A cuenta gota se van conociendo los detalles de lo pactado por el Gobierno y la empresa First Quantum a través de su filial Minera Panamá para continuar con la extracción de cobre y otros minerales en el proyecto Cobre Panamá.
Finalizada la fase de negociación de la renegociación del contrato que rige la concesión minera, tal como lo anunciara el presidente Laurentino Cortizo, comenzará la redacción del contenido del contrato y se realizará una consulta pública. Cumplido estos pasos, el documento debe ser aprobado por el Consejo de Gabinete; por los diputados de la Asamblea Nacional y finalmente debe ser refrendado por la Contraloría General de la República.
El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez, dijo que este proceso podría tomar unos dos meses.
Martínez y el propio Cortizo han hecho énfasis en que este es un nuevo contrato y que el mismo no está relacionado con el de 1997, el cual fue declarado inconstitucional luego de un fallo de 2018 de la Corte Suprema de Justicia. Pero se sabe que ese contrato fue la base de todo.
Consultado sobre la duración del nuevo contrato, el ministro del MICI, señaló que se negoció una vigencia de 20 años, y explicó que “ los concesionarios en general tienen el derecho de solicitar una prórroga por el mismo periodo”.
Extracción. Minería a cielo abierto
360 mil
Toneladas de cobre es la producción estimada del proyecto Cobre Panamá para 2022.
$450
Millones proyecta invertir First Quantum para aumentar la capacidad de la mina ubicada en Donoso.
$59.8
Millones es el monto de las regalías que ha pagado First Quantum por la extracción de cobre desde finales de 2019 hasta el tercer trimestre de 2021.
Bajo estos términos, la empresa First Quantum seguirá con una concesión de 13 mil hectáreas hasta el año 2062, al poder solicitar una prórroga automática de 20 años.
A inicio de 2021 la empresa canadiense informó que nuevos estudios realizados dentro de la concesión revelaron que la vida útil del proyecto podría alcanzar los 70 años, luego que se detectaran tres tajos adicionales (depósitos de cobre) a los identificados en los estudios de factibilidad.
Esta semana la empresa actualizó sus proyecciones de producción para los próximos años y adelantó que en 2023 alcanzará una producción de 100 millones de toneladas, cifra que le permitiría en 2024 una producción de 400 mil toneladas de cobre y unas 150 mil onzas de oro.
Martínez indicó que las regalías continuarán pagándose cada 3 meses y explicó que el pago mínimo de 375 millones de dólares que la empresa realizará al año está compuesto por el pago de regalías, del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de otros tributos que actualmente no se aplican, como el impuesto por el pago de intereses y utilidades.
También se eliminó la exoneración del impuesto por la prestación de servicios en el extranjero, pero se mantuvo el no pago del impuesto de transferencia de bienes y por la importación de maquinaria.
El funcionario comentó que “los ingresos que va a recibir el Estado, es por aplicar el esquema económico fiscal a todos los ingresos provenientes de todos los minerales, ya sea de oro, plata, cobre o molibdeno”.
Es decir, que a las ganancias que reciba la mina por la venta de todos los minerales se le aplicará el 12% o 16%, una vez se descuenten los costos de producción como planilla, compra de equipos, entre otros. Actualmente, se aplica el 2% de regalías a las ventas brutas del cobre, oro y plata.
Inconstitucionalidad
Ayer, unas 35 organizaciones organizaciones ambientales, científicas, movimientos sociales, gremiales, de derechos humanos y de base comunitaria, emitieron un comunicado en el que califican de inconstitucionalidad el acuerdo entre Minera Panamá y el Gobierno.
Las agrupaciones señalan que el Gobierno debió llamar a una licitación luego del falló de inconstitucionalidad de 2018, y agregan que los acuerdos ambientales y laborales que se pactaron con Minera Panamá solo obligan a la compañía a cumplir con normas ya vigentes que son aplicadas a todos los actores económicos del país.
“El nuevo contrato continúa desconociendo por completo la inmensa riqueza natural y cultural que se sigue destruyendo en un área protegida clave para la conectividad de la biodiversidad en toda la región, donde acumula 295 incidentes ambientales en los últimos tres años según los propios reportes de la empresa”, indican las organizaciones agrupada en el movimiento ‘Panamá Vale Más Sin Minería’.
