjera directa en estos momentos.
“La legislación, incluidas sus normas de aplicación, son esenciales. Deben tener como objetivo la prevención y deben ser eficaces. De ahí la importancia de las sanciones y de un sistema sancionador que funcione”, dijo el embajador justo antes de mencionar la existencia de “propuestas importantes” en la Asamblea. “Más allá de finalizar la legislación pendiente, la aplicación es otra de las claves del éxito”, dijo.
